1.100 millones de deuda con las boticas
La Comunidad Valenciana y Cataluña acumulan más de la mitad de los impagos
Fabra pretende ahorrar 300 millones con la venta directa de fármacos
Jaime Prats / David García Vázquez Valencia / Barcelona 5 MAR 2013 - 21:53 CET19
Farmacia Bansell de l'Esquirol que se verá obligada a cerrar por los impagos de la Generalitat catalana. / Albert Alemany (EL PAÍS)
Las prolongadas demoras de las comunidades autónomas en el pago a las farmacias han vuelto a poner al sector contra las cuerdas. La deuda global asciende a más de 1.100 millones de euros, según el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Más de la mitad corresponde a la Comunidad Valenciana (362 millones) y Cataluña (302).
En total, los impagos han crecido 100 millones en dos meses. En buena medida, por el agravamiento de la situación en Cataluña, cuyas farmacias se encuentran en una situación “insostenible”, según denunciaron ayer los profesionales del sector. La Generalitat acumula ya 120 días de retraso en el pago de los medicamentos con receta vendidos en las boticas, tres meses más de lo que marca el concierto.
Las demoras, aseguran desde la institución colegial, han provocado que 14 farmacias hayan cerrado la persiana en los últimos siete meses y que 267 establecimientos —el 9% de los 3.100 existentes— sufran una “situación económica comprometida”. Ayer los boticarios convocaron una asamblea para estudiar las medidas a tomar, entre las que se contemplaba acordar un cierre patronal. Al cierre de esta edición no se había tomado ninguna decisión.
Sin embargo, es en la Comunidad Valenciana donde la situación ha dado un vuelco que se observa desde las farmacias como una nueva vuelta de tuerca a su delicada situación. El Gobierno valenciano ha aprobado un decreto dirigido a potenciar la dispensación directa de fármacos y productos sanitarios. Con ello pretende ahorrar unos 300 millones de euros anuales, un bocado que correría a cuenta de los beneficios de las farmacias y los canales de distribución.
La medida le permitiría al ejecutivo autonómico —asfixiado financieramente— aligerar su factura y acortar los plazos de pago, desbocados desde hace dos años.
Las farmacias valencianas aún no han cobrado las facturas de mitad de septiembre, octubre y noviembre —que la Generalitat fía al próximo FLA—. De la última mensualidad, la de diciembre, han percibido el 60% de lo que les corresponde, aunque lo han hecho a tiempo. Este escenario, que en cualquier otra autonomía sería motivo de gran preocupación y protestas, no lo es tanto entre los boticarios valencianos, acostumbrados a los retrasos y las promesas incumplidas. La situación es muy mala, pero mejor a la de noviembre, cuando se debían 450 millones, se pagaba con cuatro meses y medio de retraso y se acordó un cierre indefinido.
Con todo, las demoras podrían pasar a un segundo plano si se cumplen los temores de Enrique Granda, director del observatorio de la FEFE, que ve considera el decreto de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica como un torpedo en la línea de flotación de las farmacias valencianas, al abrir la puerta a la venta directa en centros públicos de todo tipo de fármacos. “Muchos medicamentos se darán a partir de ahora en hospitales y la norma no limita cuales se verán afectados”, explica Granda. “Es la primera vez que se hace algo así; y dudamos que se ajuste a la legalidad vigente”.
Una portavoz de la Generalitat relató a este diario que el decreto limita la dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos a los centros de salud, residencias de la tercera edad y domicilios en los que se encuentre algún enfermo. Y que solo afecta a un grupo de pacientes muy limitado: crónicos, polimedicados o grandes dependientes, entre otros. “Estamos hablando de productos de dispensación gratuita: empapadores y productos dietoterápicos en pacientes atendidos en su domicilio; apósitos y tiras reactivas en centros de salud; además de fármacos a 22.000 mayores de residencias públicas y concertadas”, añaden desde la consejería. No todos ven con malos ojos esta medida. “Es un reconocimiento de que la gestión directa y pública de la sanidad es más barata y eficiente”, indicó ayer la diputada del parlamento valenciano de Compromís Mònica Oltra.
Por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña, es Canarias la tercera autonomía más afectada por los impagos a las farmacias. La deuda alcanza los 110 millones de euros, según los datos de la FEFE. En Galicia, el colegio de farmacéuticos ha suscrito una póliza para cubrir los retrasos. También existen problemas en Aragón (las boticas cobran a 50 días) o Baleares, (han percibido el 60% de la factura de enero), según la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria.
La familia lleva más de un cuarto de siglo dispensando fármacos en el municipio y dan trabajo a dos empleados. Salvo que los Bansell logren en el último instante una nueva vía de financiación, los habitantes del municipio tendrán que desplazarse hasta el pueblo con farmacia más cercano, a 12 kilómetros. El problema más grave, advierte Bansell, son las aldeas y masías que dependen del servicio de su botica. “Hay algunos que tendrán que hacer hasta 25 kilómetros, y muchos son mayores o no tienen coche”.
Con el último impago del pasado mes de febrero, la Generalitat debe ya 120.000 euros a la familia. “No quiero hablar de los intereses que tengo que pagar para poder financiar esta deuda; pero son muy altos”, recuerda. “Antes arreglábamos este tipo de problemas con una póliza de crédito”, pero ahora, se queja, “los bancos ya nos han dicho que no nos van a dar nada más”. La familia admite que ha estudiado vender parte de sus propiedades como solución para mantener el negocio a flote. Pero no considera que esta sea la solución, sobre todo porque teme que un nuevo impago de la Generalitat les deje también sin ese dinero: “Se comería todo lo que consigamos”.
Los Bansell insisten en que el foco del problema debe ponerse sobre la población: “En este municipio hay mucha gente con enfermedades crónicas y ancianos. Si la gente no puede comprar sus medicamentos al día, la mayoría tendrá problemas” recuerda Àlex Bansell, que hace un llamamiento a la Generalitat para que proponga un calendario para poner al día sus pagos con los farmacéuticos.
El cierre de una farmacia debe ser comunicado al colegio provincial si dura entre dos y 30 días. Entre un mes y dos años, el colegio debe autorizarlo, algo que siempre hace si la causa son motivos económicos, como este caso. El cierre es considerado definitivo, lo que permite a otro farmacéutico solicitar la concesión, tras dos años sin actividad.
Las demoras, aseguran desde la institución colegial, han provocado que 14 farmacias hayan cerrado la persiana en los últimos siete meses y que 267 establecimientos —el 9% de los 3.100 existentes— sufran una “situación económica comprometida”. Ayer los boticarios convocaron una asamblea para estudiar las medidas a tomar, entre las que se contemplaba acordar un cierre patronal. Al cierre de esta edición no se había tomado ninguna decisión.
Sin embargo, es en la Comunidad Valenciana donde la situación ha dado un vuelco que se observa desde las farmacias como una nueva vuelta de tuerca a su delicada situación. El Gobierno valenciano ha aprobado un decreto dirigido a potenciar la dispensación directa de fármacos y productos sanitarios. Con ello pretende ahorrar unos 300 millones de euros anuales, un bocado que correría a cuenta de los beneficios de las farmacias y los canales de distribución.
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Las farmacias valencianas aún no han cobrado las facturas de mitad de septiembre, octubre y noviembre —que la Generalitat fía al próximo FLA—. De la última mensualidad, la de diciembre, han percibido el 60% de lo que les corresponde, aunque lo han hecho a tiempo. Este escenario, que en cualquier otra autonomía sería motivo de gran preocupación y protestas, no lo es tanto entre los boticarios valencianos, acostumbrados a los retrasos y las promesas incumplidas. La situación es muy mala, pero mejor a la de noviembre, cuando se debían 450 millones, se pagaba con cuatro meses y medio de retraso y se acordó un cierre indefinido.
Con todo, las demoras podrían pasar a un segundo plano si se cumplen los temores de Enrique Granda, director del observatorio de la FEFE, que ve considera el decreto de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica como un torpedo en la línea de flotación de las farmacias valencianas, al abrir la puerta a la venta directa en centros públicos de todo tipo de fármacos. “Muchos medicamentos se darán a partir de ahora en hospitales y la norma no limita cuales se verán afectados”, explica Granda. “Es la primera vez que se hace algo así; y dudamos que se ajuste a la legalidad vigente”.
Una portavoz de la Generalitat relató a este diario que el decreto limita la dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos a los centros de salud, residencias de la tercera edad y domicilios en los que se encuentre algún enfermo. Y que solo afecta a un grupo de pacientes muy limitado: crónicos, polimedicados o grandes dependientes, entre otros. “Estamos hablando de productos de dispensación gratuita: empapadores y productos dietoterápicos en pacientes atendidos en su domicilio; apósitos y tiras reactivas en centros de salud; además de fármacos a 22.000 mayores de residencias públicas y concertadas”, añaden desde la consejería. No todos ven con malos ojos esta medida. “Es un reconocimiento de que la gestión directa y pública de la sanidad es más barata y eficiente”, indicó ayer la diputada del parlamento valenciano de Compromís Mònica Oltra.
Por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña, es Canarias la tercera autonomía más afectada por los impagos a las farmacias. La deuda alcanza los 110 millones de euros, según los datos de la FEFE. En Galicia, el colegio de farmacéuticos ha suscrito una póliza para cubrir los retrasos. También existen problemas en Aragón (las boticas cobran a 50 días) o Baleares, (han percibido el 60% de la factura de enero), según la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria.
“Un cliente nos ha tenido que dejar dinero”
David García
“Tenemos dinero para cinco o seis días, después ya no sé cómo compraré medicamentos”, explica Àlex Bansell, hijo del boticario y responsable de la farmacia de Santa María de Corcó, un pueblo de 2.200 habitantes en la provincia de Barcelona. Esa es la cruda situación del establecimiento, a punto de echar el cierre y que de momento sigue abierto gracias a la ayuda de un par de clientes que cuatro días atrás dejaron dinero a los dueños para provisionarse. “Si no, ya no tendríamos nada”, se desespera Bansell.La familia lleva más de un cuarto de siglo dispensando fármacos en el municipio y dan trabajo a dos empleados. Salvo que los Bansell logren en el último instante una nueva vía de financiación, los habitantes del municipio tendrán que desplazarse hasta el pueblo con farmacia más cercano, a 12 kilómetros. El problema más grave, advierte Bansell, son las aldeas y masías que dependen del servicio de su botica. “Hay algunos que tendrán que hacer hasta 25 kilómetros, y muchos son mayores o no tienen coche”.
Con el último impago del pasado mes de febrero, la Generalitat debe ya 120.000 euros a la familia. “No quiero hablar de los intereses que tengo que pagar para poder financiar esta deuda; pero son muy altos”, recuerda. “Antes arreglábamos este tipo de problemas con una póliza de crédito”, pero ahora, se queja, “los bancos ya nos han dicho que no nos van a dar nada más”. La familia admite que ha estudiado vender parte de sus propiedades como solución para mantener el negocio a flote. Pero no considera que esta sea la solución, sobre todo porque teme que un nuevo impago de la Generalitat les deje también sin ese dinero: “Se comería todo lo que consigamos”.
Los Bansell insisten en que el foco del problema debe ponerse sobre la población: “En este municipio hay mucha gente con enfermedades crónicas y ancianos. Si la gente no puede comprar sus medicamentos al día, la mayoría tendrá problemas” recuerda Àlex Bansell, que hace un llamamiento a la Generalitat para que proponga un calendario para poner al día sus pagos con los farmacéuticos.
El cierre de una farmacia debe ser comunicado al colegio provincial si dura entre dos y 30 días. Entre un mes y dos años, el colegio debe autorizarlo, algo que siempre hace si la causa son motivos económicos, como este caso. El cierre es considerado definitivo, lo que permite a otro farmacéutico solicitar la concesión, tras dos años sin actividad.
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