Se estima que el SNS destina alrededor de 75 millones de euros en tratamientos rehabilitadores carentes de fundamento científico o inútiles
Madrid (16/02/2012) - Ana Montero
Según un estudio, como mínimo, el 60 por ciento de los fondos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dedicado a tratamientos rehabilitadores, para pacientes con dolencias cervicales, lumbares y de hombro, se ha invertido en procedimientos que no han demostrado científicamente su eficacia. En el caso concreto de Canarias, se "derrochan" más de tres millones de euros en estos procedimientos
En este sentido, de los resultados del primer estudio español, publicado en la revista científica BioMed Central Musculoskeletal Disorders, que cuantifica la utilización de los recursos en la Sanidad pública en el área de las dolencias de cuello, espalda y hombro, se desprende que, como mínimo, el 60 por ciento de los fondos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dedicado a tratamientos rehabilitadores, para pacientes con dolencias cervicales, lumbares y de hombro, se ha invertido en procedimientos carentes de fundamento científico o inútiles y, por tanto, tal como ha señalado Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), "todas las innovaciones tecnológicas deber ser sistemáticamente evaluadas para poder ser introducidas en el SNS y además precisan de un seguimiento".
En esta línea, Sendín ha reiterado que "es deber de los profesionales denunciar las bolsas de ineficiencia del sistema", puesto que "las recomendaciones para mejorar la adopción de las innovaciones sanitarias y su utilización en la Sanidad española", título de uno de los últimos documentos de la OMC, "ya no son recomendaciones sino una necesidad", como ha apuntado.
Concretamente, el estudio, tal y como ha informado Dr. Francisco Kovacs, coautor del informe y director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), se ha realizado a partir de los datos del Sistema Canario de Salud, porque fue el primero en implantar un sistema informatizado de gestión que hacía posible computar los tratamientos rehabilitadores que recibía cada paciente, "pero todo apunta a que los datos se pueden extrapolar a todo el SNS puesto que el manejo de los pacientes es el mismo", como ha matizado.
Asimismo, hasta la fecha, según ha recordado el Dr. Kovacs, algunos estudios internacionales habían estimado el porcentaje de tecnologías sin fundamento científico que se usaban en otros países, pero éste es el primero que cuantifica el coste que suponen y el primero en calcularlo en la Sanidad pública española. En él, según han informado los expertos, han intervenido autores que carecen de conflictos de interés y ha sido financiado por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) y la Fundación Kovacs.
Así pues, según el informe, después de analizar, entre 2004 y 2007, las terapias destinadas al tratamiento del dolor lumbar, cervical o de hombro en el Servicio Canario de Salud, del mismo se extrae que se han gastado más de 5 millones de euros en costear en centros privados concertados el tratamiento rehabilitador de 8.308 pacientes con dolor de cuello, 5.693 con dolor lumbar y 5.035 con dolor de hombro, de los cuales, el 39,9 por ciento, lo que suponía el 40,5 por ciento de los costes, contaba con pruebas científicas sobre su eficacia y el resto no. En este sentido, como ha manifestado el Dr. Kovacs, "como mínimo, el 59,5 por ciento de los fondos públicos, se ha destinado a pagar tratamientos carentes de evidencia científica y el 27,54 por ciento de esos fondos ha cubierto la aplicación de tratamientos que han demostrado previamente ser inútiles. En definitiva, un total de 3 millones de euros". En este sentido, si se extrapolan las cifras a todo el SNS, "cerca de 75 millones de euros se gastan cada año en tratamientos para el dolor sin base científica", como ha subrayado el Dr. Kovacs.
"Se trata de un cálculo muy conservador", como ha apuntado el Dr. Kovacs, puesto que se ha realizado asumiendo siempre la hipótesis más favorable para la eficiencia de los recursos sanitarios, de manera que para considerar que un tratamiento era efectivo bastaba con que una sola revisión sistemática o una guía de práctica clínica lo clasificara como tal, aunque todas las demás concluyeran lo contrario, y se asumía, además que el hecho de denominar a un tratamiento con el nombre de uno que hubiera demostrado ser efectivo, significaba que lo era. Además, sólo se han calculado los costes de los pacientes tratados en clínicas privadas concertadas, que representan el 70 por ciento de los pacientes, y sólo se han computado los costes directos de personal y equipamiento.
A modo de ejemplo, el Dr. Kovacs ha asegurado que en el dolor de cuello sólo es eficaz el ejercicio o la movilización manual, no siendo así la magnetoterapia, la iontoforesis, el láser cutáneo, la onda corta, la estimulación eléctrica, los ultrasonidos o la termoterapia.
Desinvertir en lo inútil
Del mismo modo, el estudio aconseja dejar de pagar con recursos públicos los procedimientos inútiles o de eficacia desconocida y reinvertir los recursos ahorrados en aplicar tratamientos efectivos, "que se aplican en unas comunidades autónomas y en otras no", como ha matizado, siendo "urgente" racionalizar el proceso con el que actualmente se deciden qué tecnologías sanitarias no farmacológicas financia la Sanidad pública y cuáles no, bajo criterios de eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia, y, además, evaluando sus resultados.
"Hay que desinvertir en lo inútil, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista sanitario", ha manifestado el experto, puesto que, como ha añadido, "esa falta de control y el uso de tratamientos ineficaces puede exponer a los pacientes a riesgos", un hecho que el Dr. Sendín ha calificado de "inaceptable".
Al hilo, el presidente de la OMC ha señalado que hay que dejar de repetir que somos ineficaces y hay que centrarse en buscar mecanismos que permitan saber qué tecnologías sanitarias son eficaces y cuáles no lo son, al igual que ocurre con los medicamentos que sí pasan por un sistema de evaluación previo.
Al respecto, el Dr. Kovacs ha añadido que, al igual que en Bélgica o en Canadá, y a diferencia de otros países como Reino Unido donde existe un organismo -NICE- que evalúa y decide los tratamientos que el sistema público financia, en España existen seis organismos que evalúan y que además realizan sus informes de forma arbitraria, puesto que sólo informas de lo que se les pide; son ocultos, ya que no se debaten por la comunidad científica ni se publican; y además no son vinculantes. Por esta razón, y como insiste el Dr. Kovacs, "el rigor y la transparencia deben ser el denominador común de esos informes de evaluación".
Además, el coautor del informe ha insistido en que actualmente la decisión de incorporar o no una tecnología sanitaria responde a criterios políticos, "hay una comisión de prestaciones formada por 28 cargos políticos que decide y opina de cosas de las que han sido informados 48 horas antes", como ha manifestado; también arbitrarios, "las tecnologías saltan y cada comunidad autónoma las incorpora como quiere"; y de presión económica, todos ellos carentes de evidencia científica, a lo que el presidente de la OMC ha añadido que "el principio de precaución es lo que debe de prevalecer a la hora de aplicar una determinada tecnología, para no someter a los pacientes a ningún riesgo". Además, el Dr. Sendín ha recordado que no existe un registro ordenado para denunciar los efectos adversos de las tecnologías sanitarias, pero que parece que se ha puesto en marcha a raíz del "escándalo" de las prótesis PIP.
Para concluir, el Dr. Kovacs ha señalado que es necesario iniciar este tipo de estudios en otros campos porque "es rentable para saber por dónde recortar", pero también ha matizado que si las bolsas de ineficiencia se detectan pero no se hace nada, estos informes no valen para nada.
En esta línea, Sendín ha reiterado que "es deber de los profesionales denunciar las bolsas de ineficiencia del sistema", puesto que "las recomendaciones para mejorar la adopción de las innovaciones sanitarias y su utilización en la Sanidad española", título de uno de los últimos documentos de la OMC, "ya no son recomendaciones sino una necesidad", como ha apuntado.
Concretamente, el estudio, tal y como ha informado Dr. Francisco Kovacs, coautor del informe y director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), se ha realizado a partir de los datos del Sistema Canario de Salud, porque fue el primero en implantar un sistema informatizado de gestión que hacía posible computar los tratamientos rehabilitadores que recibía cada paciente, "pero todo apunta a que los datos se pueden extrapolar a todo el SNS puesto que el manejo de los pacientes es el mismo", como ha matizado.
Asimismo, hasta la fecha, según ha recordado el Dr. Kovacs, algunos estudios internacionales habían estimado el porcentaje de tecnologías sin fundamento científico que se usaban en otros países, pero éste es el primero que cuantifica el coste que suponen y el primero en calcularlo en la Sanidad pública española. En él, según han informado los expertos, han intervenido autores que carecen de conflictos de interés y ha sido financiado por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) y la Fundación Kovacs.
Así pues, según el informe, después de analizar, entre 2004 y 2007, las terapias destinadas al tratamiento del dolor lumbar, cervical o de hombro en el Servicio Canario de Salud, del mismo se extrae que se han gastado más de 5 millones de euros en costear en centros privados concertados el tratamiento rehabilitador de 8.308 pacientes con dolor de cuello, 5.693 con dolor lumbar y 5.035 con dolor de hombro, de los cuales, el 39,9 por ciento, lo que suponía el 40,5 por ciento de los costes, contaba con pruebas científicas sobre su eficacia y el resto no. En este sentido, como ha manifestado el Dr. Kovacs, "como mínimo, el 59,5 por ciento de los fondos públicos, se ha destinado a pagar tratamientos carentes de evidencia científica y el 27,54 por ciento de esos fondos ha cubierto la aplicación de tratamientos que han demostrado previamente ser inútiles. En definitiva, un total de 3 millones de euros". En este sentido, si se extrapolan las cifras a todo el SNS, "cerca de 75 millones de euros se gastan cada año en tratamientos para el dolor sin base científica", como ha subrayado el Dr. Kovacs.
"Se trata de un cálculo muy conservador", como ha apuntado el Dr. Kovacs, puesto que se ha realizado asumiendo siempre la hipótesis más favorable para la eficiencia de los recursos sanitarios, de manera que para considerar que un tratamiento era efectivo bastaba con que una sola revisión sistemática o una guía de práctica clínica lo clasificara como tal, aunque todas las demás concluyeran lo contrario, y se asumía, además que el hecho de denominar a un tratamiento con el nombre de uno que hubiera demostrado ser efectivo, significaba que lo era. Además, sólo se han calculado los costes de los pacientes tratados en clínicas privadas concertadas, que representan el 70 por ciento de los pacientes, y sólo se han computado los costes directos de personal y equipamiento.
A modo de ejemplo, el Dr. Kovacs ha asegurado que en el dolor de cuello sólo es eficaz el ejercicio o la movilización manual, no siendo así la magnetoterapia, la iontoforesis, el láser cutáneo, la onda corta, la estimulación eléctrica, los ultrasonidos o la termoterapia.
Desinvertir en lo inútil
Del mismo modo, el estudio aconseja dejar de pagar con recursos públicos los procedimientos inútiles o de eficacia desconocida y reinvertir los recursos ahorrados en aplicar tratamientos efectivos, "que se aplican en unas comunidades autónomas y en otras no", como ha matizado, siendo "urgente" racionalizar el proceso con el que actualmente se deciden qué tecnologías sanitarias no farmacológicas financia la Sanidad pública y cuáles no, bajo criterios de eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia, y, además, evaluando sus resultados.
"Hay que desinvertir en lo inútil, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista sanitario", ha manifestado el experto, puesto que, como ha añadido, "esa falta de control y el uso de tratamientos ineficaces puede exponer a los pacientes a riesgos", un hecho que el Dr. Sendín ha calificado de "inaceptable".
Al hilo, el presidente de la OMC ha señalado que hay que dejar de repetir que somos ineficaces y hay que centrarse en buscar mecanismos que permitan saber qué tecnologías sanitarias son eficaces y cuáles no lo son, al igual que ocurre con los medicamentos que sí pasan por un sistema de evaluación previo.
Al respecto, el Dr. Kovacs ha añadido que, al igual que en Bélgica o en Canadá, y a diferencia de otros países como Reino Unido donde existe un organismo -NICE- que evalúa y decide los tratamientos que el sistema público financia, en España existen seis organismos que evalúan y que además realizan sus informes de forma arbitraria, puesto que sólo informas de lo que se les pide; son ocultos, ya que no se debaten por la comunidad científica ni se publican; y además no son vinculantes. Por esta razón, y como insiste el Dr. Kovacs, "el rigor y la transparencia deben ser el denominador común de esos informes de evaluación".
Además, el coautor del informe ha insistido en que actualmente la decisión de incorporar o no una tecnología sanitaria responde a criterios políticos, "hay una comisión de prestaciones formada por 28 cargos políticos que decide y opina de cosas de las que han sido informados 48 horas antes", como ha manifestado; también arbitrarios, "las tecnologías saltan y cada comunidad autónoma las incorpora como quiere"; y de presión económica, todos ellos carentes de evidencia científica, a lo que el presidente de la OMC ha añadido que "el principio de precaución es lo que debe de prevalecer a la hora de aplicar una determinada tecnología, para no someter a los pacientes a ningún riesgo". Además, el Dr. Sendín ha recordado que no existe un registro ordenado para denunciar los efectos adversos de las tecnologías sanitarias, pero que parece que se ha puesto en marcha a raíz del "escándalo" de las prótesis PIP.
Para concluir, el Dr. Kovacs ha señalado que es necesario iniciar este tipo de estudios en otros campos porque "es rentable para saber por dónde recortar", pero también ha matizado que si las bolsas de ineficiencia se detectan pero no se hace nada, estos informes no valen para nada.
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