Sanidad estudia licitar también la gestión de los servicios públicos
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, adelanta que el Consell estudia “otras fórmulas” de cesión
Lorena Ortega / Neus Caballer Valencia / Castellón 24 AGO 2012 - 23:15 CET4
El nuevo modelo sanitario basado en la colaboración público-privada —que entrará en marcha a principios de año para “cumplir” con lo establecido en el Plan de Reequilibrio Presupuestario— podría abarcar la privatización de la gestión de los servicios públicos. “Además del proceso de licitación, que es la colaboración pública-privada, estamos estudiando otras fórmulas de licitación, como puede ser la gestión de los servicios públicos”, adelantó ayer el vicepresidente del Consell, José Ciscar, al término del pleno del gobierno celebrado en Morella.
El nuevo contrato de “colaboración público-privada” tiene dos ramificaciones: la licitación de la gestión de la logística y suministros; la y de la prestación de servicios públicos, que es a la que se refirió ayer Ciscar de forma encriptada. Pese a la insistencia de las preguntas, el vicepresidente del Consell fue parco en respuestas respecto al nuevo modelo sanitario. “El proceso de elaboración del nuevo modelo está siendo complejo”, reconoció Ciscar, que solamente aclaró que “no se descarta que total o parcialmente pueda haber algún otro tipo de licitación”, sin dar más pistas.
La presión de las empresas que quieren concurrir a los diferentes lotes, así como el precio del canon de 780 millones por la explotación de los servicios durante cuatro años, hace que la Generalitat se vea forzada a tener que hacer más atractiva la oferta.
No obstante, fuentes del Consell niegan que “se vaya a extender el modelo Alzira (que gestiona ya cinco departamentos de salud) a los otros 18 que gestiona la Administración. En absoluto”. Y rechazan “categóricamente” que el personal estatutario de Sanidad sea transferido a las empresas privadas.
La fórmula elegida para la creación del hospital de Alzira, que abrió en 1999, fue la más radical, incluso que el modelo británico de Private Finance Initiativa (PFI). La Generalitat, en lugar de encargar a una empresa la construcción de un hospital y su mantenimiento por un periodo medio de 30 años, optó por ceder al conglomerado empresarial que lo gestiona todo, menos la titularidad. Esto es, la construcción, el mantenimiento, el equipamiento, el personal sanitario y el no sanitario del hospital. “Este modelo no se va a extender”, confirma el Consell.
En el Gobierno valenciano reconocen que, en este momento, no quieren ni pueden dar más detalles sobre el documento final del nuevo modelo sanitario de colaboración público-privada. “Todavía estamos ultimando el modelo. No podemos concretar más detalles hasta que se presente”, afirman las fuentes consultadas.
El vicepresidente del Consell, José Ciscar, se limitó a explicar en la rueda de prensa posterior al pleno que la Generalitat “lleva todo el mes de agosto trabajando en la letra pequeña del nuevo modelo”, que espera que pueda presentarse “de forma definitiva a lo largo del mes de septiembre”.
Más agitado se vivió el debate en la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas. Esquerra Unida (EU) considera que “la derecha está utilizando la crisis como excusa para cargarse los servicios públicos y hacer de la Sanidad un negocio privado”.
A esta conclusión llegó la diputada de EU Marina Albiol después de que el PP se negara a tramitar la solicitud de EU para que se convocara un pleno extraordinario en el Parlamento autonómico “sobre la privatización de la sanidad valenciana”. El “veto” dio pie a la diputada de EU, Marina Albiol, a apuntar que “el PP valenciano quiere mantener el proceso de privatización en la clandestinidad total”.
La diputada fue más lejos y se preguntó: “Si el PP tiene algo que ocultar”. Porque, en su opinión, lo se está produciendo es “un proceso de privatización lleno de agujeros legales y con una opacidad casi total para entregar el negocio de la sanidad valenciana a empresas privadas”.
El Pleno del Consell también se hizo eco de la reforma financiera en la que trabaja el Gobierno y en la que se ha planteado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquide entidades que considere inviables ha vuelto a poner en el punto de mira a la entidad valenciana Banco de Valencia. El vicepresidente del Consell y consejero de Presidencia trató de disipar dudas sobre el futuro de la entidad. “No existe ningún tipo de confirmación de que se vayan a liquidar entidades con problemas”, dijo. José Ciscar aseguró, incluso, que el Consell “dispone de datos para afirmar que sería mucho más costoso liquidar Banco de Valencia que garantizar su supervivencia”.
“Podemos decir también que los administradores del FROB en el Banco de Valencia están totalmente convencidos de su viabilidad futura y este es el sentido en el que se está trabajando actualmente”, aseguró el vicepresidente del Consell.
Preguntado sobre la procedencia de los datos con los que trabaja la Generalitat, Ciscar afirmó: “Son datos que tiene la Consejería de Economía y que provienen del Banco de España, no los puedo facilitar. Pero sí puedo garantizar que es más costoso liquidarlo”.
Ciscar también dio a conocer un informe sobre los resultados de las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno valenciano desde finales de 2011 y manifestó que en el primer semestre del año se ha logrado un ahorro de 417 millones de los 958 previstos al cierre del ejercicio de todo 2012. Una de las partes del león, según el Consell, se está produciendo en “el mayor control del absentismo laboral”, un ámbito de complicada cuantificación, donde estima “un ahorro superior a los 24 millones de euros de los que ya se han certificado algo más de 22 millones de euros”.
El nuevo contrato de “colaboración público-privada” tiene dos ramificaciones: la licitación de la gestión de la logística y suministros; la y de la prestación de servicios públicos, que es a la que se refirió ayer Ciscar de forma encriptada. Pese a la insistencia de las preguntas, el vicepresidente del Consell fue parco en respuestas respecto al nuevo modelo sanitario. “El proceso de elaboración del nuevo modelo está siendo complejo”, reconoció Ciscar, que solamente aclaró que “no se descarta que total o parcialmente pueda haber algún otro tipo de licitación”, sin dar más pistas.
La presión de las empresas que quieren concurrir a los diferentes lotes, así como el precio del canon de 780 millones por la explotación de los servicios durante cuatro años, hace que la Generalitat se vea forzada a tener que hacer más atractiva la oferta.
No obstante, fuentes del Consell niegan que “se vaya a extender el modelo Alzira (que gestiona ya cinco departamentos de salud) a los otros 18 que gestiona la Administración. En absoluto”. Y rechazan “categóricamente” que el personal estatutario de Sanidad sea transferido a las empresas privadas.
La fórmula elegida para la creación del hospital de Alzira, que abrió en 1999, fue la más radical, incluso que el modelo británico de Private Finance Initiativa (PFI). La Generalitat, en lugar de encargar a una empresa la construcción de un hospital y su mantenimiento por un periodo medio de 30 años, optó por ceder al conglomerado empresarial que lo gestiona todo, menos la titularidad. Esto es, la construcción, el mantenimiento, el equipamiento, el personal sanitario y el no sanitario del hospital. “Este modelo no se va a extender”, confirma el Consell.
En el Gobierno valenciano reconocen que, en este momento, no quieren ni pueden dar más detalles sobre el documento final del nuevo modelo sanitario de colaboración público-privada. “Todavía estamos ultimando el modelo. No podemos concretar más detalles hasta que se presente”, afirman las fuentes consultadas.
El vicepresidente del Consell, José Ciscar, se limitó a explicar en la rueda de prensa posterior al pleno que la Generalitat “lleva todo el mes de agosto trabajando en la letra pequeña del nuevo modelo”, que espera que pueda presentarse “de forma definitiva a lo largo del mes de septiembre”.
Más agitado se vivió el debate en la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas. Esquerra Unida (EU) considera que “la derecha está utilizando la crisis como excusa para cargarse los servicios públicos y hacer de la Sanidad un negocio privado”.
A esta conclusión llegó la diputada de EU Marina Albiol después de que el PP se negara a tramitar la solicitud de EU para que se convocara un pleno extraordinario en el Parlamento autonómico “sobre la privatización de la sanidad valenciana”. El “veto” dio pie a la diputada de EU, Marina Albiol, a apuntar que “el PP valenciano quiere mantener el proceso de privatización en la clandestinidad total”.
La diputada fue más lejos y se preguntó: “Si el PP tiene algo que ocultar”. Porque, en su opinión, lo se está produciendo es “un proceso de privatización lleno de agujeros legales y con una opacidad casi total para entregar el negocio de la sanidad valenciana a empresas privadas”.
El Pleno del Consell también se hizo eco de la reforma financiera en la que trabaja el Gobierno y en la que se ha planteado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquide entidades que considere inviables ha vuelto a poner en el punto de mira a la entidad valenciana Banco de Valencia. El vicepresidente del Consell y consejero de Presidencia trató de disipar dudas sobre el futuro de la entidad. “No existe ningún tipo de confirmación de que se vayan a liquidar entidades con problemas”, dijo. José Ciscar aseguró, incluso, que el Consell “dispone de datos para afirmar que sería mucho más costoso liquidar Banco de Valencia que garantizar su supervivencia”.
“Podemos decir también que los administradores del FROB en el Banco de Valencia están totalmente convencidos de su viabilidad futura y este es el sentido en el que se está trabajando actualmente”, aseguró el vicepresidente del Consell.
Preguntado sobre la procedencia de los datos con los que trabaja la Generalitat, Ciscar afirmó: “Son datos que tiene la Consejería de Economía y que provienen del Banco de España, no los puedo facilitar. Pero sí puedo garantizar que es más costoso liquidarlo”.
Ciscar también dio a conocer un informe sobre los resultados de las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno valenciano desde finales de 2011 y manifestó que en el primer semestre del año se ha logrado un ahorro de 417 millones de los 958 previstos al cierre del ejercicio de todo 2012. Una de las partes del león, según el Consell, se está produciendo en “el mayor control del absentismo laboral”, un ámbito de complicada cuantificación, donde estima “un ahorro superior a los 24 millones de euros de los que ya se han certificado algo más de 22 millones de euros”.
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