Los ajustes en la Sanidad catalana llevan a los hospitales a operar antes a los pacientes dispuestos a pagar
Barcelona (11-13/02/2012) - Nerea Garay/E.P.
Por otro lado, la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012 preveerá finalmente que las necesidades asistenciales del territorio sean consideradas motivo para que los sanitarios del Insistuto Catalán de la Salud (ICS) puedan prolongar el servicio activo hasta los 70 años
Colectivos de profesionales sanitarios, centrales sindicales y grupos políticos de la oposición de Cataluña están advirtiendo que los drásticos recortes del Gobierno están consiguiendo una sanidad a dos velocidades, en la cual el mismo centro hospitalario y un mismo médico pueden intervenir antes al paciente que esté dispuesto a pagar para evitar las largas listas de espera.
Esto ha sucedido ya en el hospital de La Seu d'Urgell (Lleida), que desde el pasado lunes ofrece sus quirófanos, cerrados por la tarde por los recortes, al sector privado. A las centrales sindicales profesionales y de clase, como UGT, les preocupa que esta situación pueda generalizarse pronto en todos los centros de Cataluña, donde solo ocho de los cerca de 70 hospitales que actúan como públicos son directamente gestionados por la Generalitat. El resto son financiados con dinero público, pero gestionados por otras Administraciones —locales, comarcales...— o entidades privadas sin afán de lucro.
La dureza de los recortes ha hecho que muchos de estos hospitales cuenten en estos momentos con instalaciones infrautilizadas que su autonomía de gestión les permite poner en el mercado en busca de ingresos alternativos. Según ha explicado el responsable de sanidad de UGT, Juan Cobacho, "la Generalitat contrata menos servicios, pero los hospitales necesitan mantener sus ingresos. De ahí que intenten optimizar sus quirófanos", añaden.
Del mismo modo, desde el Partido Socialista Catalán (PSC) están mostrando su preocupación ante la situación que se está generando. "Estamos caminando hacia un sistema en el que solo el que pueda pagar tendrá una sanidad rápida y eficaz", alerta el responsable de sanidad del PSC en el Parlamento, Josep Maria Sabaté.
Hasta la llegada de los recortes, algunos de estos hospitales tenían acuerdos puntuales con mutuas o seguros privados. Sin embargo, para los pacientes de la sanidad pública existía la garantía de ser operados antes de seis meses, límite que ha suspendido el Gobierno convergente de Mas. Con el aumento de las listas de espera causado por los recortes (un 23 por ciento en el primer semestre de 2011, último del que se han hecho públicos los datos), la opción de pagar para saltarse la lista de espera resulta ya interesante para muchos.
"Lo que es nuevo es que la combinación entre recortes y la independencia de gestión de los centros está creando dos listas de espera", afirma Sabaté. En esta misma línea, censura que la reforma para convertir en empresas los ocho hospitales de la Generalitat puede ahondar aún más estas diferencias que iran en detrimento de la calidad asistencial y universal para toda la ciudadanía.
Para el portavoz de UGT en Sanidad en Cataluña, "esta situación es una perversión del sistema: el paciente acude al mismo centro y le trata el mismo médico que con la sanidad pública, pero además tiene que pagar".
"Hasta ahora la Generalitat tutelaba que no existiera una diferencia de trato entre la sanidad pública y la privada en los hospitales concertados", asegura Sabaté. "El trato era similar. Ahora aquellos que contraten una mutua saben que se les opera antes. En muchos hospitales cuando ingresa el paciente ya le preguntan si tiene mutua", aseguran. Desde UGT y el PSE temen que la reforma que ultima la Generalitat para convertir en empresas los ocho hospitales que gestiona amenaza con ahondar la brecha. "
Sobreprecio en obras de cinco hospitales públicos
Por otro lado, la Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha emitido un informe en el que destaca que al menos tres de los cinco proyectos de construcción o ampliación de hospitales, fiscalizados en el marco del plan de inversiones en equipamientos de salud entre 2004 y 2012, presentaron encarecimientos cercanos al 20 por ciento al finalizar las obras.
El informe identifica que en el caso del Hospital de Mollet el sobreprecio fue del 27,8 por ciento, en el caso del Hospital de Igualada (Barcelona) fue del 22,5 y en el del Hospital de Figueres (Girona) del 17,4 por ciento.
El incremento significativo en el presupuesto se produjo por "sucesivas modificaciones en los proyectos", del que solo una parte se puede explicar por el incremento de la superficie prevista.
De hecho, la Sindicatura precisa que algunos casos se observó que el encarecimiento también estuvo motivado por el incremento de los honorarios para la redacción o dirección de los proyectos, por lo que recomienda que en un futuro se establezcan procedimientos de planificación más precisos que produzcan cambios "mínimos".
Por ello, y tomando como referencia que las entidades responsables de la dirección y administración de los hospitales tienen a menudo orígenes, formas jurídicas y composiciones muy diversas, la Sindicatura recomienda que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) contribuya a la mejora de la gestión y a la corrección progresiva de los problemas observados.
Prolongación del servicio activo
Por otro lado, y en el ámbito de Cataluña, la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012 preveerá finalmente que las necesidades asistenciales del territorio sean consideradas motivo para que los sanitarios del Insistuto Catalán de la Salud (ICS) puedan prolongar el servicio activo hasta los 70 años. La ley prevé la "jubilación forzosa" de los sanitarios del ICS, de 8 grandes hospitales y de la gran mayoría de ambulatorios públicos, al cumplir los 65 años con carácter general, si bien contempla excepciones concretas, en una medida acordada en el seno del consejo de administración del ICS.
Inicialmente, la norma contemplaba como excepciones para prolongar el servicio activo hasta los 70 años, previa solicitud del interesado, que al profesional le queden seis años o menos de cotización para completar su pensión de jubilación, o bien por "necesidades asistenciales" que estén reconocidas en una resolución expresa.
En ningún caso se podrá prolongar el servicio activo sin dicha autorización y, en el caso del personal que requiera trabajar algún año adicional para completar su jubilación, causará baja en el momento que acredite el tiempo de cotización necesario "sea cual sea el importe" final de la pensión.
Tras la negociación entre CiU y PP, se han incorporado dos nuevas exepciones para evitar la jubilización forzosa: las necesidades asistenciales del territorio para que las jubilaciones no perjudiquen la calidad de los servicios sanitarios en la zona, y "el prestigio profesional de los médicos que quieren seguir trabajando hasta los 70 años".
Como se recordará, el equipo de Govern anterior, con la entonces consellera de Salud, Marina Geli, al frente aprobó en 2004 un decreto para obligar la jubilación forzosa de médicos más allá de los 65 años, en una medida muy criticada por los facultativos. En octubre de 2007 se aprobó una moratoria en la jubilación obligatoria a los 65 años para seis especialidades -Medicina de Familia, Obstetricia y Ginecología, Anestesiología, Psiquiatría, Radiología y Pediatría-, por la falta de especialistas en estos ámbitos.
En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la norma aprobada por el ICS que establecía la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, dando la razón así al sindicato Médicos de Catalunya (MC).
Esto ha sucedido ya en el hospital de La Seu d'Urgell (Lleida), que desde el pasado lunes ofrece sus quirófanos, cerrados por la tarde por los recortes, al sector privado. A las centrales sindicales profesionales y de clase, como UGT, les preocupa que esta situación pueda generalizarse pronto en todos los centros de Cataluña, donde solo ocho de los cerca de 70 hospitales que actúan como públicos son directamente gestionados por la Generalitat. El resto son financiados con dinero público, pero gestionados por otras Administraciones —locales, comarcales...— o entidades privadas sin afán de lucro.
La dureza de los recortes ha hecho que muchos de estos hospitales cuenten en estos momentos con instalaciones infrautilizadas que su autonomía de gestión les permite poner en el mercado en busca de ingresos alternativos. Según ha explicado el responsable de sanidad de UGT, Juan Cobacho, "la Generalitat contrata menos servicios, pero los hospitales necesitan mantener sus ingresos. De ahí que intenten optimizar sus quirófanos", añaden.
Del mismo modo, desde el Partido Socialista Catalán (PSC) están mostrando su preocupación ante la situación que se está generando. "Estamos caminando hacia un sistema en el que solo el que pueda pagar tendrá una sanidad rápida y eficaz", alerta el responsable de sanidad del PSC en el Parlamento, Josep Maria Sabaté.
Hasta la llegada de los recortes, algunos de estos hospitales tenían acuerdos puntuales con mutuas o seguros privados. Sin embargo, para los pacientes de la sanidad pública existía la garantía de ser operados antes de seis meses, límite que ha suspendido el Gobierno convergente de Mas. Con el aumento de las listas de espera causado por los recortes (un 23 por ciento en el primer semestre de 2011, último del que se han hecho públicos los datos), la opción de pagar para saltarse la lista de espera resulta ya interesante para muchos.
"Lo que es nuevo es que la combinación entre recortes y la independencia de gestión de los centros está creando dos listas de espera", afirma Sabaté. En esta misma línea, censura que la reforma para convertir en empresas los ocho hospitales de la Generalitat puede ahondar aún más estas diferencias que iran en detrimento de la calidad asistencial y universal para toda la ciudadanía.
Para el portavoz de UGT en Sanidad en Cataluña, "esta situación es una perversión del sistema: el paciente acude al mismo centro y le trata el mismo médico que con la sanidad pública, pero además tiene que pagar".
"Hasta ahora la Generalitat tutelaba que no existiera una diferencia de trato entre la sanidad pública y la privada en los hospitales concertados", asegura Sabaté. "El trato era similar. Ahora aquellos que contraten una mutua saben que se les opera antes. En muchos hospitales cuando ingresa el paciente ya le preguntan si tiene mutua", aseguran. Desde UGT y el PSE temen que la reforma que ultima la Generalitat para convertir en empresas los ocho hospitales que gestiona amenaza con ahondar la brecha. "
Sobreprecio en obras de cinco hospitales públicos
Por otro lado, la Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha emitido un informe en el que destaca que al menos tres de los cinco proyectos de construcción o ampliación de hospitales, fiscalizados en el marco del plan de inversiones en equipamientos de salud entre 2004 y 2012, presentaron encarecimientos cercanos al 20 por ciento al finalizar las obras.
El informe identifica que en el caso del Hospital de Mollet el sobreprecio fue del 27,8 por ciento, en el caso del Hospital de Igualada (Barcelona) fue del 22,5 y en el del Hospital de Figueres (Girona) del 17,4 por ciento.
El incremento significativo en el presupuesto se produjo por "sucesivas modificaciones en los proyectos", del que solo una parte se puede explicar por el incremento de la superficie prevista.
De hecho, la Sindicatura precisa que algunos casos se observó que el encarecimiento también estuvo motivado por el incremento de los honorarios para la redacción o dirección de los proyectos, por lo que recomienda que en un futuro se establezcan procedimientos de planificación más precisos que produzcan cambios "mínimos".
Por ello, y tomando como referencia que las entidades responsables de la dirección y administración de los hospitales tienen a menudo orígenes, formas jurídicas y composiciones muy diversas, la Sindicatura recomienda que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) contribuya a la mejora de la gestión y a la corrección progresiva de los problemas observados.
Prolongación del servicio activo
Por otro lado, y en el ámbito de Cataluña, la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012 preveerá finalmente que las necesidades asistenciales del territorio sean consideradas motivo para que los sanitarios del Insistuto Catalán de la Salud (ICS) puedan prolongar el servicio activo hasta los 70 años. La ley prevé la "jubilación forzosa" de los sanitarios del ICS, de 8 grandes hospitales y de la gran mayoría de ambulatorios públicos, al cumplir los 65 años con carácter general, si bien contempla excepciones concretas, en una medida acordada en el seno del consejo de administración del ICS.
Inicialmente, la norma contemplaba como excepciones para prolongar el servicio activo hasta los 70 años, previa solicitud del interesado, que al profesional le queden seis años o menos de cotización para completar su pensión de jubilación, o bien por "necesidades asistenciales" que estén reconocidas en una resolución expresa.
En ningún caso se podrá prolongar el servicio activo sin dicha autorización y, en el caso del personal que requiera trabajar algún año adicional para completar su jubilación, causará baja en el momento que acredite el tiempo de cotización necesario "sea cual sea el importe" final de la pensión.
Tras la negociación entre CiU y PP, se han incorporado dos nuevas exepciones para evitar la jubilización forzosa: las necesidades asistenciales del territorio para que las jubilaciones no perjudiquen la calidad de los servicios sanitarios en la zona, y "el prestigio profesional de los médicos que quieren seguir trabajando hasta los 70 años".
Como se recordará, el equipo de Govern anterior, con la entonces consellera de Salud, Marina Geli, al frente aprobó en 2004 un decreto para obligar la jubilación forzosa de médicos más allá de los 65 años, en una medida muy criticada por los facultativos. En octubre de 2007 se aprobó una moratoria en la jubilación obligatoria a los 65 años para seis especialidades -Medicina de Familia, Obstetricia y Ginecología, Anestesiología, Psiquiatría, Radiología y Pediatría-, por la falta de especialistas en estos ámbitos.
En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la norma aprobada por el ICS que establecía la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, dando la razón así al sindicato Médicos de Catalunya (MC).
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