La jornada de 35 horas costaría al menos 800 millones de euros

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha afirmado que el Ministerio de Hacienda está negociando la implantación de la jornada de 35 horas semanales, que podría costar entre 800 y 1.200 millones de euros.

Europa Press. Madrid | 25/04/2017 14:33

Presentación de los presupuestos generales del Estado de 2017. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, este martes en el Congreso. (José Luis Pindado)

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha afirmado este martes que el Ministerio de Hacienda está negociando con los sindicatos su petición de implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración, si bien ha advertido de que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

Así lo ha señalado Collado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, en la que ha indicado que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar".

Hay que recordar que en los últimos años se ha reavivado el debate ante los intentos de autonomías como País Vasco y Castilla-La Mancha de instaurar esta jornada, medidas que fueron recurridas ante los tribunales por el Gobierno central.

En declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia, Collado ha explicado que ya se está hablando con las organizaciones sindicales más representativas (CCOO, UGT y CSI-F) sobre la posible implantación de las 35 horas, así como del resto de reivindicaciones, de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos como el suscrito en materia de empleo público.

No obstante, ha matizado que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, sólo Asturias y Andalucía tenían la jornada de 35 horas.

Otras cinco regiones contaba con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", ha insistido Collado, quien ha añadido que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas.

Como informó DM, Andalucía comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un "mecanismo de entendimiento" que si no culmina con éxito, llevará al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad. En el caso de País Vasco y Castilla-La Mancha, ambas perdieron en su pulso con el Gobierno en los tribunales.

Concurso permanenteAsimismo, ha avanzado que Hacienda trabaja en un plan de concursos permanentes de méritos dentro de la Administración General del Estado (AGE), basado en el sistema que aplica ya Castila y León, que prevé culminar este año con el fin de agilizar la movilidad de los funcionarios y evitar los plazos anuales de cada concurso.

Collado ha pedido el respaldo a los Presupuestos para que vea la luz la convocatoria de empleo público contemplada en las cuentas de este año, que supondrá, al menos, 67.000 nuevas plazas en todas las administraciones públicas (19.000 en el Estado, 28.144 en las autonomías y unas 20.000 en la administración local).

El acuerdo para la mejora del empleo público recogido en el proyecto de Ley supone reducir hasta un máximo de un 90 por ciento los interinos existentes en la actualidad en un plazo de tres años (2017-2019), y que la tasa de temporalidad resultante no supere el 8 por ciento del total de efectivos de cada ámbito.

En este sentido, ha destacado que el acuerdo con los sindicatos, el primero que se alcanza desde 2009, permitirá abordar un proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal que alcanzará a 250.000 plazas cubiertas por interinos, sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas.

Sólo en las autonomías, los interinos son cerca de 300.000, de los que más de 144.000 son personal sanitario, con una tasa de temporalidad del 30 por ciento.