Nuestro derecho a decidir

Ana Etxarte y Diana Urrea 28 SEP 2012 - 00:07 CET

Hoy celebramos, como cada 28 de septiembre, el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Una de tantas ocasiones en las que reivindicar alguno de los derechos que se le niegan sistemáticamente a las mujeres; una ocasión más para rechazar con firmeza cada una de las formas de violencia que sufren, expresada de una u otra forma, la práctica totalidad de las mujeres. Este año, sin embargo, tenemos más razones que nunca para reclamar algo tan fundamental como el derecho al aborto libre y gratuito.

Y es que la ola de reformas en la que sigue cabalgando el Partido Popular no sólo ataca los derechos de la clase trabajadora. También atenta con crueldad y paternalismo patriarcal contra el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Parece un derecho tan obvio que se da por supuesto, pero gracias a una clase política con graves carencias democráticas, se aprueba o se deroga según quien gobierne. Seguimos gritando, cada vez más alto, indignadas ante escenarios donde los derechos dependen de poder sufragar o no un aborto en clínicas privadas.

Tenemos la dolorosa certeza de que nuestros derechos son de segunda, y de que el hecho de que coarten la capacidad soberana de cada una de nosotras a decidir sobre nuestra sexualidad y sobre el número de hijos e hijas que deseamos no merece la misma atención que otras luchas. Por ello, queremos interpelar a agentes políticos y sociales: ¿Qué están haciendo mientras los derechos fundamentales de las mujeres son gravemente atacados? ¿No ven relación entre este ataque a nuestra libertad de decisión respecto al dúo Estado-Iglesia católica y la barbarie de recortes contra la clase trabajadora? ¿No os dais cuenta de que esta vulneración de derechos y la vuelta a la dominación de las mujeres van de la mano? Por supuesto que compartimos la necesidad de combatir los recortes, pero no entendemos por qué no se responde con la misma contundencia ante la nueva regulación del aborto.

El PP quiere reformar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, revocando las insuficientes propuestas aprobadas por el PSOE hace dos años, a través de una ley tibia que no recogía las reivindicaciones que durante años llevaba realizando el movimiento feminista y que no garantizaba la soberanía y la capacidad de decisión total sobre nuestros cuerpos. Y aunque no sabemos con seguridad qué recogerá la nueva normativa, lo que tenemos claro es que va a suponer un retroceso sin precedentes en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Las intenciones del PP suponen un ataque a la autonomía de las mujeres

Y lo sabemos porque son varias las cuestiones que el señor Gallardón ha ido anticipando, como el anuncio de que la malformación del feto no será ya supuesto para el aborto. Esta gran idea vino aderezada con cierta dosis de moralina, haciéndonos saber que “los discapacitados deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles”, y que dejar este supuesto fuera de la nueva ley es clave para que estos no se vulneren. A la vergüenza ajena y a la perplejidad que este tipo de nuevas nos provocan hay que sumarle una dosis de visión global, porque esta propuesta proviene de un Gobierno dispuesto a acabar con la ley de Dependencia.

¿A quién quiere convencer Gallardón cuando dice que esto favorece la maternidad? Manipula cuando dice que la ley del aborto actual tiene relación directa con la ausencia de libertad de las mujeres para ser madres; vendiéndonos que son ellos los que realmente saben lo que nosotras necesitamos. La razón por la cual modifican la normativa no tiene nada que ver con garantizar nuestras libertades. Los verdaderos motivos tienen que ver con los valores religiosos que las jerarquías de la iglesia y el PP nos quieren imponer. Porque siguen sin entender que la religión es una cuestión privada y que, por encima de sus creencias, el Estado tiene que garantizar el ejercicio de todos los derechos para sus ciudadanos y también, por más que les pese, para sus ciudadanas.

Las intenciones del PP suponen un ataque a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La tutela a la que nos quieren someter es un gravísimo acto de violencia patriarcal al que debemos responder de manera contundente y desde todos los ámbitos, y es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de Euskal Herria exigir, hoy más que nunca, el aborto libre y gratuito, de la misma manera que se hacen otras reivindicaciones. ¿O es que los derechos de las mujeres tienen que esperar?

Ana Etxarte y Diana Urrea son miembros de la Mesa Feminista de Alternatiba.