Los sindicatos cántabros rechazan el plan de ajuste del Gobierno regional y anuncian movilizaciones
Santander (18-20/02/2012) - E.P.
• Cantabria implanta el céntimo sanitario, que afirma que se devolverá en su totalidad a los profesionales. Con esta medida, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad de sus Servicios Públicos, la Administración cántabra espera recaudar unos 22 millones anuales
• Se incrementan de 35 a 37,5 las horas semanales de trabajo del personal estatutario del SCS, que deberá racionalizar su gasto; se elimina la reducción de la jornada a los docentes mayores de 55 años y se reducirá el gasto farmacéutico con la PPA
Los sindicatos de la Sanidad cántabra, UGT, CSIF, ATI, SATSE, SASC y SIEP han rechazado en un comunicado conjunto el plan de ajuste aprobado por el Gobierno de Cantabria este jueves, tras confirmar su intención de elaborar un "amplio" calendario de movilizaciones, que se iniciará el miércoles 22 de febrero con una concentración en el Edificio 2 de Noviembre del Hospital de Valdecilla, a las 13.30 horas.
En su comunicado, UGT, CSIF, ATI, SATSE, SASC y SIEP, que se reunirán el próximo lunes para ultimar el calendario de movilizaciones, muestran su "más enérgico rechazo y oposición" a unas medidas "impuestas sin ningún tipo de negociación" y que "incrementarán el desempleo en el sector sanitario de Cantabria con la pérdida de unos 600 puestos de trabajo".
Entre otras cuestiones, los sindicatos rechazan el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y la eliminación del complemento de incapacidad temporal y recuerdan que estas medidas lesivas para los trabajadores se añaden "a las que ya se aplicaron el pasado verano al personal de la sanidad pública de Cantabria".
Plan de ajuste
El Gobierno de Cantabria hacía público este jueves su plan de ajuste con el que espera recaudar unos 22 millones de euros anuales con la implantación de un céntimo sanitario "que se devolverá al cien por cien a los profesionales", y reducirá a la mitad sus empresas públicas (de 45 a 22), que tendrán planes de viabilidad, topes salariales y deberán ser autosuficientes. Son las principales medidas del denominado Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Administración del Gobierno de Cantabria con el objetivo de que la autonomía y sus servicios públicos tengan "futuro". El céntimo sanitario será de 4,8 céntimos por litro, el máximo permitido. Estarán exentos el gasóleo de calefacción, el agrícola y el pesquero.
Arropado por las consejeras de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas; y Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, el presidente cántabro, Ignacio Diego,presentaba este Plan que incluye también la subida del canon de saneamiento, el aumento de la ratio de alumnos por aula, medidas en el plano del personal sanitario y de ahorro en el funcionamiento de la Administración.
Con las medidas centradas en la reducción de gasto y por las de aumento de ingresos, se espera poder obtener este mismo año un total de 157 millones de euros, para poder hacer frente a la factura "conjunta" de la crisis, pero también del "desgobierno" y la "fiesta" que se vivió en Cantabria en los últimos años.
A este plan se ha llegado después de un estudio económico y "ético" por parte del Gobierno de la situación económica encontrada al llegar, en la que los anteriores Ejecutivos central y regional estuvieron "a punto de cargarse" la comunidad autónoma, dijo Diego, acumulando un déficit medio anual de más de 300 millones de euros. En el sector público, las opciones son diferentes, adaptadas a cada empresa, por lo que aún no se puede determinar a cuantos empleados afectarán, aunque la reducción de personal será "significativa" y se incluyen topes salariales, de forma que los trabajadores del sector público empresarial no cobren más que los de la Administración regional en iguales categorías.
Sí que se ha fijado que se reducirán a la mitad, pasando de 45 a 22. Emprendiser será absorbida por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. Se mantienen la Fundación Marqués de Valdecilla, el Hospital Virtual Valdecilla y el SEMCA (el servicio de emergencias).
Medidas de personal
En materia de personal elm Plan reduce al mínimo permitido por la Ley el número de liberados sindicales, mientras se elimina el complemento de la incapacidad temporal por contingencia común durante el primer mes y se prohíbe la prolongación de la permanencia en el servicio activo. Las medidas de personal también afectan a los empleados de las áreas de Educación y Sanidad.
Así, se incrementan de 35 a 37,5 las horas semanales de trabajo del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud, se elimina la reducción de la jornada a los docentes mayores de 55 años. En Sanidad, se reducirá el gasto farmacéutico por prescripción por principio activo, y se adoptará un Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, para "garantizar" las prestaciones.
La Administración tendrá que adoptar "nuevos modos" de funcionar, que pasan por la racionalización del gasto, con la contratación centralizada, por un lado en el Servicio Cántabro de Salud y por otro, en el resto del Gobierno, que se combina con un programa de reducción del gasto corriente y con la racionalización de edificios, para evitar los costes en alquileres y asociados que provoca la dispersión de sedes.
Por ello, María José Sáenz de Buruaga manifestaba su intención de iniciar la semana que viene una ronda de contactos con los sindicatos del sector sanitario para informarles sobre la ampliación de la jornada laboral del personal del Servicio Cántabro de Salud a 37,5 horas semanales. Estos contactos bilaterales serían previos a la reunión de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, en la que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales negociará con los sindicatos CC.OO, UGT, CSIF, SATSE y ATI cómo se aplica esta medida, que supone un incremento equivalente a 112 horas al año (16 días).
Sáenz de Buruaga ha subrayado que se trata de valorar las alternativas más eficientes para la organización, conciliando los intereses en juego, y ha hecho hincapié en que se buscará el mínimo impacto sobre los puestos de trabajo, las plantillas y las retribuciones y los máximos beneficios para la actividad asistencial. "No se trata de amortizar y de ahorrar sí o sí, sino de reorganizar buscando fortalecer la asistencia, la eficiencia y la calidad".
Según la vicepresidenta, los sindicatos no van a encontrar "ni ocultación ni imposición, sino transparencia absoluta y toda la voluntad de diálogo", por tratarse de una medida que afecta a las condiciones de trabajo del personal del SCS.
La consejera reconocía que la ampliación de la jornada "puede llevar aparejada" como medida de racionalización de gasto la pérdida de algún empleo temporal, pero ha negado "rotundamente" la posibilidad de que se produzcan 600 despidos, como se ha anticipado "en un juicio desproporcionado y poco fundamentado".
En su comunicado, UGT, CSIF, ATI, SATSE, SASC y SIEP, que se reunirán el próximo lunes para ultimar el calendario de movilizaciones, muestran su "más enérgico rechazo y oposición" a unas medidas "impuestas sin ningún tipo de negociación" y que "incrementarán el desempleo en el sector sanitario de Cantabria con la pérdida de unos 600 puestos de trabajo".
Entre otras cuestiones, los sindicatos rechazan el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y la eliminación del complemento de incapacidad temporal y recuerdan que estas medidas lesivas para los trabajadores se añaden "a las que ya se aplicaron el pasado verano al personal de la sanidad pública de Cantabria".
Plan de ajuste
El Gobierno de Cantabria hacía público este jueves su plan de ajuste con el que espera recaudar unos 22 millones de euros anuales con la implantación de un céntimo sanitario "que se devolverá al cien por cien a los profesionales", y reducirá a la mitad sus empresas públicas (de 45 a 22), que tendrán planes de viabilidad, topes salariales y deberán ser autosuficientes. Son las principales medidas del denominado Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Administración del Gobierno de Cantabria con el objetivo de que la autonomía y sus servicios públicos tengan "futuro". El céntimo sanitario será de 4,8 céntimos por litro, el máximo permitido. Estarán exentos el gasóleo de calefacción, el agrícola y el pesquero.
Arropado por las consejeras de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas; y Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, el presidente cántabro, Ignacio Diego,presentaba este Plan que incluye también la subida del canon de saneamiento, el aumento de la ratio de alumnos por aula, medidas en el plano del personal sanitario y de ahorro en el funcionamiento de la Administración.
Con las medidas centradas en la reducción de gasto y por las de aumento de ingresos, se espera poder obtener este mismo año un total de 157 millones de euros, para poder hacer frente a la factura "conjunta" de la crisis, pero también del "desgobierno" y la "fiesta" que se vivió en Cantabria en los últimos años.
A este plan se ha llegado después de un estudio económico y "ético" por parte del Gobierno de la situación económica encontrada al llegar, en la que los anteriores Ejecutivos central y regional estuvieron "a punto de cargarse" la comunidad autónoma, dijo Diego, acumulando un déficit medio anual de más de 300 millones de euros. En el sector público, las opciones son diferentes, adaptadas a cada empresa, por lo que aún no se puede determinar a cuantos empleados afectarán, aunque la reducción de personal será "significativa" y se incluyen topes salariales, de forma que los trabajadores del sector público empresarial no cobren más que los de la Administración regional en iguales categorías.
Sí que se ha fijado que se reducirán a la mitad, pasando de 45 a 22. Emprendiser será absorbida por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. Se mantienen la Fundación Marqués de Valdecilla, el Hospital Virtual Valdecilla y el SEMCA (el servicio de emergencias).
Medidas de personal
En materia de personal elm Plan reduce al mínimo permitido por la Ley el número de liberados sindicales, mientras se elimina el complemento de la incapacidad temporal por contingencia común durante el primer mes y se prohíbe la prolongación de la permanencia en el servicio activo. Las medidas de personal también afectan a los empleados de las áreas de Educación y Sanidad.
Así, se incrementan de 35 a 37,5 las horas semanales de trabajo del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud, se elimina la reducción de la jornada a los docentes mayores de 55 años. En Sanidad, se reducirá el gasto farmacéutico por prescripción por principio activo, y se adoptará un Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, para "garantizar" las prestaciones.
La Administración tendrá que adoptar "nuevos modos" de funcionar, que pasan por la racionalización del gasto, con la contratación centralizada, por un lado en el Servicio Cántabro de Salud y por otro, en el resto del Gobierno, que se combina con un programa de reducción del gasto corriente y con la racionalización de edificios, para evitar los costes en alquileres y asociados que provoca la dispersión de sedes.
Por ello, María José Sáenz de Buruaga manifestaba su intención de iniciar la semana que viene una ronda de contactos con los sindicatos del sector sanitario para informarles sobre la ampliación de la jornada laboral del personal del Servicio Cántabro de Salud a 37,5 horas semanales. Estos contactos bilaterales serían previos a la reunión de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, en la que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales negociará con los sindicatos CC.OO, UGT, CSIF, SATSE y ATI cómo se aplica esta medida, que supone un incremento equivalente a 112 horas al año (16 días).
Sáenz de Buruaga ha subrayado que se trata de valorar las alternativas más eficientes para la organización, conciliando los intereses en juego, y ha hecho hincapié en que se buscará el mínimo impacto sobre los puestos de trabajo, las plantillas y las retribuciones y los máximos beneficios para la actividad asistencial. "No se trata de amortizar y de ahorrar sí o sí, sino de reorganizar buscando fortalecer la asistencia, la eficiencia y la calidad".
Según la vicepresidenta, los sindicatos no van a encontrar "ni ocultación ni imposición, sino transparencia absoluta y toda la voluntad de diálogo", por tratarse de una medida que afecta a las condiciones de trabajo del personal del SCS.
La consejera reconocía que la ampliación de la jornada "puede llevar aparejada" como medida de racionalización de gasto la pérdida de algún empleo temporal, pero ha negado "rotundamente" la posibilidad de que se produzcan 600 despidos, como se ha anticipado "en un juicio desproporcionado y poco fundamentado".
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