Jaque a la libertad de prescripción

La sanción a un médico por recetar lo más caro puede suponer una lesión a su independencia, apuntan expertos. Denuncian la incongruencia del SNS, que autoriza fármacos y luego impide que se receten por su elevado precio.

Diego Carrasco. Madrid | 10/07/2017 00:00

Un médico observa las opciones que tiene al prescribir un genérico. (José Luis Pindado)

Hace tiempo que se encendieron todas las alarmas porque el sistema sanitario del estado de bienestar resulta insostenible si no se arbitran medidas que racionalicen el gasto. Los recursos son limitados. Conseguir el equilibrio no es fácil y menos cuando de un tiempo a esta parte se ha introducido un valor nuevo en la cartera del médico: la eficiencia, que junto a laasistencia, la docencia y la investigación constituyen los cuatro pilares de su actuación clínica.

En este contexto, hace un mes este diario publicó una sentencia de un juez de Lugo que avalaba la sanción a un médico -un mes sin empleo y sueldo-, que el Sergas le impuso por no seguir los criterios de eficiencia en la prescripción. La noticia ha provocado un intenso debate entre los médicos, tanto a nivel institucional (OMC) como entre sociedades científicas y la industria.

La cuestión de fondo es qué papel juega la libertad de prescripción dentro de los acuerdos de gestión clínica a los que los médicos se comprometen para contribuir a una gestión eficiente del Sistema Nacional de Salud. Las tres sociedades científicas de atención primaria, consultadas por DM, coinciden en que esos pactos de gestión pueden poner en peligro la libertad de prescripción del médico, ya que la estaría limitando. Todas son conscientes de que no se trata de un derecho absoluto sino que tiene sus límites en los principios deontológicos. Además, ven como un tema peligroso y controvertido los incentivos ligados a la prescripción y la incoherencia que supone que se autoricen medicamentos y a la vez se impida recetarlos por su elevado coste.

La Administración debe armarse de argumentos científicos y de coraje político para financiar los fármacos que procedan sin presiones, dice Semfyc

Miguel Ángel Hernández, coordinador del grupo de trabajo en utilización de fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria(Semfyc), apela a que "el médico debe seleccionar siempre la opción coste-efectiva para cada paciente en particular, independientemente del escenario económico o del poder adquisitivo del enfermo". Es más, la Administración sanitaria debe ofertar al médico un "arsenal terapéutico con medicamentos con un coste-efectividad y no financiar con fondos públicos, como hace en demasiadas ocasiones, fármacos de utilidad terapéutica baja o novedades terapéuticas que no aportan ventajas relevantes con respecto a su coste". En este sentido, Hernández reclama a los servicios de salud, "armarse de argumentos científicos y de coraje político para financiar públicamente los medicamentos que procedan en cada momento, con independencia de las presiones de las empresas o determinados colectivos".

Francisco José Sáez Martínez, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ve con cierta preocupación que la libertad de prescripción está en peligro, tras la decisión del juez de Lugo. A su juicio, "no debe estar limitada por los acuerdos de gestión que suscribe el profesional porque el carácter de funcionario público permite la independencia suficiente para no suscribirlos si considera que afectan a la responsabilidad que el médico tiene con su paciente".

La SEMG está convencida de que "la limitación de recursos económicos y la libertad de prescripción no son elementos incompatibles, aunque sí interfieren entre sí, complicando la actuación del médico de Familia".

La libertad de acción del médico del siglo XXI no es un derecho absoluto sino que tiene sus límites en el compromiso social y deontológico, subrayan los expertos

Comparte esta opinión José Francisco Díaz, coordinador del grupo de trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria(Semergen), al subrayar que este tipo de acuerdos "sí que limitan la libertad de prescripción". Pero matiza: "Siempre se entiende que se establecen, según el principio de justicia, con el objetivo de dar la mejor atención al enfermo".

A las percepciones anteriores, Semergen suma la "incoherencia que presenta el SNS, porque unos medicamentos autorizados y financiados no pueden ser prescritos si ello conlleva un incremento del gasto establecido en unos acuerdos de gestión". Unos pactos, añade, que pueden variar de unos servicios de salud a otros, por lo que una determinada ratio de prescripción o gasto en una autonomía puede ser sancionable y en otra estar dentro de lo acordado. Las tres sociedades coinciden en que loslímites a la libertad de prescripción está en los valores propios éticos y deontológicos de la profesión médica y siempre respetando la evidencia científica y las indicaciones autorizadas.

Tema controvertido

Respecto a la licitud de los incentivos económicos ligados a la prescripción, consideran que es un tema controvertido desde hace años. Hernández, de Semfyc, explica que depende de cómo se planteen. "No son lícitos los ligados únicamente a la reducción del gasto sino que deben unirse a resultados en salud o a guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica. Para ello es imprescindible el consenso previo con los médicos y que la información sea accesible".

Sáez, de SEMG, cree que los incentivos son "éticamente rechazables si limitan la prescripción de fármacos al paciente en beneficio de terceros, impidiendo la mejor atención posible". Ahora bien, "si las condiciones son claras, de acuerdo con la evidencia científica, y existe seguridad y eficacia queda claro que son lícitos".

Finalmente, Díaz, de Semergen, apela al "diálogo abierto entre las partes, convencimiento, formación del personal sanitario, etcétera, como medidas indispensables para evitar las indeseables sanciones que se inician en la vía administrativa y acaban luego en los tribunales". Un aspecto, el de la formación, que no es baladí por su importancia. Desde algunos sectores se reclama que este tipo de cuestiones se deberían introducir en los planes de formación de las facultades.

“Se persigue al hiperprescriptor en lugar de la calidad y buena praxis a la hora de recetar”

Las inspecciones de los servicios sanitarios deberían buscar más la calidad y buena praxis en la prescripción de los medicamentos que a los médicos hiperprescriptores”, señala Vicente Matas, vocal de atención primaria urbana, de la Organización Médica Colegial (OMC). En su opinión, parece que a los servicios de salud o a la Administración no les preocupa que pueda haber facultativos hipoprescriptores que no estén haciendo bien su trabajo. “Se puede dar el caso de que un médico esté por debajo del gasto señalado, realizando una prescripción con escaso criterio científico. Da la sensación de que sólo se vigila al que está por encima de la media, con el fin de contener el gasto”. Matas reconoce que la sentencia de Lugo le preocupa mucho, pues no en vano ha sido objeto de estudio en la última asamblea de la OMC. Considera que los acuerdos de gestión, que existen en casi todos los servicios de salud, y que obligan al facultativo a un coste medio por receta, a un porcentaje de genéricos y a otro tanto de novedades terapéuticas, “encorsetan y limitan la libertad del médico al prescribir”. Respecto a los incentivos económicos opina que es “un tema espinoso que puede acabar afectando a la relación de confianza médico-paciente”.