Valencia: el Gobierno regional presenta alegaciones para evitar que se le descuente la multa de la UE

Según el consejero de Hacienda, se está trabajando para poner remedio a la "increíble decisión" del Gobierno de España.

Enrique Mezquita. Valencia | dmredaccion@diariomedico.com | 01/08/2016 10:50

El Gobierno valenciano ha presentado alegaciones para que el Ejecutivo central no descuente finalmente de las transferencias que debe realizar a la región en septiembre, los 19 millones de euros de la multa impuesta por la Unión Europea a Españapor la manipulación de los datos del déficit en la Comunidad Valenciana, sobre todo ligada a la ocultación de facturas y gastos sanitarios.

Vicent Soler, consejero de Hacienda y Modelo Económico, ha señalado: "Continuamos luchando contra el absurdo de que el Gobierno de España nos haya colocado la multa de 19 millones de euros que la UE ha impuesto al Reino de España por mal funcionamiento y mal gobierno y las facturas en los cajones" que el anterior Ejecutivo autonómico, del Partido Popular, había dejado. En este sentido, Soler ha denunciado también el "mal seguimiento" que el Ejecutivo central "del mismo color político", hizo de esta situación.

Como ya informó DM, la investigación se inició en julio de 2014 por una posible falsedad de los datos de gasto sanitario de la región hasta el año 2012, confirmando que Valencia proporcionó de forma sistemática durante varios años datos de gasto sanitario inferiores a los reales, lo que produjo que el cálculo del déficit global de España fuese inferior al real. Concretamente, los datos reales de gasto sanitario en los que incurrió Valencia forzarían a elevar en un 0,2 por ciento el déficit sobre el PIB español correspondiente a 2011, último año en el que se produjeron estos hechos.

La multa fue recurrida por el Gobierno central, pero el Consejo de la Unión Europea la ratificó en julio de 2015, basando esa respuesta en la falta de registro de los gastos de sanidad y la falta de respeto del principio de devengo (contabilizar el gasto cuando se produce y no cuando se paga) por parte de la oficina de auditoría regional de la Comunidad Valenciana.

En marzo de 2016, el Consejo de Ministros decidió que fuera la Comunidad Valenciana quien pagara dicha multa, una decisión que fue recurrida ante el Tribunal Supremo por el Gobierno regional. El presidente Puig hizo hincapié en que esa multa la debía pagar "el responsable que debía vigilar y el socio de la Unión Europea, el Gobierno de España, o aquellos gestores públicos y miembros del gobierno valenciano que produjeron el desastre", no el pueblo valenciano a través de sus actuales gestores.

Alegaciones
Las alegaciones que presentadas se basan, entre otros argumentos, en que el "Acuerdo de Inicio del procedimiento de extinción de deudas de entidades de derecho público mediante deducciones de transferencias" comunicado a la Generalitat con fecha 14 de julio, y que ha de aplicar la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), adolece de "falta de motivación", ya que en ningún momento se explica que esa supuesta "deuda tributaria" es la multa de la UE por el déficit del anterior Gobierno regional, "lo que impide a esta Administración identificar la deuda tributaria que lo motiva y provoca indefensión". Además, se alega incorrecta fundamentación jurídica del Acuerdo notificado, toda vez que la deuda que se pretende cobrar en ningún modo es de naturaleza tributaria y se citan preceptos legales que son de aplicación a procesos con la entidades locales, no con las comunidades autónomas.

Asimismo, se reprocha el incumplimiento del apartado 3 del artículo 17 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea, lo que "provoca indefensión". En este sentido, el escrito presentado por el Consell también señala que el inicio del procedimiento por parte de la Administración General de Estado "quiebra los principios de lealtad institucional y buena fe en las relaciones entre las administraciones". Y ello porque el Gobierno se ha apresurado a repercutir a la Generalitat la multa, cuando el propio Ejecutivo central presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Gobierno valenciano ha hecho hincapié en la importancia de que si no se aceptan las alegaciones, se tengan en cuenta los procesos jurídicos en marcha para suspender la ejecución del cobro. Es decir, tanto las alegaciones presentadas ante el TJUE como el recurso paralelo en el Tribunal Supremo iniciado por el Gobierno valenciano contra el acuerdo del Consejo de Ministros que repercutió la sanción de la UE.