Posted: 11 Aug 2016 08:12 AM PDT El juez federal Pablo Cayssials ordenó la externación de cuatro pacientes internados en psiquiátricos porteños y bonaerenses y que no deberían estar internados. También exigió a la Nación y la Ciudad individualizar y externar otros casos semejantes.  En el marco de un amparo colectivo en el que se dispuso la externación de cuatro pacientes internados en hospitales monovalentes (manicomios), la Justicia Federal ordenó a los gobiernos nacional y porteño que en un plazo de 20 días hábiles presenten “un plan de acción” destinado a resolver de igual modo la situación de “todos aquéllos que se encuentren en las mismas condiciones”. La resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal número 9, Pablo Cayssials, establece que las autoridades deberán individualizar a los pacientes que se encuentren en condiciones de ser externados y hacer una estimación de los costos y las previsiones presupuestarias necesarias para afrontar la implementación de la medida judicial, fijada en el marco del incumplimiento de las leyes de Salud Mental de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.El recurso fue patrocinado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) y por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi). En una declaración a la que tuvo acceso Página/12, Acij señaló que la disposición judicial que se dio en el marco de la causa “S.A. y otros contra el Estado Nacional y otros” tiene por objetivo “poner fin a un estado de total incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, que rige desde 2010 pero se encuentra incumplida en sus aspectos fundamentales”. Acij agregó que “esa falta de cumplimiento se traduce en una continua y sistemática violación de derechos fundamentales sobre la que ha llamado la atención el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su reciente examen sobre Argentina”. La entidad puntualizó que en el país “las personas con discapacidad psico-social no tienen verdaderas alternativas al manicomio, pese a que la ley establece que para el 2020 éstos deben haber sido sustituidos por una red de dispositivos comunitarios, fuera del ámbito de internación hospitalario, en la comunidad y con un abordaje interdisciplinario”. Fue en ese contexto, recalcó Acij, que “dos defensoras públicas curadoras iniciaron la causa” en la que falló el juez Cayssials “en representación de cuatro personas que todavía continúan internadas en hospitales psiquiátricos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires”. En esas circunstancias, Acij y Redi se sumaron a la demanda “en representación de todas las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de servicios de salud mental afectadas por la falta de dispositivos intermedios” que permitan la atención ambulatoria en centros de salud comunitarios. La sentencia, que condena tanto al Estado Nacional como a las autoridades porteñas ordenó la creación de “dispositivos comunitarios adecuados y beneficia no sólo a quienes iniciaron la acción sino también a todas las personas que se encuentran en su misma situación”. La presentación, en favor de los cuatro pacientes, fue realizada hace varios meses, pero las autoridades nacionales y porteñas “no han presentado una propuesta concreta de cumplimiento” de lo que dictan las leyes de Salud Mental vigentes tanto en la Ciudad como a nivel nacional. En ese contexto, la medida judicial “intenta poner fin a este estado de sostenido incumplimiento y avanzar en un plan de implementación” de las normas legales en vigencia. Las entidades señalaron que “no se trata de un problema de falta de recursos sino de criterios de asignación ilegítimos, ya que cuantiosos recursos se destinan a sostener la internación en hospitales psiquiátricos que violan derechos humanos, cuando por ley deberían destinarse a dispositivos alternativos a los manicomios”. Acij recordó que del análisis del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, surge que “casi el 8 por ciento del presupuesto de salud se destina a salud mental. De esto, casi el 80 por ciento del presupuesto para salud mental se orienta a reforzar el sistema manicomial”, mientras que “menos del 1 por ciento (...) es destinado a servicios de externación, y no hay información presupuestaria desagregada sobre dispositivos comunitarios”. Mientras tanto, el Estado Nacional “tampoco desarrolla políticas tendientes a implementar” la Ley de Salud Mental. Por el contrario, a través del Ministerio de Salud nacional, se acaba de dejar sin efecto la resolución 1484, del año 2015, que establecía las normas para desarrollar la implementación de los servicios comunitarios y la atención multidisciplinaria, para minimizar las internaciones en psiquiátricos públicos y privados. El titular del juzgado 9 para el 7 de septiembre próximo “para verificar el cumplimiento de todo lo dispuesto” en el fallo. Fuente: Página 12  |
Posted: 11 Aug 2016 04:29 AM PDT Jorge Lemus (Ministro de Salud de la Nación). El especialista explica cómo se va a implementar la estrategia que anunció Macri. Lanzarán un plan para mejorar la calidad de atención en todos los sectores.  Un sistema de salud segmentado y fragmentado, con un gasto ineficiente y un acceso desigual a la atención médica. Estos son los problemas que busca superar la creación de una Cobertura Universal de Salud (CUS), la estrategia que esta semana presentó el presidente Maurico Macri y que cuenta con el aval de los sindicatos, que cederán 8 mil millones de pesos de su deuda para financiar la iniciativa. “Hace dos años venimos estudiando esta estrategia. Lo que intenta es que todos los habitantes tengan una cobertura de salud clara y que la misma esté registrada en un banco de datos. Los que no tienen ninguna –unos 15 millones de personas– ahora van a tener una cobertura integral del Estado”, le explicó a PERFIL Jorge Lemus, ministro de Salud de la Nación. ¿Qué cambia con el nuevo sistema? “Antes, quien no tenía cobertura iba al hospital y se atendia pero no había ninguna cobertura formal que tuviera responsabilidad. Mediante la CUS la va a tener, le van a dar todas las prestaciones y medicamentos que necesita, y si hay alguna prestación que el sistema público no puede dar, la va a convenir con el sistema privado”, sostuvo. Puesta en marcha. La base de datos de la CUS será manejada por el Ministerio de Salud, que empezará a emitir un documento nacional de salud que está siendo preparado por el Ministerio de Modernización. Con ese documento el paciente tendrá acceso a todas las prestaciones que indica el Programa Médico Obligatorio. Además, cuando concurra a un centro de salud público, tendrá una ficha médica y una historia clínica electrónica. “Lo que busca este plan es que haya un sistema de vasos comunicantes entre todos los subsectores del sistema sanitario –sector público, de la seguridad social, el PAMI y los hospitales públicos– que permita que el Estado vaya detrás del que sale perjudicado”. En este sentido, se busca que no haya subsidios cruzados. Si una persona tiene una obra social privada y se atiende en un hospital público, la CUS permitirá que dicho hospital recupere los fondos rápidamente (en menos de 30 días). Cada provincia deberá firmar un convenio específico que permitirá establecer las obligaciones para la implementación de la CUS en las distintas jurisdicciones. Dentro de cada Ministerio de Salud provincial se creará un área denominada Cobertura Universal de Salud, que tendrá por funciones manejar el padrón de beneficiarios de la cobertura pública. En este sentido, mañana habrá una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde participarán representantes de las 24 provincias. “Creemos que todos los instrumentos que están pactados con el Ministerio de Modernización van a estar en uno o dos meses, a fin de año vamos a tener ya la inscripción de todos y para el año que viene el sistema ya va a estar funcionando”, puntualizó el ministro de Salud. ¿Uno de los grandes problemas del actual sistema de salud es la fragmentación pero también la inequidad en el acceso. ¿El plan apunta a superar esto? Exactamente. Esto va a ir acompañado con un decreto que vamos a sacar en pocos días más donde se pone en marcha un Plan Nacional de Calidad para que esté controlada la calidad de atención. No hay equidad sin calidad. Si no, yo le doy acceso a todo el mundo pero a algunos de una calidad y a otros de otra. Y no estoy hablando sólo del sistema público, sino también de obras sociales y prepagas. Vamos a controlar esa calidad y esto va a ser junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, un organismo independiente que va a decidir si los nuevos medicamentos, aparatos y procedimientos médicos tienen base científica para usarlos, cómo y cuándo hacerlo. Esto va a hacer más eficiente el gasto y va a evitar la judicialización. Usted planteaba que los medicamentos serán gratuitos y que la persona sin cobertura podrá ir a una farmacia a obtenerlos. ¿Esto reemplazará el programa Remediar? El programa Remediar concluyó el año pasado porque estaba atado a un crédito del BID. De todas maneras, el Estado Nacional viene en apoyo de las provincias y sus habitantes con la entrega de medicamentos en forma gratuita. Pero ahora a cargo del Estado Nacional, no del crédito del BID. Hoy esa entrega será a través de la CUS. Vamos a seguir distribuyendo medicamentos esenciales en los hospitales públicos y servicios de salud y en algunas provincias, por convenios, directamente a través de las farmacias. Porque la mejor dispensación de medicamentos es a través de las farmacias. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández dijo que con el programa “se acaba la salud gratuita y universal”. ¿Qué opina? Es realmente irresponsable decir eso. No sé de dónde sale ese concepto. De ninguna manera es una privatización del sistema, sino todo lo contrario: darles servicios en forma integral y gratuita a quienes no tienen cobertura. El problema de la inequidad Casi el 70% de la población argentina –28 millones de personas– tiene cobertura médica a través del PAMI, las obras sociales (nacionales o provinciales) y las prepagas. El 30% restante se atiende en hospitales públicos que se financian del presupuesto del Estado. “La coberutura universal de salud es una idea de la cual nadie puede estar en desacuerdo. Es una iniciativa de la OPS. Hay que preguntarse si Argentina tiene o no cobertura universal. La respuesta es sí. Desde el punto de vista del acceso a los servicios de salud, Argentina es uno de los pocos países de América donde cualquier persona va a ser atendida sin poner un peso de su bolsillo. El problema grave de la Argentina es la inequidad entre cada uno de los sectores. Todos tenemos acceso pero evidentemente las condiciones de ese acceso son muy diferentes si uno está en el servicio privado, la seguridad social o el sector público”, explicó Rubén Torres, rector de la Universidad Isalud y ex superintendente de Servicios de Salud. Fuente: Perfil |
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