El Ministerio de Sanidad plantea "dudas de adecuación al orden constitucional" sobre la subasta de fármacos andaluza

Sevilla (25-27/02-2012) - Redacción/E.P.

• La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha dirigido una carta a la atención de la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, en la que plantea esas "dudas específicas"

• El Ministerio sigue "tendiendo la mano al diálogo" al Gobierno que preside José Antonio Griñán

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha confirmado este viernes que el decreto ley de la Junta de Andalucía que regula la subasta de medicamentos en la comunidad le plantea al Ejecutivo central "dudas específicas en cuanto a su adecuación al orden constitucional en materia de competencias", si bien ha puntualizado que sigue "tendiendo la mano al diálogo" al Gobierno que dirige José Antonio Griñán.
Fuentes de la cartera ministerial han aclarado que ha sido la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, después de examinar las observaciones elevadas por el departamento que dirige Ana Mato, la que ha dirigido una carta a la atención de la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, en la que plantea esas "dudas especificas" en cuanto al orden constitucional del decreto-ley sobre 'subasta de fármacos'.
Preguntadas por si estas "dudas específicas" podrían suponer un primer paso hacia un posible recurso de inconstitucionalidad, las mismas fuentes han declinado entrar en el asunto, si bien han mostrado el "exquisito respeto de este Ministerio por el orden constitucional establecido".
No obstante, han señalado en todo momento la conveniencia de "abrir una puerta al diálogo" con el Gobierno andaluz, "que es en la fase en la que estamos y sin necesidad de dar otros pasos".
"Desde este Sanidad seguimos intentado por todos los medios ofrecer diálogo, al igual que se está haciendo con otras comunidades, y escuchar las propuestas andaluzas", han reiterado las mencionadas fuentes, que, no obstante, han lamentado que "ha sido la Junta la que, en un principio no ha dado la oportunidad de ese diálogo porque la resolución de ese decreto-ley se hizo sin el preceptivo aviso y este Ministerio se enteró a través de la publicación en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas y después de que la consejera (María Jesús Montero) se reuniese con la ministra y no hiciese mención de ello".
Sea como fuere, han recordado que este pasado jueves se ha propuesto ya la creación de un grupo de trabajo para analizar el que las compras de todas las comunidades se hagan a través de una Central de Compras Centralizada y Unificada, siendo este órganos "donde se podrá analizar cualquier medida que proponga cualquier comunidad".
"Lo que queremos es trabajar con coordinación y consenso", han comentado estas fuentes, quienes han recordado que "si hay voluntad para hacer un Pacto de Estado por la Sanidad, como han dicho ya todas las comunidades, los movimientos en materia sanitaria tienen que ir en ese sentido".
Por su parte, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha reiterado que se celebrará la subasta de fármacos en la región, pese a que el Gobierno tiene "dudas sobre su adecuación al orden constitucional en materia de competencias", al tiempo que defiende que la Junta no se someterá a "chantajes" del Ejecutivo central.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Montero ha subrayado que el Gobierno "no nos puede someter a dejar en suspenso una norma que tendría daños a terceros", porque, tal y como recuerda, "hoy termina el plazo de presentación de solicitudes para poder concurrir a la subasta", de manera que, "no vamos a tener en cuenta el requisito que nos piden, que es dejar sin efecto la resolución del BOJA a través del Servicio Andaluz de Salud".
En este sentido, califica de "inaudito" que el Gobierno ponga como condición "que dejáramos en suspensión la resolución por la que se convoca la subasta", y "nosotros no podemos someternos a ese chantaje", según apostilla Montero, quien elogia la política de la Junta como "la correcta porque permite que los ciudadanos mantengan su nivel de prestaciones" y "hemos elegido que los beneficios de la industria farmacéutica vayan a menos".
A su juicio, "con la actuación del Gobierno se pone en evidencia que hay dos modelos distintos", por un lado "el modelo del PP que recurre al gobierno de Andalucía porque pretende que el objetivo de estabilidad sea a partir de disminuir los beneficios de las grandes industrias farmacéuticas", de modo que en el modelo andaluz "preferimos disminuir" dichos beneficios, "antes que disminuir la calidad del servicio sanitario y repercutir en objetivos de estabilidad".
Ante ello, considera que el Gobierno de España con su actuación "le está diciendo a Andalucía que desprestigie el servicio público", aún así, "estamos dispuestos a sentarnos cuantas veces sea oportuno", aunque "con el diálogo a la mayor brevedad", según puntualiza Montero.
CC.OO: la reforma incide en la calidad de los servicios públicos
En otro orden de cosas, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía asegura que la reforma laboral aprobada por el Gobierno el 10 de febrero incide en la calidad de los servicios públicos al permitir, por primera vez, el despido objetivo del personal laboral de las empresas públicas y entidades de derecho público sanitarias de Andalucía por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
"Las medidas contempladas en la reforma laboral, especialmente las que afectan al personal laboral del sector sanitario público andaluz, representan el inicio de un proceso planificado de flexibilización de las condiciones de trabajo que facilitan la privatización parcial o total del servicio a los ciudadanos que ofrecen estos entes públicos", sostiene el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, Humberto Muñoz.
El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, contempla para el personal laboral de las administraciones públicas las mismas causas de despido objetivo que las establecidas para las empresas privadas, alegando razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Sin embargo, a diferencia de éstas, en el sector público se descarta la aplicación de la reducción horaria o la modificación de las condiciones de trabajo, de forma que las alternativas que se plantearían ante situaciones adversas se orientarían al despido colectivo y a la extinción del contrato. "Esta situación se agrava porque una mala ejecución presupuestaria por parte de los gestores públicos puede incentivar este tipo de despido, cuya indemnización será de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades", advierte el dirigente sindical.
Además de la posibilidad del despido objetivo, la reforma laboral permite que, cuando concurran causas económicas -en un periodo de dos trimestres consecutivos-, técnicas, organizativas o de producción, las empresas del sector sanitario público podrán recurrir a la inaplicación del convenio colectivo en materias relacionadas con la jornada laboral y su distribución irregular, los turnos o la cuantía salarial. Comprometida con la defensa de los derechos laborales y de los servicios públicos, la FSS-CCOO Andalucía ha elaborado un díptico que ha difundido entre el personal laboral del sector público, que recoge y explica las principales medidas de aplicación de la reforma laboral a este colectivo.