lunes, 19 de febrero de 2018
Podría decirse que en la Argentina la industria de la salud vive su propio big bang y nadie se anima a predecir qué puede surgir de esa gran explosión. En el sector describen una realidad con ola de amparos judiciales, medicamentos y aparatología de costos superlativos y compañías con dueños que buscan venderlas pero no encuentran compradores porque dejaron de interesar a otros jugadores internacionales. Un dato: en 2017 el rojo de las prepagas trepó a 6.000 millones de pesos.
Una gran parte de la población debe afrontar cuotas cada vez más elevadas que aumentaron 28% en 2017 y este mes se ajustan otro 4%y, sin embargo, no son suficientes para esas empresas que afirman que la inflación médica es superior al costo de vida que mide el Indec. Aseguran, además, que el fenómeno de la judicialización les provoca heridas incurables. Los amparos, solicitando tratamientos especiales, aumentaron 30 % en lo que va de este año y la mitad se conceden en la Capital Federal. En la cámara sectorial citan el caso de la enfermedad atrofia muscular espinal con 301 pacientes registrados. El costo del primer año del tratamiento asciende a US$ 900.000.
Por cierto, Argentina no es una excepción para decisiones judiciales que privilegian con razón la vida de la persona. Pero en otros países, como el vecino Uruguay, existe la obligación de recurrir a un ente especializado. En Uruguay, con asistencia médica universal, desarrollaron una agencia de evaluación de la técnica médica con los profesionales más prestigiosos y la participación del Estado y los privados que define en cada caso la decisión a adoptar. En esa línea, también se inscribe el Nice del Reino Unido. “Una agencia de este tipo está contemplada en el proyecto de reforma laboral. Está pensada como de carácter de no vinculante. Igual será un aporte significativo para la mitigación de los efectos más negativos de la judicialización”, sostienen en la Cámara sectorial .
En el Gobierno están convencidos que se requiere un nuevo marco jurídico, como sucedió con la ley de ART ( Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) que puso un límite a la industria del juicio. Por eso se inspiran en Uruguay donde este tipo de decisiones cuentan con el aval de un organismo independiente.
Pero ahí no terminan los problemas. Los precios de los medicamentos son el talón de Aquiles. Consumidores Libres relevó los precios de los que más se venden entre octubre de 2015 y junio de 2017. Esos 48 medicamentos subieron 132% promedio, 60% más que la inflación del período.
Sucede que los laboratorios marchan al compás de exigencias financieras que los impulsan a lanzar nuevos medicamentos al mercado y esas novedades engordan a su vez la cotización de sus acciones. Esos productos tienen los precios más altos y cuentan con una protección de la patente por 10 años . La inversión promedio de cada nuevo remedio es de 2.500 millones de dólares.
Esos costos tienen un impacto creciente sobre las finanzas de los sistemas de salud. Y a la falta de acceso para muchos se suma la irrupción de una nueva generación de medicamentos cuyo elevadísimo valor genera aún más inequidad.
A su vez, Argentina no escapa a lo que pasa en el mundo con un crecimiento inusitado de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de la humanidad padece algún tipo de discapacidad. Se añaden lo que se han dado en llamar enfermedades catastróficas por su devastación.
Actualmente unas 15 millones de personas se atienden en obras sociales sindicales y de dirección. Las universidades y Fuerzas Armadas se ocupan de otras 7 millones. El Pami abarca 5,5 millones y 5,5 millones van a las prepagas. Decididamente, nos alcanza a todos. Es una cuestión de Estado.
Fuente: Clarín
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