El veto del Gobierno a la universalización de la sanidad podría revisarse

La universalización está entre las 63 iniciativas legislativas de la oposición que el Ejecutivo rechazó por su impacto presupuestario. Un fallo del Constitucional obligaría a revisar los ‘vetos económicos' a estos proyectos.

Soledad Valle. Madrid | 30/04/2018 00:00

Fachada de la sede central del Tribunal Constitucional. (El Mundo)

Las propuestas legislativas encaminadas a la universalización de la sanidad y que fueron tumbadas por el Gobierno por cuestiones presupuestarias vislumbran una nueva oportunidad. La puerta a esta revisión la ha abierto el Tribunal Constitucional a través de su sentencia del 17 de abril en la que cuestiona el uso que está haciendo el Gobierno del artículo 134.6 de la Constitución, que le permite vetar las proposiciones de ley o enmiendas que alteren las cuentas públicas.

Con esa fórmula, el Ejecutivo ha tumbado 63 iniciativas legistativas en lo que va de legislatura, según el último cálculo de los grupos parlamentarios. Es decir, ha rechazado su debate. Tres de estas propuestas son claramente sanitarias: la proposición de ley sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, presentada por el PSOE; la misma iniciativa legislativa presentada por el Parlamento de Asturias, y la firmada por el grupo de Unidos Podemos para unificar la cartera de servicios comunes del SNS.

El Constitucional le ha dicho al Gobierno que su capacidad de veto tiene límites"

Pero hay más proyectos que afectarían al ámbito sociosanitario y que también fueron rechazados, como el del Parlamento vasco de crear un fondo para la compensación a las víctimas del amianto; la del Grupo mixo de mejorar las prestaciones económicas de la Seguridad Social para la crianza de los hijos; la encaminada a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, del PSOE, y la de mejorar los permisos de paternidad y maternidad para el cuidados de hijos, de Unidos Podemos.

Pues bien, el Constitucional le ha dicho al Gobierno que su capacidad de veto tiene límites: por un lado, solo puede afectar a aquellas medidas que "incidan directamente sobre el presupuesto aprobado; esto es, sobre los gastos e ingresos del sector público estatal"; por otro, debe incidir en el presupuesto en vigor, no en los presupuesto futuros.

La sentencia fue motivada por el recurso que el Gobierno presentó al Constitucional alegando que la Mesa del Congreso -que es el órgano que tiene que aprobar los vetos del Gobierno, en la que PP y Ciudadanos suman mayoría, y convierten a este proceso en un mero trámite- había revocado el rechazo del Ejecutivo a tramitar la proposición de ley del PSOE sobre la implantación de la Lomce (ley para la mejora de la calidad educativa).

El Gobierno vetó la universalidad de la sanidad con un estudio económico que hablaba del turismo sanitario”

En su decisión, el Constitucional avala los acuerdos de la Mesa y rechaza que supongan una injerencia en las atribuciones del Ejecutivo, reconocidas en el citado artículo 134.6 de la Constitución. Es decir, rechaza el recurso del Gobierno con el que pretendía paralizar la tramitación de la ley, haciendo prevalecer su criterio sobre la Mesa.

En este contexto, los grupos de la oposición, con el PSOE y Unidos Podemos a la cabeza, han hecho una lectura extensiva del razonamiento del Constitucional y han pedido el levantamiento del veto a todas las iniciativas tumbadas antes de su tramitación por este motivo. ¿Hay dudas razonables?

En la última reunión de la Mesa del Congreso, celebrada el martes 24 de abril, se decidió enviar un requerimiento a los servicios jurídicos de la Cámara para que explicaran el alcance de la decisión del Constitucional. Es decir, para saber si con la sentencia en la mano deben revisar los argumentos económicos alegados por el Gobierno para rechazar el trámite de las 63 propuestas legislativas, con el objetivo de valorar si los motivos del Ejecutivo se ajustan a los criterios que apunta la sentencia.

Pero mientras los letrados se pronuncian, que no deberían demorarse más de un par de semanas, los partidos político ya están haciendo sus propias lecturas. Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, apunta que la justificación que utilizó el Ejecutivo para rechazar su iniciativa de tumbar al Real Decreto 16/2012 para volver a la universalización de la sanidad, "hacía una valoración del incremento del coste del proyecto basada en el turismo sanitario, mientras que de lo que nosotros hablamos en la propuesta era de las personas que vivían en España de forma irregular y sin tarjeta sanitaria. Contabilizábamos que eran entre 700.000 y 800.000 personas".

El Gobierno rechazó revisar la propuesta de cartera común del SNS porque suponía un coste de 108.252.993 euros"

El diputado rechaza que la ley supusiera un coste, pues "estamos hablando de personas jóvenes, con poco gasto sanitario. Además, ahora este colectivo sí tiene cubierta la asistencia de urgencias, de manera que solo se tratan las patologías cuando son graves. Esto supone un mayor coste para el sistema que el que afrontaría si estas personas tuvieran una tarjeta sanitaria y pudieran tener un control de su salud, que impidiera una situación de urgencia. Ese estudio económico no lo hizo el Gobierno. Así que vamos a solicitar una reconsideración del veto".

Por su parte, Unidos Podemos anunció el pasado viernes, 27 de abril, que volverían a registrar todas las iniciativas vetadas por el Gobierno, entre ellas, la de la cartera de servicios comunes del SNS. En esta iniciativa, el grupo de la oposición proponía eliminar la aportación de usuario en toda la cartera de servicios, "a lo que el Gobierno respondió que esta medida incrementaría el coste de prestación farmacéutica y ortoprotésica, en los servicios sanitarios prestados por mutualidades de funcionarios y por el Ingesa (Ceuta y Melilla) de 108.252.993 euros, que tendrían que afrontar, sobre todo, las autonomías". ¿Es este un razonamiento incontestable? Pues habrá que esperar a ver.

El argumento de que cuesta mucho

El artículo 134.6 de la Constitución legitima al Gobierno para rechazar cualquier propuesta legislativa por motivos presupuestarios. El artículo dice: "Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". La Mesa del Congreso tiene la labor de controlar que el Ejecutivo ha cumplido los requisitos que se exigen para el veto. No es habitual que la Mesa rechace la decisión de veto del Ejecutivo, tampoco es habitual que el Gobierno acuda reiteradamente a esta potestad.