Frente colegial en pro de una ley específica de agresiones

El Observatorio de la OMC inicia una campaña con tres líneas para 'blindar' al facultativo ante cualquier incidente. Elaborará una base de datos nacional que vincule cada agresión con su sentencia y las desglose por provincias. Busca la "estricta aplicación" del Código Civil y reforzar la protección del médico del sector privado y concertado.

Francisco Goiri. Madrid | fjgoiri@diariomedico.com | 08/02/2016 00:00

Frente colegial en pro de una ley específica de agresiones. (DM)

El Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) celebró la semana pasada en Madrid una reunión que marca un punto de inflexión en la actuación que este órgano realiza desde su creación en 2010, y que, según su coordinador, José Alberto Becerra, supone el inicio de una "estrategia conjunta" de los 52 colegios con un objetivo común: pedir la aprobación de una ley nacional específica contra las agresiones en el sector sanitario. La reforma del artículo 550 del Código Penal, que entró en vigor en 2015 y que considera delito de atentado la agresión física a un médico, "fue una oportunidad perdida, porque refuerza la protección ante la violencia física, pero deja inerme al médico ante la agresión verbal y las injurias al llevarlas a la vía civil", se queja Becerra.

El primer paso de esa estrategia es la puesta en marcha de un pionero sistema de codificación conjunta e interrelacionada de agresiones y sentencias, con el que el Observatorio empezó a trabajar en esa reunión de la pasada semana.

'In vigilando'
El segundo frente, que mezcla los ámbitos judicial y político, es, según Becerra, "el inicio de una activa campaña de concienciación ante el Fiscal General del Estado y los servicios de salud para la estricta aplicación de la responsabilidad civil in vigilando, recogida en el artículo 1.903 del Código Civil". Entre otros supuestos, esa responsabilidad contempla el deber de cuidado del empresario en las actividades desarrolladas por sus contratados, "un principio que los servicios de salud, contratantes de los profesionales públicos, soslayan sistemáticamente", afirma el coordinador del Observatorio.

Pilar Bartolomé, secretaria nacional de Salud Laboral de CESM, recuerda que "las iniciativas sindicales y las denuncias individuales están supliendo la labor de vigilancia que se le presupone al empresario y que viene regulada en la Ley de Prevención, que se suele cumplir tarde y mal".

La tercera línea de trabajo que el Observatorio de la OMC potenciará este año no tiene, según Becerra, un interlocutor definido, pero sí una finalidad clara: extender al sector sanitario concertado y privado el nivel de protección del ámbito público. "La indefensión en estos ámbitos se debe a una interpretación forzada del concepto de Función Pública. La protección no va, o no debe ir, dirigida al sujeto en cuanto funcionario público, sino al objeto en sí, es decir, al acto médico, y éste se realiza y debe ser protegido en todos los ámbitos".

Listado pormenorizado
El nuevo sistema de codificación conjunta del Observatorio persigue la elaboración de una detallada base de datos nacional que vincule cada agresión registrada con su sentencia. Los datos que el Observatorio presenta cada 23 de marzo (Día contra las Agresiones) desde 2010 brindan un listado de las agresiones a los médicos por comunidades, pero sólo aportan datos globales sobre las denuncias y los juicios derivadas de ellas. "Nos consta que la calificación de los delitos juzgados es muy heterogénea en el SNS, sobre todo en las agresiones que no comportan daño físico, pero necesitamos datos precisos y objetivos que avalen esta idea, y ésa es la finalidad del nuevo sistema que los 52 colegios aplicarán", dice Becerra.

El código asociado a cada agresión (10 dígitos que representan la provincia, año, mes y día del incidente) se vincularán a partir de ahora con los 8 dígitos que codificarán cada sentencia y, relacionados, engrosarán un cuaderno de datos dividido en provincias que detallará el tipo de infracción, el órgano jurisdiccional que la juzga y la naturaleza de la sentencia emitida.

Según el Observatorio, el 41 por ciento de las agresiones juzgadas entre 2010 y 2013 obtuvieron la calificación de delito, y el porcentaje se disparó en 2014 al 61 por ciento. "Ese repunte tiene que ver con la labor de concienciación, pero sólo es un dato genérico. Si estuviera desglosado por regiones nos permitiría fijar tendencias y dilucidar qué servicio es más diligente en atajar las agresiones. Eso, precisamente, es lo que queremos lograr a partir de ahora".

Un precedente judicial abre la puerta para demandar a la Administración

El TSJ del País Vasco dictó un fallo novedoso en el que aplicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para resolver la agresión de un médico y hacer responsable a su empresa por no evitar el daño. El tribunal autonómico explicó que existe culpa de la compañía porque, "para enervar su posible responsabilidad, el empleador tiene que acreditar que ha agotado toda la diligencia exigible, más allá incluso de las exigencias legales". La doctrina de esta sentencia puede abrir la puerta a demandar a los servicios de salud porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica tanto en lo privado como en lo público.