Enfermería multiplica por diez el coste que Sanidad atribuye al registro central

F. G. | fjgoiri@diariomedico.com | 25/03/2013 00:00

A la espera de que el Consejo General de Médicos concrete en un documento de alegaciones el "firme rechazo" de su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, al proyecto ministerial del registro de profesionales, el Consejo General de Enfermería remitió el viernes al Ministerio su propio análisis, en un contundente informe de 42 páginas firmado por su presidente, Máximo González Jurado.

Aunque las alegaciones al proyecto son individuales y, por tanto, ambos consejos las presentarán por separado, tanto Rodríguez Sendín como González Jurado han resaltado la plena sintonía de ambas instituciones en esta materia, y, de hecho, el argumento jurídico de Enfermería resume la esencia del rechazo verbalizado por Rodríguez Sendín: "El proyecto vulnera el régimen jurídico y las atribuciones reconocidas por directivas europeas y normativa nacional (Ley de Colegios Profesionales, Ley Ómnibus y LOPS) a los colegios profesionales, al suplantar sus fines y funciones, sobre todo en lo relativo al control y certificación de la aptitud para el ejercicio profesional", dice literalmente el informe. En suma, arremete contra el artículo 20.2 del proyecto ministerial, que atribuye a Ordenación Profesional la capacidad para acreditar si un profesional tiene la aptitud para ejercer.

Memoria "irreal"
Pero el Consejo de Enfermería cuestiona, además, los datos de la memoria económica adjunta al proyecto de Sanidad. El Ministerio reconoce expresamente que la puesta en marcha y desarrollo del registro supondría un coste de 2,7 millones de euros anuales, una cifra que Enfermería tilda de "irreal" y multiplica por más de diez, hasta llegar a más de 28 millones de euros al año. González Jurado argumenta que atender un registro con datos de un millón de personas requiere un despliegue de personal muy superior a las 68 personas que estima Sanidad, además del gasto derivado de la infraestructura y tecnología necesaria para su puesta en marcha. "El proyecto no razona ni explica cómo llega a esa cifra, y obvia que ese coste se evitaría por medio de los registros en manos de los consejos generales y colegios, que ya desempeñan esas funciones, y que, en consecuencia, las atienden con cargo a sus propios presupuestos".