lunes, 26 de diciembre de 2011

Trabajar en otro país de la UE debe contar en los concursos - DiarioMedico.com

da la razón a una facultativa del Sergas

Trabajar en otro país de la UE debe contar en los concursos

La Comisión Europea ha mandado un requerimiento a la Junta de Galicia para que en dos meses adapte su regulación de concursos de traslados a la normativa comunitaria e incluya en el baremo la experiencia profesional del médico en otro país de la Unión Europea.
Soledad Valle   |  26/12/2011 00:00

La Junta de Galicia dispone de algo menos de dos meses  para adaptar la normativa autonómica al derecho comunitario de manera que en los concursos de traslados del personal del Servicio Gallego de Salud (Sergas) se tenga en cuenta la experiencia profesional que los candidatos hayan acumulado en otro país comunitario.

La Comisión responde a la reclamación presentada por una médico especialista en Anestesiología, que es personal estatutario del Sergas. La facultativo concurrió a un concurso de traslados convocado por el servicio público en 2010. El baremo de méritos del concurso no incluía la experiencia profesional fuera del Sistema Nacional de Salud. De esta manera, la reclamante no obtuvo puntuación por los cuatro años que había ejercido como anestesióloga en Portugal.

Concepto de funcionario
Eugenio Moure, abogado de la facultativo, presentó la reclamación a la Comisión Europea argumentando que el Sergas estaba violando el derecho comunitario. La denuncia hace referencia al artículo 39 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea de 1968 que, aunque asegura la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea (en el momento de redacción del texto, la Comunidad Europea),  admite excepciones en el caso de los empleos en la Administración Pública. Sin embargo, el abogado cita las sentencias en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara la interpretación de esa excepción, señalando que como funcionario se entiende a los trabajadores que se les "supone una participación, directa o indirecta en el ejercicio del poder público".

El tribunal enumeró las actividades que corresponden al ámbito de la Administración Pública como "funciones específicas del Estado o de colectivos asimilables tales como las fuerzas armadas, la policía y otras fuerzas de orden, la magistratura, la administración fiscal y la diplomacia".

Así que, dejando claro que la actividad que ejerce la demandante no está dentro de la excepción que recoge el Tratado, la reclamación continua acusando al Sergas de actuar de manera discriminatoria contraviniendo así lo que recoge el mismo texto constitutivo de la Unión Europea.

Sin discriminación
El tribunal europeo, en una sentencia de 2005, afirmó que cuando un organismo público de un Estado se propone tomar en consideración las actividades profesionales ejercidas por los candidatos en una administración pública, dentro de la contratación de personal, "dicho organismo no puede efectuar distinciones respecto a los nacionales comunitarios, en función de que tales actividades hayan sido ejercidas en el Estado miembro al que pertenece dicho organismo o en otro Estado miembro".

Según la reclamación, "el Sergas es el único organimo autonómico en España que obvia en los baremos de méritos para los concursos de traslados de personal estatutario la experiencia profesional obtenida por nacionales españoles o de otros países en la Unión Europea".

Sanción económica
La Comisión Europea acaba de dar la razón a la reclamante en su denuncia, que presentó en julio de 201o.
El organismo europeo ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas para que "en el plazo de dos meses informen a la Comisión de las medidas que hayan adoptado para adaptar la legislación española al Derecho de la Unión Europea", según señala la respuesta enviada por la Comisión al letrado que ha llevado el caso.

Y continúa advirtiendo que de no hacerlo así, la Junta de Galicia se expone a que la Comisión Europea le abra un procedimiento de infracción, que podría terminar en una sanción económica directa o la pérdida de subvenciones europeas.
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