Chupitos bajo sospecha

La desarticulación de una mafia de licores ilegales desata las alarmas sobre el alcohol adulterado. La policía se incautó de decenas de miles de litros y armas de todo tipo

JOSÉ PRECEDO Madrid 19 DIC 2014 - 14:56 CET

Nave clandestina con cubas de alcohol ilegan en Maside (Ourense). / VÍDEO: POLICÍA

Un decreto del Gobierno erradicó las vinagreras y aceiteras de las mesas de los restaurantes a principios de año pero las botellas de Cardhu rellenas de licores supuestamente caseros, sin etiquetar y de origen indescifrable, sobreviven a la hora de los postres. Productores legales sostienen que el mercado negro maneja más mercancía que ellos: 10 millones de litros anuales que entran por la puerta de atrás incluso en los establecimientos más reputados. El fraude en IVA e impuestos especiales se sabe millonario. La falta de control sanitario es evidente. Salvo incautaciones puntuales, las redes operan con impunidad. La última operación de la Brigada Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Policía Nacional (Udyco) junto a la Guardia Nacional Republicana de Portugal por primera vez ha dado a los traficantes tratamiento de mafia.

El pasado 3 de noviembre agentes de ambos cuerpos arrestaron en la Operación Cactus a 16 personas a uno y otro lado de la frontera. A los seis detenidos en Galicia se les incautaron 65.000 litros de alcohol ilegal, precintos falsos de Hacienda, y sacos con cientos de kilos de anticongelante para espesar los licores. Se hicieron 41 registros en viviendas, naves clandestinas y garajes. Uno de los cabecillas, Carlos Antonio Martínez Abollo, propietario de la destilería (legal) —Licores Carusha que en transcurso de la investigación cambió de nombre y pasó a llamarse Licores Paraíso— acabó en prisión por tenencia ilícita de armas tras declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de Vigo. Dentro de su casa en la aldea de Listanco en Maside (Ourense) los agentes encontraron un arsenal: cuatro fusiles de asalto cargados bajo la cama, 12 pistolas también listas para disparar encima del armario, tres escopetas con sus cartuchos... Y munición por todas partes: para los cetmes y 9 milímetros parabellum para las pistolas, una de ellas de la Guardia Civil. En la mesilla de noche había hasta una granada de mortero, esta sí desactivada. Y sables. Y espadas. Y 350.000 euros repartidos en la caja fuerte, dentro de calcetines, bajo el colchón...

Un agentes de la Udyco que participó en el registro asegura que en su vida vio una cosa igual. “Todas las armas cargadas en una casa familiar donde vivían dos niños pequeños”. La hipótesis que maneja la policía es que su destilería vendía una parte del alcohol ilegal dentro de botellas etiquetadas y otra parte en B, a granel, en garrafas. En su nave clandestina, había 25.000 litros de alcohol extraído del cereal, que se hacía pasar por aguardiente que sale de las uvas. Cuando fue interrogado, Martínez Abollo negó que fuese peligroso. Alegó que tanto él mismo como su familia lo consumían sin problema.

Otro detenido, Justo Alonso Fernández, guardaba dos pistolas detonadoras y una eléctrica, cerca de los 7.000 euros en metálico que tenía en casa. En las escuchas policiales ofrece a a un amigo “una cacharra por 5.000 euros”. Los agentes sospechan que coqueteaba con la venta de pistolas. En sus dos viajes mensuales a Portugal guardaba todo tipo de precauciones. Utilizaba coches lanzadera con familiares que se comunicaban con sus furgonetas para despejar la ruta de controles. Llegó a transportar alcohol en una caravana, en camiones cisterna y su próximo plan era cargar una furgoneta de cubas y traerla desde Portugal subida a una grúa como un vehículo averiado. En los pinchazos ambos arrestados incluso traman importar alcohol en polvo desde Estados Unidos para abaratar (aún más sus costes).

Y eso que los precios de la red ya habían reventado el mercado. Vendía incluso a destilerías legales —los nombres no salen en el atestados— y a bares de toda Galicia. Jesús García Hermida, otro de los detenidos, ofrecía a sus clientes en Dozón (Pontevedra) botellas a cuatro euros, el importe que los productores legales deben pagar en impuestos por 70 centilitros de licor.

Precintos falsos de Hacienda incautados a los traficantes de alcohol ilegal

En la ficha policial figura también Sergio Cándido Barbosa de Araujo, como principal surtidor de los bares y restaurantes de Ourense. Un solo cliente le hizo un pedido por teléfono de 10.000 litros. Sus ganancias, como las del resto de integrantes de la trama, rondaban los 4.000 euros mensuales. Todos, junto a Aslhey Alonso Abaunza y Miren Idoia Abaunza Echevarri, están imputados por delitos contra la salud pública y fraude fiscal. El caso arrancó hace año y medio en una de las decenas de comisiones rogatorias que llegan a la Audiencia Nacional. La Guardia Nacional Republicana portuguesa pedía pinchar teléfonos a una red dedicada al tráfico de aguardiente ilegal. Un encargo exótico para la unidad que persigue el crimen organizado. Pese a ello, la Udyco aceptó el encargo. Diez investigadores pasaron un año escuchando conversaciones en clave de sospechosos a uno y otro lado de la frontera.

Orujos de Galicia, la denominación de origen que agrupa a medio centenar de empresas pide que cunda el ejemplo y haya por fin mano dura de las administraciones para acabar con el resto de mafias que distribuyen sus botellas por toda España. Su presidente, José Antonio Feijóo, lamenta que hasta establecimientos con estrellas en los rankings más prestigiosos saquen las botellas de contrabando. “Y vas a restaurantes de Madrid y todos tienen parientes en Ourense que le mandan aguardientes casero. La obligación de la administración es retirar todas las botellas, la tolerancia social y de las instituciones es insoportable. Nos hemos olvidado muy pronto de desgracias como las de la colza o el metilo”, lamenta. El supuesto aguardiente casero está bajo sospecha.

La trama en cifras

Armas y munición requisadas a los traficantes de alcohol arrestados /

Los seis detenidos en Pontevedra y Ourense tenían en naves clandestinas 65.000 litros de alcohol ilegal que vendían en las cuatro provincias a granel o en botellas.

La red llegó a reventar el mercado colocando botellas a cuatro euros, el precio que deben pagar en impuestos los productores legales por 70 centilitros de licor.

La policía nacional incautó a los arrestados doce pistolas, cuatro fusiles de asalto, tres escopetas una granada de mortero, dos pistolas detonadoras y una eléctrica. La investigación duró un año y medio.