La FADSP considera que las Administraciones sanitarias están empeñadas en deteriorar el Sistema Nacional de Salud
Madrid (02/02/2012) - Ana Montero
• Según un informe sobre los recortes sanitarios en las CC.AA., la política de restricción presupuestaria es "exageradamente dispar" y "absolutamente insoportable y preocupante" en Valencia, Cataluña, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha, con una disminución promedio del presupuesto sanitario por habitante de 84,75 euros respecto a 2011
• En dicho estudio, País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón "salen mejor paradas", pero aun está por ver lo que sucederá en marzo, cuando se celebren las elecciones andaluzas y se presenten los presupuestos generales del Estado
En este sentido, tal y como ha informado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y según se recoge en el informe que han presentado sobre los recortes sanitarios en las comunidades autónomas, las políticas de recortes en la Sanidad pública española están siendo aplicadas con una "intensidad variable y de forma dispar" en cada una de las comunidades, mediatizadas por muchos factores que van desde el color político a los problemas presupuestarios, pasando por la cercanía electoral.
Así pues, como ha reconocido Sánchez Bayle "estamos antes una primera fase de los recortes y es probable que se produzca otra en marzo, después de las elecciones andaluzas y la presentación de los presupuestos generales del Estado, lo que tendrá repercusiones importantes", a lo que ha añadido que "cuando en marzo evaluemos el impacto de las medidas que se están tomando ahora, ya se estarán introduciendo otras". Además, ha señalado que las medidas de recorte contradicen las promesas políticas de mantener la garantía de un servicio sanitario público de calidad, "si recortamos la calidad del sistema se resentirá y no es problema del sistema en sí mismo, sino de las Administraciones sanitarias que están empeñadas en deteriorarlo de forma continuada", ha concluido el portavoz de FADSP.
Una media de 85 euros menos por habitante y año
Por lo que respecta a la financiación y los presupuestos, teniendo en cuenta que los presupuestos no se han aprobado definitivamente por los parlamentos autonómicos, con excepción de Cataluña y Extremadura, el portavoz de FADSP ha señalado que se ha producido una disminución promedio del presupuesto sanitario por habitante de 84,75 euros, respecto a 2011, y de 140,13 euros, respecto a 2010, lo que supone un descenso del 10,42 por ciento. En dicho informe, las CC.AA. que más ha disminuido su presupuesto sanitario por habitante y año han sido Cataluña, que ha pasado de 1.292,45 en 2011 a 1.128,24 euros, lo que supone un descenso de 164,21 euros, y la Comunidad Valenciana, que ha pasado de 1.078,95 euros a 974,82 euros en 2012, lo que supone un recorte de 104,13 euros. Al hilo, Sánchez Bayle ha manifestado que la restricción presupuestaria es "absolutamente insoportable y preocupante" en Valencia, "la peor con diferencia", como ha matizado, porque es la comunidad que menos presupuesta para Sanidad al año y la que mayor deuda sanitaria, bruta y por habitante, mantiene, tal y como ha informado.
Por el contrario, comunidades como Andalucía, Baleares y Canarias han aumentado su presupuesto sanitario y otras como Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y Madrid se quedan prácticamente igual con aumentos y disminuciones de menos de 10 euros por habitante al año. Concretamente, País Vasco es la comunidad que más euros destina a Sanidad por habitante al año, un total de 1.557,78 euros.
Política restrictiva de personal y copago
Por otra parte, los recortes también se están trasladando "sin excepción", como ha apuntado Sánchez Bayle, a una política restrictiva de personal lo que está produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo, un aumento de los horarios, así como disminuciones salariales. En definitiva, un deterioro de las condiciones de trabajo y la una disminución de los profesionales sanitarios que aboca a medio plazo a un deterioro de las prestaciones debido al aumento de la presión asistencial, según ha informado el experto.
Así, en todas las CC.AA. se están disminuyendo y recortando las interinidades y los contratos eventuales; restringiendo las suplencias y la cobertura de vacantes que se producen por motivos naturales, bien por traslados, jubilaciones, incapacidades o fallecimientos; y aumentando las horas de trabajo, concretamente en Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia se plantean el aumento del horario semanal en 2,5 horas, lo que supondría entre 16 y 19 días más de trabajo anual, aunque, como ha recordado Bayle, "todavía no se ha concretado cómo se llevará a cabo".
Además, la pérdida de derechos incapacidad transitoria (IT) que se han planteado en algunas comunidades como Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha, suponen reducciones importantes en las percepciones, especialmente en las bajas de larga duración. Al hilo, el portavoz de FADSP ha advertido del peligro que supone esta medida ya que se induce a que profesionales sanitarios que sufran alguna enfermedad infectocontagiosa sigan desarrollando su actividad, por miedo a un descenso considerable de su nómina, y, por tanto, pongan el riesgo la salud de sus pacientes.
Sánchez Bayle también se ha referido a las tasas y copagos "que por suerte son pocas las iniciativas de este tipo que se están implantando", como ha apuntado, recordando la iniciativa de cobrar un euro por receta en Cataluña o la aplicación de tasas para la renovación de la tarjeta sanitaria individual (TSI) en Baleares y por su extravío en Galicia. En este sentido, "es flagrante que el Ministerio no haya tomado parte activa en que algunas CC.AA. estén estableciendo sistemas de tasas en claro incumplimiento de ley".
Recortes en las prestaciones
Por otra parte, Sánchez Bayle se ha referido a la disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas, de quirófanos, con disminución de personal de guardia, de atención radiológica y de servicio de ambulancias. Unas medidas que, aunque son recientes, ya tienen consecuencias, tal y como ha informado, con el ejemplo de Cataluña donde se han incrementado las listas de espera en más de 25.000 pacientes.
Por lo que se refiere a la atención sanitaria al aborto, desde FADSP han informado que las medidas han sido de dos tipos: el impago a los centros privados donde se realizaban los abortos, como en Castilla-La Mancha, buscando el cierre de las clínicas por quiebra, y el intento en Baleares del pago anticipado. Esto, unido a la nueva Ley del aborto anunciada por el Gobierno originará, como ha manifestado Sánchez Bayle, "que volvamos atrás, que se criminalice el aborto y que estemos como hace treinta años, en definitiva que se tengan que fletar aviones a Londres para poder acceder esa prestación".
En otro orden de cosas, Bayle ha subrayado también que es "especialmente preocupante" el establecimiento de un plazo de empadronamiento de 6 meses para el acceso a las TSI como en el caso de Galicia, lo que impide el acceso a los inmigrantes durante ese período, aunque estén legalmente en nuestro país, y pone serias trabas a los españoles que trasladen su domicilio a esa comunidad ya que tendrán dificultades para la asignación de médico general.
Privatización al estilo americano
Otro de los fenómenos que recoge el informe es el aumento de las privatizaciones, siguiendo un patrón irregular en las fórmulas adoptadas y en la intensidad del proceso según cada comunidad. Así, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos "preocupantes" en las demás CC.AA. con excepción de País Vasco y Andalucía. Así, para Bayle "resulta incomprensible y contradictorio que se incrementen las privatizaciones, que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público", a lo que ha añadido que "el modelo de privatización al que tiende España es el de Estados Unidos, aunque se hacen cosas en la línea de Reino Unido, Francia o Alemania, el problema es que nadie lo dice".
Llamada a la movilización ciudadana y profesional
Para concluir, el informe especifica que las Administraciones sanitarias apuestan por la insuficiencia económica en vez de hacerlo por una política de recortes de gasto y recursos y de privatizaciones, incrementado la gran participación de los sectores empresariales en la financiación, gestión y provisión de servicios sufragados con fondos públicos.
Concretamente, tal y como ha manifestado Sánchez Bayle, no hay ninguna política dirigida a incrementar la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos o la apuesta por la promoción y prevención de salud frente a la medicalización. "El sistema no es insostenible, se quiere hacer insostenible no apostando por medidas que controlen el gasto en Farmacia o la sobreutilización de las tecnologías", ha argumentado el portavoz de FADSP.
Además, el abandono de políticas de personal incentivadoras que generan un clima de desmotivación conducirá a un aumento de la ineficiencia y a la pérdida de calidad, tal y como ha reseñado Bayle.
Por todo esto, desde FADSP consideran que es necesaria una respuesta social y profesional, global y proporcional a la intensidad de la política de restricciones en la Sanidad, en la que se debe activar una "estrategia de alianza ciudadana y profesional", coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local para hacer frente al desmantelamiento del sistema sanitario en nuestro país. Además, Sánchez Bayle ha reconocido que "aunque se están produciendo movilizaciones desordenadas y poco cohesionadas por comunidades, sería deseable una movilización estatal".
Por último, ante el reciente anuncio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de potenciar la libre elección de médico y centro en toda España, el portavoz de FADSP ha señalado que es una medida "tremendamente negativa" que romperá la integridad del sistema sanitario porque "potenciará a los grandes centros hospitalarios de prestigio en deterioro de los más pequeños, lo que creará problemas de cobertura".
Así pues, como ha reconocido Sánchez Bayle "estamos antes una primera fase de los recortes y es probable que se produzca otra en marzo, después de las elecciones andaluzas y la presentación de los presupuestos generales del Estado, lo que tendrá repercusiones importantes", a lo que ha añadido que "cuando en marzo evaluemos el impacto de las medidas que se están tomando ahora, ya se estarán introduciendo otras". Además, ha señalado que las medidas de recorte contradicen las promesas políticas de mantener la garantía de un servicio sanitario público de calidad, "si recortamos la calidad del sistema se resentirá y no es problema del sistema en sí mismo, sino de las Administraciones sanitarias que están empeñadas en deteriorarlo de forma continuada", ha concluido el portavoz de FADSP.
Una media de 85 euros menos por habitante y año
Por lo que respecta a la financiación y los presupuestos, teniendo en cuenta que los presupuestos no se han aprobado definitivamente por los parlamentos autonómicos, con excepción de Cataluña y Extremadura, el portavoz de FADSP ha señalado que se ha producido una disminución promedio del presupuesto sanitario por habitante de 84,75 euros, respecto a 2011, y de 140,13 euros, respecto a 2010, lo que supone un descenso del 10,42 por ciento. En dicho informe, las CC.AA. que más ha disminuido su presupuesto sanitario por habitante y año han sido Cataluña, que ha pasado de 1.292,45 en 2011 a 1.128,24 euros, lo que supone un descenso de 164,21 euros, y la Comunidad Valenciana, que ha pasado de 1.078,95 euros a 974,82 euros en 2012, lo que supone un recorte de 104,13 euros. Al hilo, Sánchez Bayle ha manifestado que la restricción presupuestaria es "absolutamente insoportable y preocupante" en Valencia, "la peor con diferencia", como ha matizado, porque es la comunidad que menos presupuesta para Sanidad al año y la que mayor deuda sanitaria, bruta y por habitante, mantiene, tal y como ha informado.
Por el contrario, comunidades como Andalucía, Baleares y Canarias han aumentado su presupuesto sanitario y otras como Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y Madrid se quedan prácticamente igual con aumentos y disminuciones de menos de 10 euros por habitante al año. Concretamente, País Vasco es la comunidad que más euros destina a Sanidad por habitante al año, un total de 1.557,78 euros.
Política restrictiva de personal y copago
Por otra parte, los recortes también se están trasladando "sin excepción", como ha apuntado Sánchez Bayle, a una política restrictiva de personal lo que está produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo, un aumento de los horarios, así como disminuciones salariales. En definitiva, un deterioro de las condiciones de trabajo y la una disminución de los profesionales sanitarios que aboca a medio plazo a un deterioro de las prestaciones debido al aumento de la presión asistencial, según ha informado el experto.
Así, en todas las CC.AA. se están disminuyendo y recortando las interinidades y los contratos eventuales; restringiendo las suplencias y la cobertura de vacantes que se producen por motivos naturales, bien por traslados, jubilaciones, incapacidades o fallecimientos; y aumentando las horas de trabajo, concretamente en Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia se plantean el aumento del horario semanal en 2,5 horas, lo que supondría entre 16 y 19 días más de trabajo anual, aunque, como ha recordado Bayle, "todavía no se ha concretado cómo se llevará a cabo".
Además, la pérdida de derechos incapacidad transitoria (IT) que se han planteado en algunas comunidades como Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha, suponen reducciones importantes en las percepciones, especialmente en las bajas de larga duración. Al hilo, el portavoz de FADSP ha advertido del peligro que supone esta medida ya que se induce a que profesionales sanitarios que sufran alguna enfermedad infectocontagiosa sigan desarrollando su actividad, por miedo a un descenso considerable de su nómina, y, por tanto, pongan el riesgo la salud de sus pacientes.
Sánchez Bayle también se ha referido a las tasas y copagos "que por suerte son pocas las iniciativas de este tipo que se están implantando", como ha apuntado, recordando la iniciativa de cobrar un euro por receta en Cataluña o la aplicación de tasas para la renovación de la tarjeta sanitaria individual (TSI) en Baleares y por su extravío en Galicia. En este sentido, "es flagrante que el Ministerio no haya tomado parte activa en que algunas CC.AA. estén estableciendo sistemas de tasas en claro incumplimiento de ley".
Recortes en las prestaciones
Por otra parte, Sánchez Bayle se ha referido a la disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas, de quirófanos, con disminución de personal de guardia, de atención radiológica y de servicio de ambulancias. Unas medidas que, aunque son recientes, ya tienen consecuencias, tal y como ha informado, con el ejemplo de Cataluña donde se han incrementado las listas de espera en más de 25.000 pacientes.
Por lo que se refiere a la atención sanitaria al aborto, desde FADSP han informado que las medidas han sido de dos tipos: el impago a los centros privados donde se realizaban los abortos, como en Castilla-La Mancha, buscando el cierre de las clínicas por quiebra, y el intento en Baleares del pago anticipado. Esto, unido a la nueva Ley del aborto anunciada por el Gobierno originará, como ha manifestado Sánchez Bayle, "que volvamos atrás, que se criminalice el aborto y que estemos como hace treinta años, en definitiva que se tengan que fletar aviones a Londres para poder acceder esa prestación".
En otro orden de cosas, Bayle ha subrayado también que es "especialmente preocupante" el establecimiento de un plazo de empadronamiento de 6 meses para el acceso a las TSI como en el caso de Galicia, lo que impide el acceso a los inmigrantes durante ese período, aunque estén legalmente en nuestro país, y pone serias trabas a los españoles que trasladen su domicilio a esa comunidad ya que tendrán dificultades para la asignación de médico general.
Privatización al estilo americano
Otro de los fenómenos que recoge el informe es el aumento de las privatizaciones, siguiendo un patrón irregular en las fórmulas adoptadas y en la intensidad del proceso según cada comunidad. Así, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos "preocupantes" en las demás CC.AA. con excepción de País Vasco y Andalucía. Así, para Bayle "resulta incomprensible y contradictorio que se incrementen las privatizaciones, que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público", a lo que ha añadido que "el modelo de privatización al que tiende España es el de Estados Unidos, aunque se hacen cosas en la línea de Reino Unido, Francia o Alemania, el problema es que nadie lo dice".
Llamada a la movilización ciudadana y profesional
Para concluir, el informe especifica que las Administraciones sanitarias apuestan por la insuficiencia económica en vez de hacerlo por una política de recortes de gasto y recursos y de privatizaciones, incrementado la gran participación de los sectores empresariales en la financiación, gestión y provisión de servicios sufragados con fondos públicos.
Concretamente, tal y como ha manifestado Sánchez Bayle, no hay ninguna política dirigida a incrementar la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos o la apuesta por la promoción y prevención de salud frente a la medicalización. "El sistema no es insostenible, se quiere hacer insostenible no apostando por medidas que controlen el gasto en Farmacia o la sobreutilización de las tecnologías", ha argumentado el portavoz de FADSP.
Además, el abandono de políticas de personal incentivadoras que generan un clima de desmotivación conducirá a un aumento de la ineficiencia y a la pérdida de calidad, tal y como ha reseñado Bayle.
Por todo esto, desde FADSP consideran que es necesaria una respuesta social y profesional, global y proporcional a la intensidad de la política de restricciones en la Sanidad, en la que se debe activar una "estrategia de alianza ciudadana y profesional", coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local para hacer frente al desmantelamiento del sistema sanitario en nuestro país. Además, Sánchez Bayle ha reconocido que "aunque se están produciendo movilizaciones desordenadas y poco cohesionadas por comunidades, sería deseable una movilización estatal".
Por último, ante el reciente anuncio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de potenciar la libre elección de médico y centro en toda España, el portavoz de FADSP ha señalado que es una medida "tremendamente negativa" que romperá la integridad del sistema sanitario porque "potenciará a los grandes centros hospitalarios de prestigio en deterioro de los más pequeños, lo que creará problemas de cobertura".
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