sábado, 7 de julio de 2012

El Gobierno de Baleares paraliza "in extremis" la huelga de los médicos y pone en apuros a los socialistas ► El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad

El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad El Gobierno de Baleares paraliza "in extremis" la huelga de los médicos y pone en apuros a los socialistas

El Gobierno de Baleares paraliza "in extremis" la huelga de los médicos y pone en apuros a los socialistas


Palma de Mallorca (07-09/07/2012) - Nerea Garay

La ya ex consejera de Salud, Carmen Castro, culpa a los socialistas "de haber engañado a todos"

El Gobierno de Baleares consiguió paralizar "in extremis" la huelga indefinida convocada por el Sindicato Médico (SIMEBAL) tras anunciar –tal y como informó EL MÉDICO INTERACTIVO- una futura ley exprés por la que los facultativos no tendrán que devolver los complementos percibidos desde 2008. El Ejecutivo de Bauzà consigue además poner en apuros al Partido Socialista de Baleares (PSIB), ya que la aprobación de la norma necesita el apoyo de dos tercios de la cámara.
En esta línea, la ya ex consejera de Sanidad, Carmen Castro, afirmó que la aprobación de la norma dependerá "de la mecánica parlamentaria" por lo que ha eludido hablar de plazos y pedido el apoyo de todas las formaciones parlamentarias para solucionar el problema de uno de los colectivos más importantes.
Carmen Castro culpó al ex titular de este departamento Vicenç Thomàs de "no decir nada y engañar a todos" en relación a los complementos que los médicos de Baleares han cobrado de manera ilegal desde el año 2008, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) de marzo de 2010.
"Los médicos de Baleares han sido víctimas de la mala gestión" del ex consejero y del anterior Gobierno socialista, aseveró Castro, que agradeció públicamente a SIMEBAL y a los médicos su responsabilidad por la desconvocatoria, aunque aseguró que "no es del gusto de nadie haber lidiado con este problema" con el que ella y el Gobierno han tenido que "lidiar".
El presidente del SIMEBAL, Isidro Torres adelantó que piensa no habrá problemas para aprobar la ley. "Creemos que los parlamentarios tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar si realmente les preocupan mucho las nóminas de los médicos de la sanidad balear".
En SIMEBAL ni se les pasa por la cabeza "el que hubiera algún diputado, aunque no milite en el PP, sabiendo que alguno es médico, que no pueda votar a favor de los 4.000 colegas que están esperando esta resolución para poder cobrar la guardia como toca y para poder solucionar sus economías familiares". "Por tanto, yo creo que ahí se van a retractar y como dice el refrán: el tiempo y los hechos son los auténticos juicios de la vida", apostillo.
Torres destacó  que "este es un tema que salpica a dos Ejecutivos, el anterior y el actual, así que el actual arco parlamentario tiene un foro de decisión y queremos entender que habrá una mayoría absoluta de todo el Parlamento por sus médicos".


"Mofa a la justicia"
Mientras, Los sindicatos UGT, CC.OO, CSI·F y USAE han mostrado su disconformidad por la medida del Gobierno balear. En su opinión, el ejecutivo de Bauzà "se mofa de la justicia" al anunciar una ley sin negociación colectiva para evitar que los médicos deban reembolsar las retribuciones percibidas desde 2008 en un acuerdo entre la anterior Administración y el Cemsatse.
El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, asegura que "no entendemos por qué no ha habido negociación", recordando que la Administración anunció el conocimiento de la sentencia que anulaba la concesión del complemento hace ya dos meses y todavía no ha entregado a las partes un documento con su postura.
Por el momento, los sindicatos están a la espera de conocer los detalles de esta ley, de la que no descartan que sea "anticonstitucional". Si ése fuera el caso, dicen que se abrirán todas las vías, "la administrativa e indudablemente la penal".
No obstante, Romero ha insistido en que si la ley se avalara a pesar de los recursos presentados, significaría "tocar el disco duro de las relaciones laborales y los derechos fundamentales como ciudadanos y trabajadores", una situación "muy grave", por la que en conversaciones con Madrid "se han llevado las manos a la cabeza", comenta.

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