Cada dos días se recibe una queja por discriminación a una persona con VIH
Las cuestiones laborales suponen un tercio de las consultas atendidas
Las aseguradoras se niegan a contratar pólizas con los afectados
Tener VIH y vivir en España no es tan fácil. Al menos eso se desprende de las consultas por discriminación que recibe el Observatorio de Derechos Humanos de la RedVIH, una de las mayores confederaciones de asociaciones de personas afectadas de España. Desde su creación en 2003, han atendido más de mil consultas, y su número no desciende. En 2011 fueron 161, frente a 168 en 2010 y 137 en 2009. Ello supone que prácticamente cada dos días el observatorio recibe una denuncia.
La discriminación en el puesto de trabajo (o antes de conseguir uno) es la primera causa. Si se toma la media de los últimos tres años, representa un 29% de las quejas. “Principalmente nos hemos encontrado con situaciones de despido, violaciones de la confidencialidad, cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a puestos de trabajo o negativas a renovar contratos”, indica el observatorio en su informe.
La segunda causa de consulta es, paradójicamente, la atención sanitaria. En este ámbito, “los casos más habituales han tenido que ver con tratos vejatorios o abusos de poder, ruptura de la confidencialidad o dificultades para recibir el tratamiento en comunidades autónomas distintas a las de origen en el momento de cambiar la residencia”, indica.
La tercera (un 11%) es la que tiene que ver con la negativa a contratar seguros. Es lo que he ha pasado a Miguel (hombre supuesto), un hombre de 37 años que trabaja en una consultoría en Madrid. Miguel se había comprado una casa y, con la hipoteca, el banco le obligó a formalizar un seguro de vida y otro del hogar.
Como no le convencían las condiciones, los anuló, y acudió a una compañía aseguradora. No quería quedar sin cobertura, sobre todo porque si le pasaba algo, serían sus padres los que tendrían que asumir el préstamo de 150.000 euros.
Pero, en medio del proceso, en 2007, recibió el diagnóstico de que tenía VIH. Y, a partir de ahí, todos sus planes se truncaron. “La primera compañía a la que fui, Santa Lucía, se negó a formalizarme el seguro. Tampoco lo hizo la segunda, Mapfre. En los dos casos me dijeron que era por el VIH”, relata.
Miguel no lo entiende. Tiene el mismo trabajo que antes, y su estado de salud es normal. Pero el colmo de lo absurdo fue que cuando volvió a su banco, este le negó el seguro que le había obligado a suscribir con anterioridad. “No quise mentir, y esa parece ser la única manera de conseguirlo”, dice.
Pero no solo le negaron un seguro de vida. Con la idea de proteger en la medida de lo posible a sus padres, intentó suscribir un seguro de accidentes. La negativa fue la misma. Por lo menos, el banco no ha revisado su hipoteca, comenta.
Estos tres motivos (laboral, sanitario y seguros) son tradicionalmente los primeros en la lista de reclamaciones del observatorio. Otros temas son los que tienen que ver con vivienda, criminalización de la transmisión (incluye la persecución legal) o problemas con servicios sociales, como la negativa a ser admitidos en residencias. Lo que no se sabe es cuántos más casos puede haber, ya que este organismo tiene una capacidad y una proyección limitada.
La discriminación de las personas con VIH ya fue estudiada por el Plan Nacional para el Sida en 2005, en un estudio del que se encargó a la Cruz Roja. Las conclusiones fueron en línea con los datos del observatorio. Entonces se mencionó la posibilidad de negociar con bancos y aseguradoras para que eliminaran la infección entre las exclusiones para obtener un seguro, pero, por lo visto, no se ha hecho (o no se ha conseguido).
El plan ha trabajado durante el anterior Gobierno en un proyecto contra la discriminación, que precisamente tiene como objetivo principal su firma por organizaciones de empresarios y sindicatos. El documento –con el que colaboró EL PAÍS- quedó listo, e incluso se ha presentado a organizaciones internacionales. Ahora falta que el nuevo Gobierno nombre a un responsable del plan y saber si va a continuar con su desarrollo.
La discriminación en el puesto de trabajo (o antes de conseguir uno) es la primera causa. Si se toma la media de los últimos tres años, representa un 29% de las quejas. “Principalmente nos hemos encontrado con situaciones de despido, violaciones de la confidencialidad, cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a puestos de trabajo o negativas a renovar contratos”, indica el observatorio en su informe.
La segunda causa de consulta es, paradójicamente, la atención sanitaria. En este ámbito, “los casos más habituales han tenido que ver con tratos vejatorios o abusos de poder, ruptura de la confidencialidad o dificultades para recibir el tratamiento en comunidades autónomas distintas a las de origen en el momento de cambiar la residencia”, indica.
La tercera (un 11%) es la que tiene que ver con la negativa a contratar seguros. Es lo que he ha pasado a Miguel (hombre supuesto), un hombre de 37 años que trabaja en una consultoría en Madrid. Miguel se había comprado una casa y, con la hipoteca, el banco le obligó a formalizar un seguro de vida y otro del hogar.
Como no le convencían las condiciones, los anuló, y acudió a una compañía aseguradora. No quería quedar sin cobertura, sobre todo porque si le pasaba algo, serían sus padres los que tendrían que asumir el préstamo de 150.000 euros.
Pero, en medio del proceso, en 2007, recibió el diagnóstico de que tenía VIH. Y, a partir de ahí, todos sus planes se truncaron. “La primera compañía a la que fui, Santa Lucía, se negó a formalizarme el seguro. Tampoco lo hizo la segunda, Mapfre. En los dos casos me dijeron que era por el VIH”, relata.
Miguel no lo entiende. Tiene el mismo trabajo que antes, y su estado de salud es normal. Pero el colmo de lo absurdo fue que cuando volvió a su banco, este le negó el seguro que le había obligado a suscribir con anterioridad. “No quise mentir, y esa parece ser la única manera de conseguirlo”, dice.
Pero no solo le negaron un seguro de vida. Con la idea de proteger en la medida de lo posible a sus padres, intentó suscribir un seguro de accidentes. La negativa fue la misma. Por lo menos, el banco no ha revisado su hipoteca, comenta.
Estos tres motivos (laboral, sanitario y seguros) son tradicionalmente los primeros en la lista de reclamaciones del observatorio. Otros temas son los que tienen que ver con vivienda, criminalización de la transmisión (incluye la persecución legal) o problemas con servicios sociales, como la negativa a ser admitidos en residencias. Lo que no se sabe es cuántos más casos puede haber, ya que este organismo tiene una capacidad y una proyección limitada.
La discriminación de las personas con VIH ya fue estudiada por el Plan Nacional para el Sida en 2005, en un estudio del que se encargó a la Cruz Roja. Las conclusiones fueron en línea con los datos del observatorio. Entonces se mencionó la posibilidad de negociar con bancos y aseguradoras para que eliminaran la infección entre las exclusiones para obtener un seguro, pero, por lo visto, no se ha hecho (o no se ha conseguido).
El plan ha trabajado durante el anterior Gobierno en un proyecto contra la discriminación, que precisamente tiene como objetivo principal su firma por organizaciones de empresarios y sindicatos. El documento –con el que colaboró EL PAÍS- quedó listo, e incluso se ha presentado a organizaciones internacionales. Ahora falta que el nuevo Gobierno nombre a un responsable del plan y saber si va a continuar con su desarrollo.
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