El caos de la exclusión sanitaria
La cobertura de los sin papeles varía sustancialmente en cada autonomía.
Tras un mes de vigencia de la nueva norma, la confusión es total entre médicos y pacientes
Jaime Prats Valencia 29 SEP 2012 - 21:36 CET69
Desconcierto, falta de previsión, disparidad de criterios... La expulsión de los inmigrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria pública ha desembocado en un lío monumental. Un mes después de la entrada en vigor de la medida, los sin papeles tienen cobertura según dónde viven, la confusión crece entre los profesionales y organizaciones como Cáritas alertan de que cobrarles por la asistencia puede llevar a su muerte civil.
Las autonomías han tomado caminos muy distintos ante la decisión del Ministerio de Sanidad de retirar las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situación irregular. Andalucía, Cataluña o el País Vasco se han salido del carril marcado por el departamento que dirige Ana Mato y han arbitrado medidas para seguir prestando asistencia a través de tarjetas con validez limitada a la red sanitaria local. Lo mismo ha hecho Galicia, que ha aprobado un programa que garantiza una atención en las mismas condiciones que un asegurado español.
El caso de Castilla-La Mancha y Canarias es distinto. Portavoces de los departamentos de salud de estas autonomías indican que aún no han comenzado a aplicar la medida ya que siguen contrastando las bases de beneficiarios remitidas por el Ministerio de Sanidad. Canarias culpa de esta situación al ministerio, que ya ha enviado tres documentos diferentes para subsanar errores.
Fieles al espíritu del real decreto que recorta los derechos sanitarios de los sin papeles, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Castilla y León, Aragón, Baleares o la Comunidad Valenciana han optado por facturar los servicios que presten, aunque los pacientes carezcan de recursos para afrontar esos pagos. La cuestión va más allá de la discriminación que implica recibir reclamaciones de pago en función del lugar donde se viva. Puede acabar siendo un obstáculo insalvable para conseguir un permiso de residencia. Las autonomías que han manifestado su intención de facturar han tratado de restar trascendencia a este acto administrativo al asegurar que, primero, siempre se atenderá a los pacientes. Además, insisten en que emitir una factura no es sinónimo de cobrar, dando a entender que no sucederá nada si los inmigrantes no pagan. Y es fácil que muchos de ellos no lo puedan hacer: la atención sanitaria no es barata. De acuerdo con uno de los catálogos de precios actualizados (de Castilla-La Mancha, publicado el pasado día 13), un día en una unidad de cuidados intensivos puede llegar a costar 2.824 euros.
Pero, como advierte Francisco Solans, de la subcomisión de extranjería del Consejo de la Abogacía, las consecuencias de no hacer frente a la factura pueden ser muy relevantes. El curso que sigue el impago es un trámite que acaba en la Agencia Tributaria, sigue con “un procedimiento ejecutivo, recargo y embargo de cuentas si las tuviera. Si no, la deuda se mantiene y, si hay más, se acumulan”.
A la hora de solicitar un permiso de residencia o renovarlo se exige estar al día en el pago a la Seguridad Social y Hacienda. Por ello, encadenar impagos que acaban en abultados números rojos con Hacienda puede suponer la imposibilidad de saldar esta deuda y, en consecuencia, de abandonar la condición de irregular, lo que equivale a una especie de muerte civil. Esta circunstancia preocupa a entidades humanitarias como Cáritas que ya ha encargado informes a sus equipos jurídicos para evaluar las consecuencias de no pagar las facturas sanitarias.
Fuentes del Ministerio de Sanidad sostienen que desde que se sacara a los inmigrantes de la sanidad pública (menos las urgencias, la atención a las embarazadas y a los menores) las comunidades autónomas “no han comunicado ninguna incidencia”. La lectura que se hace desde Médicos del Mundo, es otra. “Existe una gran confusión en la profesión médica y preocupación entre los inmigrantes que temen acudir a las consultas por temor a identificarse”, apunta un portavoz. La organización, especializada en la atención a personas en riesgo de exclusión, ha llegado a recibir llamadas de centros de salud para pedir instrucciones de cómo atender a los inmigrantes. Aunque admiten, al igual que la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que, de momento, no se está registrando el volumen de problemas previsible si se hubiera hecho una aplicación a rajatabla y global de la norma. “No sabemos si esta confusión y la dilatación en la implantación de la medida se debe a la incompetencia técnica de las autoridades sanitarias o a un retraso deliberado a la espera de que baje la atención de los médicos y la sociedad”, aventuran desde Médicos del Mundo.
Para añadir aún más desconcierto, Sanidad aún no ha aprobado la alternativa que ha ideado para abrir una puerta que permita el acceso a los sin papeles a la red pública. Se trata del pago de una póliza (710 euros al año para menores de 65 años) que solo daría acceso a la cartera de servicios básicos (sin subvención en medicamentos, prótesis externas o transporte sanitario). Un mes después de la entrada en vigor de la exclusión sanitaria, está previsto que esta solución —inasumible para muchos inmigrantes por su coste—, se apruebe en la reunión de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocada para el próximo miércoles.
Con información de Reyes Rincón, Antía Castedo y Diana Mandiá.
Las autonomías han tomado caminos muy distintos ante la decisión del Ministerio de Sanidad de retirar las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situación irregular. Andalucía, Cataluña o el País Vasco se han salido del carril marcado por el departamento que dirige Ana Mato y han arbitrado medidas para seguir prestando asistencia a través de tarjetas con validez limitada a la red sanitaria local. Lo mismo ha hecho Galicia, que ha aprobado un programa que garantiza una atención en las mismas condiciones que un asegurado español.
El caso de Castilla-La Mancha y Canarias es distinto. Portavoces de los departamentos de salud de estas autonomías indican que aún no han comenzado a aplicar la medida ya que siguen contrastando las bases de beneficiarios remitidas por el Ministerio de Sanidad. Canarias culpa de esta situación al ministerio, que ya ha enviado tres documentos diferentes para subsanar errores.
Fieles al espíritu del real decreto que recorta los derechos sanitarios de los sin papeles, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Castilla y León, Aragón, Baleares o la Comunidad Valenciana han optado por facturar los servicios que presten, aunque los pacientes carezcan de recursos para afrontar esos pagos. La cuestión va más allá de la discriminación que implica recibir reclamaciones de pago en función del lugar donde se viva. Puede acabar siendo un obstáculo insalvable para conseguir un permiso de residencia. Las autonomías que han manifestado su intención de facturar han tratado de restar trascendencia a este acto administrativo al asegurar que, primero, siempre se atenderá a los pacientes. Además, insisten en que emitir una factura no es sinónimo de cobrar, dando a entender que no sucederá nada si los inmigrantes no pagan. Y es fácil que muchos de ellos no lo puedan hacer: la atención sanitaria no es barata. De acuerdo con uno de los catálogos de precios actualizados (de Castilla-La Mancha, publicado el pasado día 13), un día en una unidad de cuidados intensivos puede llegar a costar 2.824 euros.
Pero, como advierte Francisco Solans, de la subcomisión de extranjería del Consejo de la Abogacía, las consecuencias de no hacer frente a la factura pueden ser muy relevantes. El curso que sigue el impago es un trámite que acaba en la Agencia Tributaria, sigue con “un procedimiento ejecutivo, recargo y embargo de cuentas si las tuviera. Si no, la deuda se mantiene y, si hay más, se acumulan”.
A la hora de solicitar un permiso de residencia o renovarlo se exige estar al día en el pago a la Seguridad Social y Hacienda. Por ello, encadenar impagos que acaban en abultados números rojos con Hacienda puede suponer la imposibilidad de saldar esta deuda y, en consecuencia, de abandonar la condición de irregular, lo que equivale a una especie de muerte civil. Esta circunstancia preocupa a entidades humanitarias como Cáritas que ya ha encargado informes a sus equipos jurídicos para evaluar las consecuencias de no pagar las facturas sanitarias.
Fuentes del Ministerio de Sanidad sostienen que desde que se sacara a los inmigrantes de la sanidad pública (menos las urgencias, la atención a las embarazadas y a los menores) las comunidades autónomas “no han comunicado ninguna incidencia”. La lectura que se hace desde Médicos del Mundo, es otra. “Existe una gran confusión en la profesión médica y preocupación entre los inmigrantes que temen acudir a las consultas por temor a identificarse”, apunta un portavoz. La organización, especializada en la atención a personas en riesgo de exclusión, ha llegado a recibir llamadas de centros de salud para pedir instrucciones de cómo atender a los inmigrantes. Aunque admiten, al igual que la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que, de momento, no se está registrando el volumen de problemas previsible si se hubiera hecho una aplicación a rajatabla y global de la norma. “No sabemos si esta confusión y la dilatación en la implantación de la medida se debe a la incompetencia técnica de las autoridades sanitarias o a un retraso deliberado a la espera de que baje la atención de los médicos y la sociedad”, aventuran desde Médicos del Mundo.
Para añadir aún más desconcierto, Sanidad aún no ha aprobado la alternativa que ha ideado para abrir una puerta que permita el acceso a los sin papeles a la red pública. Se trata del pago de una póliza (710 euros al año para menores de 65 años) que solo daría acceso a la cartera de servicios básicos (sin subvención en medicamentos, prótesis externas o transporte sanitario). Un mes después de la entrada en vigor de la exclusión sanitaria, está previsto que esta solución —inasumible para muchos inmigrantes por su coste—, se apruebe en la reunión de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocada para el próximo miércoles.
Con información de Reyes Rincón, Antía Castedo y Diana Mandiá.
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