jueves, 16 de febrero de 2012

Un decreto obliga a instalar desbrifriladores en lugares públicos no sanitarios - DiarioMedico.com

UN AÑO PARA ADAPTARSE

Un decreto obliga a instalar desbrifriladores en lugares públicos no sanitarios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo decreto que regula la utilización de desfibriladores externos automatizados en lugares públicos fuera del ámbito sanitario.
Europa Press. Sevilla   |  16/02/2012 00:00

La norma, que sustituye a la vigente desde 2001, establece como principal novedad la disposición obligatoria de estos aparatos en grandes superficies comerciales minoristas, instalaciones de transporte de viajeros, espacios deportivos y establecimientos públicos con aforo igual o superior a 5.000 personas.
Junto con ello, el decreto también regula el manejo de los equipos por personal no facultativo y crea el Registro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados.

De acuerdo con el decreto, las personas físicas y jurídicas responsables de la gestión de los desfibriladores en estos lugares deben comunicar a la Consejería de Salud tanto los detalles de su instalación como las características técnicas. Esta comunicación contendrá también una declaración responsable que, entre otros aspectos, incluirá la garantía de disponibilidad de personal con conocimientos básicos acreditados en el entorno durante todo el horario de apertura al público. La norma fija un plazo de 12 meses para hacer efectiva la instalación.

Reacciones

El Colegio de Médicos de Málaga ha señalado que sólo las personas que estén formadas en las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) "podrán hacer uso de los dispositivos", motivo por el que ha aprovechado para recordar que el colegio "ya puso en marcha el pasado año la Escuela de RCP".

Fernando Ayuso, presidente de la Sociedad de Urgencias y Emergencias Sanitarias en Andalucía ha recordado que en sus últimas comparecencias públicas reclamó a la Junta hacer obligatoria la instalación de estos aparatos, poniendo como ejemplo a Cataluña, donde está en vigor una norma similar a la aprobada en Andalucía.
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