El sector hospitalario teme pérdidas vinculadas al 'no' republicano a la reforma

La decisión de varios gobernadores republicanos de no extender el número de asegurados se traducirá en problemas financieros para los hospitales estadounidenses. Los gobernadores de Texas, Florida, Luisiana y Carolina del Sur, entre otros, ya han anunciado que no aceptarán fondos públicos federales para alentar Medicaid.

Redacción | 16/07/2012 18:20

La aprobación por parte del Tribunal Supremo estadounidense del núcleo central de la reforma sanitaria de Barack Obama (ver DM del 2-VII-2012) tiene varias lecturas. Tras la primera, positiva, de ampliación de cobertura sanitaria, aparece una más polémica, la de los Estados que se niegan a potenciar el programa Medicaid, destinado a la asistencia de los más desfavorecidos. Y es que aunque la reforma de Obama fue aprobada, el Tribunal Supremo dejó la puerta abierta a que los Estados pudieran mantenerse al margen de la extensión del citado programa.

Según explica Stephanie Kirchgaessner en el Financial Times, la decisión de varios gobernadores republicanos de no extender el número de asegurados se traducirá en problemas financieros para los hospitales estadounidenses. Los gobernadores de Texas, Florida, Luisiana y Carolina del Sur, entre otros, ya han anunciado que no aceptarán fondos públicos federales para alentar Medicaid. Por ejemplo, Rick Perry, gobernador de Texas, ha dicho que la reforma de Obama es "una clara intrusión en la autonomía de los Estados".

Condiciones previas

Esta decisión afecta directamente a los hospitales, que hace dos años aceptaron recortes en su financiación (más de 100.000 millones de euros a lo largo de diez años) para apoyar el proyecto sanitario del presidente Obama, con una condición que les generaría beneficios: entrarían en el sistema millones de asegurados que no volverían a hacer uso de las Urgencias como último recurso para obtener asistencia gratuita. Se da la "casualidad" de que los Estados que dicen no a la expansión de Medicaid son los que albergan más pacientes sin seguro.

Según la reforma sanitaria estadounidense, el Gobierno federal se compromete a pagar el cien por cien, durante tres años, del coste de la expansión de Medicaid en adultos sin seguro con ingresos un 133 por encima de la considerada línea de pobreza. Pasado ese tiempo, cada Estado debería financiar un 7 por ciento del coste de la expansión del programa; el Gobierno central financiaría el 93 por ciento restante.

La aprobación parcial de la reforma sanitaria aún está muy fresca, pero la red hospitalaria está empezando a asumir que deberá hacer frente a los citados recortes durante los próximos diez años y, a la vez, aceptar que sus ingresos no serán los esperados en los Estados que han mostrado su negativa a ampliar la cobertura de Medicaid.

Ya hay alternativas, aunque aún no son oficiales, sobre la mesa. Los hospitales podrían hacer uso de su fuerza como lobby para convencer a los gobernadores republicanos a dar marcha atrás en su negativa; otra opción es renegociar con el Gobierno federal los recortes pactados con anterioridad.