Apuntes sobre la corrupción sanitaria en España (I): Consideraciones preliminares

El autor arranca con esta entrega una serie de seis tribunas de opinión en las que repasará ejemplos que, a su juicio, constituyen focos de posible corrupción en el sistema sanitario nacional. Cúpula política, órganos de dirección y gestión, sociedades científicas, industria farmacéutica y ejercicio profesional serán protagonistas de su punto de vista en las próximas semanas.

Amando Martín Zurro. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria | 03/04/2017 00:00

Amando Martín Zurro. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria (DM)

La corrupción, en su sentido más amplio, es un problema universal y tan antiguo como la misma humanidad. Afecta a todos los ámbitos del quehacer social y, por tanto, también al de la sanidad. Este artículo es el inicial de una serie en la que se abordarán algunos de los elementos principales que caracterizan a la corrupción sanitaria, con referencia especial a nuestro país, en distintos ámbitos: político, dirección y gestión de centros y servicios, ejercicio profesional, sociedades científicas e industrias y empresas farmacéuticas. Esta compartimentación no deja de ser artificiosa en la medida en que, en muchas ocasiones, la corrupción cruza simultánea y transversalmente varios de los ámbitos mencionados, pero puede sernos de alguna utilidad para analizar los diferentes tipos de comportamientos corruptos más frecuentes en cada uno de ellos así como sus posibles causas y las medidas que se podrían arbitrar para prevenirlos o abordarlos correctivamente.

"Que España es un país en el que la corrupción es 'el pan nuestro de cada día' no admite discusión alguna"

Definición y tipos
Existen numerosas definiciones de corrupción y corrupto. Para la primera vamos a utilizar la establecida en el Diccionario de la Real Academia Española y que es del siguiente tenor: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Una aproximación al concepto jurídicamente más correcta sería la que califica como corrupta toda acción u omisión realizada por un actor público que incumpla las normas jurídicas y viole las obligaciones del cargo, con abuso de posición y la finalidad de obtener beneficios privados, personales o para un grupo.

Frecuentemente se habla también del concepto de corrupción cultural y estructural y se suele entender como tal aquella que está firmemente arraigada en las relaciones públicas y privadas y que suele ser ejercida por grupos poderosos que incluso pueden llegar a cambiar el marco legislativo en su beneficio, transformando en legales actuaciones que no lo eran. La definición de corrupto se refiere a aquella persona que realiza, se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar por prácticas corruptas.

En el ámbito de la corrupción general y sanitaria aparecen frecuentemente ligados a este epígrafe otros conceptos con connotaciones éticas y jurídicas como los de prevaricación (delito consistente en que una autoridad dicte a sabiendas una resolución injusta), apropiación indebida (delito que comete el que toma posesión de un bien que le ha sido confiado temporalmente), malversación (delito que comenten los que sustraen, o consienten que un tercero lo haga, bienes públicos que tienen a su cargo), robo o hurto.

"No sale gratis y ocasiona perjuicios en el ámbito económico y en la imagen del sistema y sus profesionales"

Que España es un país en el que la corrupción y los corruptos son "el pan nuestro de cada día" parece no admitir discusión alguna. Solamente hay que mirar los medios de comunicación y consultar las redes sociales. Nuestro país se sitúa en un puesto de "honor" en las escalas mundiales de corrupción y en el informe de 2016 de Transparencia Internacional ocupa el lugar 41 sobre 167 estados, concretamente entre Costa Rica y Georgia, siendo uno de los más corruptos de Europa. Cuando este tipo de análisis se aplica comparativamente a las naciones y regiones del estado español se observa que Cataluña lidera el ranking en número de personas procesadas seguida por Andalucía y Madrid.

Andalucía es la que tiene más procedimientos abiertos por corrupción, seguida de Valencia y Cataluña. No me ha sido posible encontrar datos comparativos similares referidos a la corrupción sanitaria en las distintas zonas de España. Si la corrupción general es tan frecuente en España sería sorprendente por improbable que un sector económico y de servicios tan importante como el sanitario estuviera libre de este problema.

"Un pastel apetitoso"
La corrupción sanitaria, como la general, genera importantes problemas para el funcionamiento efectivo y eficiente de las instituciones, centros y servicios del sistema de salud y pone en riesgo la utilización correcta del gran volumen de recursos presupuestarios. Nadie puede poner en duda que nos encontramos ante un pastel bien "apetitoso" para la actuación de grupos y personas que pretendan utilizar en su provecho los bienes públicos. Los perjudicados más directos por la corrupción son los ciudadanos y, sobre todo, los que tienen menor nivel adquisitivo.

La corrupción no sale gratis y ocasiona perjuicios graves tanto en el ámbito económico como en la misma imagen que proyectan el sistema sanitario y sus profesionales y en la consideración que le guarda la ciudadanía. Es la antítesis del necesario buen gobierno de la sanidad. Esta relevancia del problema justifica ampliamente reflexionar sobre las distintas formas de corrupción existentes en la sanidad a partir de los casos conocidos públicamente que, mucho me temo, son solamente la punta visible de un iceberg de considerables dimensiones contra el que puede chocar con riesgo de hundirse el Titanic sanitario español.