El Defensor del Pueblo Andaluz alerta del alza de quejas sanitarias

El Defensor del Pueblo Andaluz ha entregado este martes su informe anual, que avisa del auge de las quejas sanitarias, protagonizadas por la receta enfermera, las derivaciones a los CSUR y las fusiones hospitalarias.

Laura G. Ibañes | 18/04/2017 14:52

Juan Pablo Duran, presidente del Parlamento Andaluz, junto a Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, en la entrega del informe anual, este martes. ()

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha entregado este martes su informe anual al Parlamento autonómico. En él alerta de un incremento importante "aproximadamente en un tercio" de las quejas sanitarias recibidas en 2016 (561 quejas) respecto al año anterior. Según detalla el propio informe "durante el ejercicio de 2016, se registró un aumento significativo del número de las quejas en materia de salud (se cifra aproximadamente en un tercio de las recibidas en el año 2015), sin que dicha incidencia pueda imputarse a alguna reclamación que se haya formulado de manera reiterada, o algún aspecto polémico emergente, sino que su reparto indiscriminado evidencia un incremento de la preocupación de los ciudadanos por la cuestión sanitaria".

El informe va más allá explicando que "nunca hasta ahora en nuestro ámbito autonómico se había cuestionado tanto y por tantos su normal funcionamiento, hasta el punto de que una parte importante de la ciudadanía considerara menoscabado su derecho [a la sanidad], y ha llegado a expresarlo reiteradamente en forma de masivas manifestaciones en varios puntos de nuestra geografía".

El informe destaca el bajo número de quejas en atención primaria frente a especializada

El Defensor del Pueblo señala claramente a las fusiones hospitalarias entre las fuentes de conflicto que se han sumado a los problemas derivados de la crisis para generar ese auge de quejas sanitarias. Al respecto detalla que "en el origen de este movimiento ciudadano y profesional, confluyen sin lugar a dudas la adopción unilateral de cambios organizativos en materia asistencial (las denominadas fusiones hospitalarias), obviando los cauces establecidos para la participación de los sectores implicados; y al mismo tiempo la sensación de pérdida de calidad de la atención sanitaria que, en forma de recortes de diverso tipo por causa de la crisis económica, ha ganado a sectores importantes de la población".

En esta misma línea, el informe resalta "la llamativa la coincidencia temporal entre el proceso participativo [de elaboración de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía] desarrollado formalmente, y unas movilizaciones ciudadanas impulsadas, entre otras razones y según sus promotores, por la falta de diálogo y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de la Administración sanitaria".

Pide una norma estatal para regular el acceso a los CSUR que facilite la confirmación de diagnóstico y acceso a tratamiento

Por ello, el Defensor del Pueblo se pregunta "si no habría que buscar nuevas fórmulas participativas que trasciendan de los formatos actuales y propicien un debate real entre la ciudadanía, los grupos de interés y el poder público en el proceso de elaboración de aquellas disposiciones de mayor alcance y trascendencia, como sin duda es el caso de la prevista Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario

A la crisis y las fusiones hospitalarias se une como principal motivo de descontento un clásico: las listas de espera. En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz advierte de que "no nos cabe duda de que los excesivos tiempos que marcan el acceso a muchas prestaciones constituyen una causa principal [de descontento], puesto que si no aisladamente, la suma de los plazos que implican las diversas actuaciones que se suceden a lo largo de un mismo proceso asistencial, pueden convertir en auténtico calvario la obtención del diagnóstico o el acceso a los tratamientos".

Advierte del problema de convivencia entre la norma estatal y la andaluza sobre receta enfermera

Además de las listas de espera, buena parte de las quejas estuvieron relacionadas con el calendario vacunal, ante al falta de vacunas de la tosferina y, sobre todo, la falta de información por la supresión del recuerdo a los 6 años, y la ausencia de vacunas frente al neumococo. Otras quejas importantes reflejadas en el informe se centran en el programa de cribado de cáncer de colon. Sobre éste, el Defensor del Pueblo Andaluz afirma que "durante este año hemos podido conocer cómo el número de centros que lo vienen desarrollando se ha incrementado, pero al parecer no resulta aún suficientemente significativo.

En conjunto, el informe destaca el bajo número de quejas en atención primaria pese a ser "el primer escalón del sistema", frente a especializada que recoge un número muy superior de quejas. En especializada, según el informe los pacientes se quejan "en algunos casos simplemente se sienten desatendidos en sus dolencias, solicitan alternativas terapéuticas a las empleadas hasta entonces, consideran inadecuado el seguimiento que se realiza de sus patologías, o discrepan de la negativa a dispensarles determinados tratamientos, incluidos los quirúrgicos. En otros casos, ponen de manifiesto dificultades en los procedimientos, gestión de las citas, derivación entre hospitales y demoras en la atención".

Más preocupante son, sin embargo, según destaca el informe, las dificultades para ser derivado a centros y unidades de referencia (CSUR). En este sentido, el Defensor del Pueblo recomienda que "la posibilidad de acceso de las personas con enfermedades raras a los CSUR, al menos para recabar su apoyo en cuanto a la confirmación diagnóstica, definición de estrategia terapéutica y consultoría, tal y como viene definido en la norma reguladora de los mismos, se flexibilice, estableciendo otro tipo de justificaciones para posibilitarla, aunque dicha determinación precisaría una regulación de carácter estatal, y por lo tanto, fuera del ámbito de nuestra competencia, a pesar de lo cual no descartamos la posibilidad de llegar a trasladar este asunto a la Defensora del Pueblo del Estado", concluye el informe..

Junto a quejas por dificultades de acceso y demoras en reproducción humana asistida y rehabilitación, el informe recopila los problemas derivados del decreto de receta enfermera nacional y su difícil convivencia con la norma andaluza que ya regulaba esta cuestión. En este sentido, pese a que el Defensor propuso tanto a la Administración autonómica como a la nacional un acuerdo para acreditar a los enfermeros que ya indicaban fármacos conforme a la normativa autonómica las dos administraciones dicen no precisar tal acuerdo y estar amparada la actuación del personal de enfermería en las respectivas normas, andaluza y estatal.