Tribuna: Poner el carro delante del buey

Hay que valorar hasta qué punto pueden llegar las medidas anticrisis. Los políticos, excepto los catalanes, no demuestran mucho aprecio por la introducción de copagos, mientras que muchos profesionales ven esta medida un principio de reducción de servicios.

Amando Martín Zurro. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria | 20/02/2012 00:00

Se ha repetido hasta la saciedad que en el sistema sanitario español, y en los de otros países de nuestro entorno, existen formas diversas de copago; en nuestro caso, a través de la contribución al coste de la prescripción de medicamentos. También se ha insistido en las posibilidades de mejora del copago actual, ajustándolo mejor a la renta personal y a otros factores. Los argumentos provenientes desde distintos ámbitos del espectro ideológico y las bases científicas sanitarias y económicas en que se apoyan tanto los partidarios como los detractores de esta medida también son ampliamente conocidos dentro y fuera del ámbito profesional.

Para la mayoría de los decisores políticos, la modificación del estatus actual en este campo del copago no es una prioridad. Pero muchos profesionales lo ven como un medio para reducir servicios

Los políticos, excepto los catalanes, no demuestran un entusiasmo ostensible por instaurarlo o dicen oponerse al mismo, tanto por su supuesta falta de utilidad para contribuir significativamente a mejorar la cuenta de resultados del sistema como por la inequidad. Se citan posibles problemas de accesibilidad a los servicios y escasos efectos sobre una mayor responsabilización ciudadana en la utilización de los recursos del sistema. Es evidente que la impopularidad de este tipo de propuestas, al menos a corto plazo, influye de forma negativa en el flujo de votos del que dependen, lo que contribuye a que para la mayoría de los decisores políticos la modificación del estatus actual en este campo del copago no sea una prioridad. Pero muchos profesionales sanitarios ven en la profundización de este añadido un medio para disminuir una demanda de servicios por parte de la ciudadanía que les parece excesiva y agobiante, más aún en el actual contexto de crisis.

Introducir a corto plazo medidas que impliquen un aumento de la contribución económica directa de la ciudadanía española al pago sanitario es profundamente antisocial, en un momento en que la mayoría de la población sufre recortes significativos de sus derechos laborales y de su poder adquisitivo. Por muchas medidas "ejemplarizantes" con las que nuestros gobernantes quieran hacernos creer que los "ricos también lloran", es evidente que son las clases menesterosas las que están padeciendo con una intensidad creciente los efectos negativos de la crisis. Hoy, no oponerse con rotundidad a incrementos del copago, aunque sean mínimos, es contribuir a aumentar el peso de la carga que soportan los más desfavorecidos económicamente y los que, además, padecen problemas de salud.

Reorientación profunda
La sostenibilidad de nuestro sistema sanitario siempre estará en riesgo si no se reorienta en profundidad, tanto desde la perspectiva de la priorización de los servicios que ofrece y su organización y gestión como desde la de su utilización por una ciudadanía cada vez mejor informada, participativa y autónoma en el cuidado de la propia salud.

Por lo tanto, es necesario que todos, comenzando por la propia población y siguiendo por los políticos, comunicadores, economistas y profesionales, hagamos un esfuerzo de contextualización de nuestras afirmaciones y propuestas cuando abordemos las interacciones entre crisis y sistema sanitario. No nos convirtamos en colaboradores más o menos involuntarios de aquéllos que utilizan la primera para justificar los recortes que aplican en el segundo, eso sí, sin introducir los cambios que éste necesita.

Creo que no se hablaría tanto de copagos si el sistema tuviera una financiación suficiente. La crisis implica una discordancia entre recursos económicos que se dedican y los servicios que se prestan

En un documento reciente (noviembre 2011), firmado por un grupo de miembros destacados de la Asociación de Economía de la Salud, se apuntan acertadamente muchas de las medidas que deberían tomarse para garantizar la sostenibilidad, no solamente la económica, de nuestro sistema sanitario público. Estoy de acuerdo con la gran mayoría de las propuestas menos con el enfoque que realizan en relación con el copago.

Afirman la necesidad de "reformar el inequitativo y obsoleto sistema de copagos" actual, modificando el farmacéutico. También hablan de "modular los copagos en función de criterios clínicos y de coste-efectividad con copagos evitables siempre que sea posible" y de proteger a los más débiles económicamente y a los más enfermos fijando un límite de exención total para las rentas más bajas y con un "tratamiento especial" para las patologías crónicas.

En definitiva, además de la racionalización del sistema actual de copago propugnada por todos, abren la puerta a la instauración de otras formas de copago para la prestación de servicios asistenciales. En este punto, en mi opinión, los autores del documento no contextualizan adecuadamente sus propuestas. Dicho sea esto sin entrar en la consideración de las múltiples críticas existentes sobre la necesidad, repercusiones sobre la accesibilidad y equidad y sobre la misma efectividad de los copagos para frenar el crecimiento del gasto sanitario.

Más financiación, menos debate
Creo que no se hablaría tanto de copagos si el sistema tuviera una financiación suficiente. La crisis del sistema sanitario español, como es bien conocido, es anterior a la económica actual y hunde sus raices en una infrafinanciación crónica que se inicia en la década de los años 80. Esta crisis implica una clara discordancia entre los recursos económicos que se dedican y los servicios que se prestan. El desequilibrio entre recursos asignados y servicios ofrecidos se ha acentuado en algunos casos por la irresponsabilidad política y gestión poco eficiente de ciertos gobiernos autonómicos.

Propugnemos un cambio en profundidad del sistema sanitario y de protección social, corrigiendo sus ineficiencias y consiguiendo una financiación suficiente que puede, y debe, requerir decisiones políticas de gran calado en relación con la priorización política del gasto público entre los distintos sectores (sanidad, servicios sociales, educación, infraestrucuturas, defensa...) y una lucha mucho más efectiva que la actual contra el fraude fiscal y la corrupción.

Estos son los bueyes que deben lograr que el carro avance. Una vez colocados delante del carro, y cuidando de que estén bien alimentados y dirigidos, es el momento de valorar la carga que se puede arrastrar. Si existen dificultades en el camino habrá que analizar democráticamente si hay que poner más bueyes, disminuir la carga o, si ninguna de estas dos cosas es posible, cómo se pide a la población que contribuya a superar los problemas de acuerdo con las posibilidades de cada uno de sus integrantes.

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