REUNIÓN SOBRE LA TEMPORALIDAD DEL SNS
Las CCAA descartarían reformar el Estatuto Marco para atajar la temporalidad
Las autonomías no plantearían una modificación del Estatuto Marco para atajar la temporalidad, según lo debatido en la última reunión de los grupos de trabajo constituidos para adordar este tema.
Nuria Monsó. Madrid | 06/02/2017 13:05
Imagen de la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del SNS para abordar la temporalidad. (Ministerio de Sanidad)
Los diferentes grupos de trabajo sobre la temporalidad de Sistema Nacional de Salud (SNS) se han reunido recientemente para empezar a elaborar el documento de primeras propuestas que se debatirán en el próximo Consejo Interterritorial. Aunque todavía no tiene una fecha concreta (sólo se ha dicho que se celebraría este mes), las fuentes consultadas señala que se trabajan con un plazo aproximado de dos semanas.
Las comunidades y el Ingesa se han dividido en tres subcomisiones: una sobre políticas de contratación eventual, otra sobre los procesos de provisión de plazas y otra sobre modificaciones normativas.
En cuanto a este último grupo, según ha podido saber DM, en principio las autonomías descartarían una modificación del artículo 9.3 del Estatuto Marco, relativo a la contratación eventual y al estudio de la creación de nuevas plazas si ésta se alarga en el tiempo.
Aunque comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha han manifestado anteriormente a DM la necesidad de abordar algún cambio, al menos dentro del seno de esta subcomisión se entiende que las sentencias europeas, que señalaban que no es legal el encadenamiento de contratos eventuales para cubrir necesidades estructurales ,"no obligan a cambiar la norma, sino que se cumpla adecuadamente".
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacaba que el Estatuto Marco no contiene límites claros a la contratación eventual para prevenir posibles abusos, como límites a la duración o renovación de estos nombramientos.
De mantenerse esta propuesta (tendrían que pronunciarse las autonomías de otras subcomisiones), chocaría además con las reivindicaciones de los sindicatos del sector, que consideran que mantener la redacción actual de la norma es lo suficientemente ambigua como para que los servicios de salud no estudien periódicamente la necesidad de ampliar su plantilla orgánica ante el encadenamiento de contratos temporales. Las centrales se reunirán la semana que viene para abordar su propio documento.
El grupo que revisa las condiciones sobre la contratación eventual está estudiando las causas por las que se han realizado los nombramientos para establecer una serie de guía común sobre cuándo se deben utilizar. También se analizará la posibilidad de establecer algún tipo de limitación al encadenamiento de estos contratos, aunque la sensación, según fuentes de dicha subcomisión, es que la normativa es lo suficientemente clara al respecto, y el mal uso se habría debido más a cuestiones económicas y a las limitaciones de la tasa de reposición.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad habría pedido a las autonomías que revisaran las horquillas de baremos de provisión de puestos consensuadas con los sindicatos por si fuera necesario añadir algún matiz.
Otra medida debatida en esa primera reunión y descartada sería promover la recuperación de las 35 horas o la obligación de concursos de traslados periódicos, dado que ninguna de las dos contribuye a la creación de empleo fijo.
En cuanto a la celebración de futuras ofertas públicas de empleo (OPE), las comunidades en principio descartarían repetir la extraordinaria de 2001 por varias razones: primero, porque ya las competencias están totalmente transferidas y varias de ellas ya tienen oposiciones convocadas; segundo, porque probablemente la negociación de las bases se alargaría demasiado en el tiempo y sería compleja.
Así, va tomando más peso la propuesta de que las OPE sean independientes, pero estén coordinadas en el tiempo. En cuanto a las bases, las fuentes consultadas por DM señalaron que se intentará que sean similares pero probablemente no las mismas, debido a las diferentes legislaciones autonómicas.
Además, las comunidades han pedido que se elabore algún tipo de plataforma de uso interno para que todos los servicios autonómicos conozcan las fechas de convocatoria de los diferentes procesos e intercambien información de distintos problemas comunes, por ejemplo, fallos judiciales acerca de los distintos procesos selectivos.
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