Tribuna. El porqué del déficit sanitario en Cataluña

Cataluña ha logrado pasar del déficit en progresión creciente a la contención y reducción del gasto. Y ello sin poner en riesgo la salud de los ciudadanos, sin eliminar servicios y sin tocar las prestaciones.

Roser Fernández. Secretaria general del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña | 10/02/2012 00:00

El presupuesto de Salud ha sido -y es- el eje central del debate presupuestario, a causa de su peso específico y del impacto de sus actuaciones. En el caso de Cataluña, la discusión, sin duda necesaria, ha sido a menudo parcial, distorsionada o sacada de contexto. Vayamos por partes.

¿Por qué ajustamos en Salud y no en otras políticas, quizás no tan esenciales? La pregunta induce al error: en Cataluña se actúa en todos los ámbitos. El Gobierno defiende de forma contundente el Estado del Bienestar, y así lo demuestra su política presupuestaria. En 2011, y por primera vez en siete años, aumentó el peso específico de salud en el conjunto del presupuesto llegando al 38 por ciento. Y eso a pesar de la reducción global del 10 por ciento que afectó a los presupuestos públicos catalanes. Otras áreas de la Generalitat han visto reducido su presupuesto en cerca del 20 por ciento.

El ajuste se ha hecho en simplificar la Administración, frenar inversiones inflacionistas, reducir gasto en farmacia y dar prioridad a la prestación de servicios asistenciales

Es cierto que, a pesar del esfuerzo de ajuste en el sector sanitario catalán en 2011, Salud continúa siendo uno de los ámbitos con mayor desviación presupuestaria, y ello es debido a que arrastraba un déficit enorme, que ha sido imposible absorber en el mismo ejercicio en el que, por primera vez en la historia del país, los servicios públicos cuentan con menos dinero que el año anterior.

En 2011 la consejería ha reducido su gasto en torno a los 840 millones de euros (un 10 por ciento de ajuste respecto al gasto efectivo del 2010). Este ajuste se ha hecho en cuatro grandes ámbitos: simplificar el funcionamiento de la Administración, frenar las inversiones inflacionistas, reducir el gasto en farmacia y dar prioridad a la prestación de servicios asistenciales. Tal y como se dijo desde el principio, este ajuste no comprometía la calidad de la atención sanitaria, aunque sí podría afectar al confort y podría conllevar más esperas en algunos casos no graves.

El balance preliminar indica que su impacto, aunque no deseable en todos los casos, sí que es socialmente asumible tanto en términos de resultados de salud, como de puestos de trabajo y de nivel de satisfacción de los usuarios. Todo ello sin quitar del catálogo ninguna prestación de cobertura pública y sin incrementar la aportación de los ciudadanos. Y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, sobre todo profesionales y usuarios, y gracias también a la capacidad de gestión y nivel de eficiencia de la sanidad pública de nuestro país.

En 2011 hemos ajustado el gasto a lo que podemos financiar. Sin embargo, llevábamos un déficit de partida de 850 millones de euros del año 2010 y unas recurrencias positivas (gastos adicionales de la puesta en funcionamiento de más de tres nuevos hospitales en el último trimestre de 2010) que eran superiores al impacto en el 2011 de los ajustes de salarios y de precios de los fármacos que se aplicaron a partir de junio del 2010. Absorber esta deuda acumulada hubiera supuesto ajustar el gasto en Salud cerca de un 20 por ciento, imposible de asumir sin afectar -entonces sí- los resultados en términos de salud.

Además de contener el gasto, se ha empezado a amortizar una parte de la deuda acumulada, y no se han aprobado acciones que comprometan presupuestos futuros (los compromisos de los último años generarán pagos hasta 2020 por valor de 5.000 millones de euros).Por lo tanto, hemos iniciado un cambio de tendencia: actuar con responsabilidad hoy y cara a las generaciones futuras, e iniciar con gestores y profesionales un proceso de reordenación del modelo asistencial con criterios de eficiencia clínica y con objetivos tangibles en la mejora de salud de los ciudadanos. Hacer políticas sociales es hacerlas sostenibles, y la Salud es demasiado importante para ser objeto de demagogias. Debemos actuar todos con la máxima responsabilidad, sin confundir ni generar alarma a los ciudadanos, y sumar esfuerzos para mantener una sanidad pública de excelencia y sostenible.

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