ACUERDOS IMPUGNADOS
Anulada otra sanción a un médico del IMQC de Cantabria
El sector crítico del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQC) de Cantabria ha vuelto a ganar una nueva batalla en los tribunales.
Santiago Rego. Santander | 19/03/2013 00:00
El Juzgado de lo Mercantil número 1, de Santander, ha anulado la suspensión de seis meses de la actividad médica en el cuadro de la aseguradora a una pediatra, que había exigido una mayor transparencia al Consejo de Administración, y que fue sancionada con tres faltas graves sin la "suficiente motivación" que contempla el Reglamento de Régimen Interno de la entidad.
Tras señalar que la impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración por la facultativa se hicieron en tiempo -30 días-, y en forma -con el apoyo de, al menos, el 5 por ciento de los 315 médicos del IMQC-, la juez María del Mar Hernández rechaza valorar si las críticas de la sancionada merecían tal castigo, al no tratarse de un procedimiento de faltas.
La juez aclara que la sentencia ha de ceñirse a si los acuerdos impugnados por la facultativa "resultan contrarios a la ley o a los estatutos del IMQC, pero, en ningún caso, enjuiciar la conducta" de la pediatra, y su actitud crítica con la aseguradora, a quien acusa de una "continuada falta de transparencia en la gestión".
Este mismo juzgado había aceptado las medidas cautelares solicitadas por la sancionada, por lo que la suspensión, a consecuencia de las tres faltas graves que le imputaban, nunca llegó.
El órgano de gobierno del Igualatorio, cuyo director general es Pablo Corral, expresidente del Colegio de Médicos de Cantabria, consideró falta grave que facultativos contrarios a la actual dirección hicieran públicas sus quejas y críticas en correos electrónicos dirigidos a otros médicos accionistas, así como su postura contraria a proyectos y asuntos internos de la aseguradora líder en la comunidad.
Sin motivación
La sentencia reprocha al IMQC que dos de las tres sanciones, pese a lo que señala el Reglamento de Régimen Interior, no estuvieran "suficientemente motivadas", y que ni siquiera se fundamentó la imposición de la suspensión de conformidad con el artículo 34 del citado reglamento, "que prevé que las sanciones se aplicaran de acuerdo con las circunstancias de cada caso, extremo que ha de ser objeto de especial motivación en este caso", al acordarse que permaneciera seis meses fuera del cuadro médico del centro.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cantabria, concluye que, dado que se produjo "un conflicto de intereses como iniciador de un procedimiento penal frente a la recurrente", los hechos juzgados conllevan la nulidad de las tres faltas graves y la sanción de actividad de seis meses.
Falta de orientación
Igualmente, añade el fallo, el Igualatorio se limitó a señalar a la médico que recurriera ante la "jurisdicción ordinaria o ante el organismo competente, pero sin concretar cuál es el orden jurisdiccional al que cabe dirigirse para impugnar la imposición de la sanción, lo que debería haberse especificado" por la entidad que ahora preside el ginecólogo del SCS, Luis Tomás Goméz, tras la renuncia de Gutiérrez de la Concha, una vez que la vida de la entidad se dividió entre oficialistas y críticos, y comenzó a judicializarse la gestión.
Tras señalar que la impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración por la facultativa se hicieron en tiempo -30 días-, y en forma -con el apoyo de, al menos, el 5 por ciento de los 315 médicos del IMQC-, la juez María del Mar Hernández rechaza valorar si las críticas de la sancionada merecían tal castigo, al no tratarse de un procedimiento de faltas.
- La sentencia afirma que la facultativa fue sancionada sin la "suficiente motivación", que contempla el reglamento interno de la entidad
- La juez rechaza valorar si las críticas de la médico merecían el castigo impuesto, al no tratarse de un procedimiento de faltas
La juez aclara que la sentencia ha de ceñirse a si los acuerdos impugnados por la facultativa "resultan contrarios a la ley o a los estatutos del IMQC, pero, en ningún caso, enjuiciar la conducta" de la pediatra, y su actitud crítica con la aseguradora, a quien acusa de una "continuada falta de transparencia en la gestión".
Este mismo juzgado había aceptado las medidas cautelares solicitadas por la sancionada, por lo que la suspensión, a consecuencia de las tres faltas graves que le imputaban, nunca llegó.
El órgano de gobierno del Igualatorio, cuyo director general es Pablo Corral, expresidente del Colegio de Médicos de Cantabria, consideró falta grave que facultativos contrarios a la actual dirección hicieran públicas sus quejas y críticas en correos electrónicos dirigidos a otros médicos accionistas, así como su postura contraria a proyectos y asuntos internos de la aseguradora líder en la comunidad.
Sin motivación
La sentencia reprocha al IMQC que dos de las tres sanciones, pese a lo que señala el Reglamento de Régimen Interior, no estuvieran "suficientemente motivadas", y que ni siquiera se fundamentó la imposición de la suspensión de conformidad con el artículo 34 del citado reglamento, "que prevé que las sanciones se aplicaran de acuerdo con las circunstancias de cada caso, extremo que ha de ser objeto de especial motivación en este caso", al acordarse que permaneciera seis meses fuera del cuadro médico del centro.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cantabria, concluye que, dado que se produjo "un conflicto de intereses como iniciador de un procedimiento penal frente a la recurrente", los hechos juzgados conllevan la nulidad de las tres faltas graves y la sanción de actividad de seis meses.
Falta de orientación
Igualmente, añade el fallo, el Igualatorio se limitó a señalar a la médico que recurriera ante la "jurisdicción ordinaria o ante el organismo competente, pero sin concretar cuál es el orden jurisdiccional al que cabe dirigirse para impugnar la imposición de la sanción, lo que debería haberse especificado" por la entidad que ahora preside el ginecólogo del SCS, Luis Tomás Goméz, tras la renuncia de Gutiérrez de la Concha, una vez que la vida de la entidad se dividió entre oficialistas y críticos, y comenzó a judicializarse la gestión.
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