Apuntes sobre la corrupción sanitaria en España (II): cúpula política

El autor continúa con la serie sobre corrupción sanitaria, adentrándose en el ámbito político y hablando de investigaciones e imputaciones que llevan años salpicando la política sanitaria en España. A su juicio, la corrupción estructural tiene en la política un sustento relevante.

Amando Martín Zurro. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria | 10/04/2017 00:00

Amando Martín Zurro. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria (DM)

Desde el comienzo del siglo XXI la política sanitaria en España se diseña e implementa de forma ampliamente descentralizada al estar traspasadas la gran mayoría de las competencias en este campo a las nacionalidades y regiones del estado.

El gobierno central mantiene atribuciones en el terreno de la sanidad exterior, coordinación estratégica, productos farmacéuticos y formación. Los aspectos relativos a la actividad asistencial forman parte de las competencias totalmente traspasadas a las correspondientes consejerías de salud.

La corrupción en el ámbito político se pone habitualmente en relación con los procesos de diseño y toma de decisiones estratégicas y se centra en las figuras delictivas de prevaricación y malversación, sin olvidar las actuaciones pasivas o permisivas: un lessez faire, lessez passer que suele traducir la creencia, arraigada entre nosotros, de la inevitabilidad de cierta corrupción estructural en la administración de los recursos públicos.

"El hecho de que esta lacra prolifere dificulta aún más el hallazgo de soluciones a corto y medio plazo"

Las imputaciones (ahora investigaciones) de políticos sanitarios son numerosas y frecuentemente relacionadas con irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación de obras de hospitales, centros de salud y la compra de tecnología y otros materiales de uso asistencial.

Sin pretensiones de exhaustividad señalaremos algunos de los casos más sonados: como el de las obras del hospital mallorquín de Son Espases en el que están implicados el expresidente Jaume Matas, la exconsejera Aina Castillo y el exdirector del servicio balear de salud Sergio Beltrán.

La comunidad valenciana acapara una parte importante de los casos de corrupción política sanitaria a través del cobro de comisiones por la adjudicación de múltiples obras, sobre todo a partir del año 2003. Los exconsejeros de sanidad valencianos Serafín Castellano, Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado están imputados en diversos procesos por financiación ilegal del Partido Popular y/o irregularidades contractuales en el marco de la trama Gürtel, y Rafael Blasco fue condenado por el caso cooperación cuando era consejero de solidaridad y ciudadanía antes de serlo de sanidad.

También relacionada con la trama Gürtel está la imputación como beneficiaria a título lucrativo de la exministra de sanidad Ana Mato. En el caso de Madrid los problemas de corrupción son de diversa naturaleza, desde adjudicaciones de obras y contratación de suministros de materiales a construcciones de hospitales con criterios de planificación sanitaria carentes de la pertinencia necesaria.

Los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes fueron imputados por las irregularidades detectadas en el proceso de privatización hospitalaria de Madrid. En el País Vasco fue imputado el exviceconsejero de sanidad Rafael Cerdán por irregularidades en la contratación de servicios.

En Cataluña han surgido casos importantes de corrupción pero hasta hoy no han afectado judicialmente a la cúpula política; serán abordados cuando tratemos los producidos en el nivel de dirección y gestión de instituciones, centros y servicios.

"Una parte significativa de las actuaciones dolosas se refieren a las adjudicaciones de obras y servicios"

Los ejemplos anteriores son indicativos de la importancia de la corrupción en los más altos niveles del gobierno de la sanidad estatal y de las comunidades autónomas. Aunque una parte significativa de las actuaciones dolosas se refieren a las adjudicaciones de obras y servicios, también se observan otras, como en el caso de Madrid, que afectan a una de las funciones primordiales de las consejerías de Sanidad como es la planificación estratégica de centros y servicios y llegan hasta la propia presidencia de la comunidad.

Son paradigmáticas e inefables las repetidas declaraciones de Esperanza Aguirre intentando disculpar su conducta, con incumplimiento de los deberes esenciales de una gobernante que menospreció profundamente el cuidado de los bienes públicos y se rodeó de un equipo de políticos que camparon por sus respetos generando conexiones delictivas de la sanidad madrileña con distintas empresas y con tramas como Gürtel y Púnica.

La corrupción en la cúpula sanitaria agrava o potencia su carácter cultural y estructural en la medida que, por su gran visibilidad, traslada al resto del sistema mensajes negativos acerca de la ética y honestidad que deben regir las conductas de los máximos responsables políticos.

La proliferación de esta lacra dificulta aún más el hallazgo de soluciones a corto y medio plazo del problema al propiciar que el conjunto del sistema sanitario se impregne funcionalmente de esta cultura de la corrupción, minusvalorando sus consecuencias y generando una conciencia laxa que dificulta su rechazo social absoluto.

Cambiar los marcos culturales es una tarea lenta y difícil y requiere la puesta en marcha de acciones firmes y continuadas en el tiempo para prevenir y corregir las desviaciones detectadas. Estas acciones han de tener su origen en los ámbitos políticos representativos y, fundamentalmente, en el propio entramado social. Poco esperanzados podremos estar en el hallazgo de soluciones efectivas al problema si nuestros representantes políticos son también partícipes, por activa y por pasiva, de esta corrupción estructural.