El consenso político sobre la talidomida mira hacia la justicia europea

Los partidos políticos han renovado esta mañana en la OMC su consenso para buscar soluciones que favorezcan a los afectados por la talidomida. Todos coinciden en pedir responsabilidades políticas en España y en mirar hacia la justicia europea como posible solución.

José A. Plaza | 08/02/2016 14:49

Esta mañana se ha celebrado en la OMC la jornada Realidad de los afectados de talidomida en España, que se ha cerrado con una mesa político-sanitaria en la que han participado José Ignacio Echániz (PP), María José Sánchez Rubio (PSOE), Francisco Igea (Ciudadanos) y José Andrés Llamas (IU).

En la jornada han estado presentes decenas de afectados por el fármaco. Podemos estaba invitado pero finalmente su coordinadora sanitaria, Ana Castaño, no ha podido asistir.

Rodríguez Sendín ha pedido declarar 'non grato' a Grünenthal, que denuncia "mitos e imprecisiones"

El acto ha estado marcada por la petición de Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, de declararnon grato a Grünenthal, laboratorio fabricante del fármaco: "Los médicos debemos tomar nota de lo que es capaz de hacer con nuestros pacientes españoles. El laboratorio y el Estado español no han cumplido con su obligación al no indemnizar al mismo nivel que en otros países", ha dicho

El laboratorio, Grünenthal, estaba invitado a la jornada pero ha declinado su presencia al considerar que los coorganizadores junto con la OMC, Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España y otras inhabilidades) se valen de una "estrategia de confrontación judicializada". A su juicio, la jornada y sus organizadores han defendido "imprecisiones y numerosos mitos que se asumen como hechos".

Volviendo a la mesa político-sanitaria, ha estado moderada por Serafín Romero, secretario general de la OMC, que ha recordado "el compromiso tácito del Ministerio para buscar una posible solución yel acuerdo parlamentario de todo el espectro político en la misma línea".

Las formaciones políticas se han mostrado de acuerdo en la búsqueda de soluciones, pero no han concretado acciones conjuntas ni desvelado ningún movimiento común consensuado ad hoc. Éstas han sido sus posturas.

PP: "Mejorar los sistemas de control y desarrollo de fármacos"

Según José Ignacio Echániz, secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, el Código Civil no ha respondido correctamente al problema, dejando problemas sociales sin solucionar: "Por eso, los fallos de los tribunales no satisfacen las expectativas". El responsable del PP ha pedido seguir apoyando a las víctimas, continuar pidiendo al laboratorio qué dé pasos al frente para paliar el problema, y aprovechar los mecanismos 'ex novo' creados en la UE: "Ha habido soluciones dispares en Europa que no son justas: debemos desarrollar soluciones homogéneas, porque no puede ser que un alemán obtenga una respuesta diferente del laboratorio y su Administración que un español". Según ha añadido, el Consejo Interterritorial también debe tomar cartas en el asunto: "Algo así no puede volver a ocurrir. Hay que mejorar los sistemas de control de la investigación y el desarrollo de fármacos".

PSOE: "Agresividad del mercado farmacéutico"

María José Sánchez Rubio, responsable de Sanidad del PSOE, ha pedido saber por qué hubo nuevas prescripciones de talidomida tras saberse los efectos negativos que causaba. Ha hablado de "agresividad en el mercado farmacéutico" y ha pedido "soluciones compartidas" tras una sentencia "que es legal pero no justa". Según ha añadido, el decreto 1006/2010 -que regula la concesión de ayudas- "no dio respuesta adecuada", por lo que "hay que modificarlo". Ha considerado "importante" el acuerdo alcanzado con consenso total en el Parlamento en forma de PNL y ha sugerido eximir de copagos a los afectados. Igual que Echániz, ha hablado de discriminación por parte del laboratorio y de la UE. Gobierno central y autonomías pueden aportar, a su juicio, en el reconocimiento de la discapacidad, y valerse de demandas judiciales, como se está planteando Andalucía. También ha criticado al laboratorio: "Bien podía tener un reconocimiento aun sin sentencia, dadas sus ganancias anuales".

Ciudadanos: "Cambiar la ley"

Por parte de Ciudadanos, Francisco Igea (futuro portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso) considera que lo primero que debe hacer un político es escuchar. En el plano político y jurídico, ha pedido responsabilidades, algo que "no sólo compete a la farmacéutica, sino al Estado español, que tenía mecanismos de respuesta menos seguros que otros". Con respecto al decreto 2010 de concesión de ayudas, ha hablado de "limitaciones " y de contenidos "sin pies ni cabeza, como la fecha de caducidad en el registro". A su juicio, los políticos no pueden lamentarse de las sentencias judiciales, ya que las sentencias hacen cumplir las leyes que desarrollan ellos mismos: "Cámbiese, pues, la ley". A su juicio, es posible hacer más cosas "en los tribunales europeos". Finalmente, ha pedido que se eliminen los conflictos de interés entre los médicos, los políticos y la industria farmacéutica: "Claridad, transparencia y beneficio para el ciudadano".

IU: "Flexibilizar plazos jurídicos y protocolos clínicos" para las ayudas

José Andrés Llamas, representante de IU en la Asamblea de Madrid, ha insistido en flexibilizar plazos jurídicos y protocolos clínicos para permitir las ayudas a los afectados, y ha apoyado la idea del PSOE se eximirles de copagos, financiando al cien por cien sus necesidades. Además, ha pedido que las autoridades internacionales velen más y mejor por la introducción de nuevas terapias.