Farmaindustria ve ilegal la subasta andaluza

La patronal de laboratorios farmacéuticos ha dicho que va a pedir al Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que regula la subasta de fármacos en Andalucía. La consejera andaluza ha señalado que no cree que el Gobierno eleve tal recurso.

08/02/2012 14:57

Farmaindustria ha dado a conocer que solicitará al Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, que regula la subasta de medicamentos convocada por la Junta de Andalucía, vinculada a la dispensación farmacéutica en caso de prescripción por principio activo. La patronal de laboratorios se suma así a la opinión de la Federación de Farmacéuticos Españoles.

Farmaindustria lamenta que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "haya decidido sacar adelante esta iniciativa pese al rechazo que ha generado entre los distintos agentes sanitarios, tanto colegios de farmacéuticos, como la industria farmacéutica y la distribución".

¿Patrimonio en peligro?

Según la patronal, la difícil situación que atraviesan las comunidades "exige el abordaje de posibles soluciones de forma conjunta, desde el diálogo y la búsqueda de consenso para ser capaces de preservar y mejorar el SNS como patrimonio de todos los españoles".

El decreto-ley andaluz "vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS". Además, Farmaindustria añade que "supone una vulneración de lo dispuesto en Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones, y una ruptura de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica, reconocida como mínima y común por el Estado.

A su juicio, con la subasta "se excluirán de la dispensación con cargo al SAS aquellos medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad en la prestación farmacéutica del SNS y de cumplir las condiciones establecidas por la legislación estatal para ser dispensados en caso de prescripción por principio activo, cercenando el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos en la búsqueda de un ahorro que en ningún caso va a solucionar las tensiones presupuestarias del sistema sanitario".

También afirma que la norma implica una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas, muchas de las cuales, especialmente las innovadoras, "van a ver discriminados y expulsados de facto del mercado andaluz sus productos."

El caso gallego

El caso andaluz puede tener parangón con el del catálogo gallego, que Farmaindustria también criticó; de hecho, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia un recurso contencioso- administrativo derivado de "una clara invasión de competencias (ver DM del I-II-2011). Días después, el Gobierno recurrió el catálogo ante el Constitucional.

Respuesta andaluza

Por su parte, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida de que el Gobierno central no atenderá la patición de Farmaindustria. Montero ha aludido al caso del catálogo gallego y al presunto compromiso que la consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, ha destacado en varios foros acerca de la voluntad del Gobierno central de retirar el recurso contra este catálogo, elevado por el anterior Ejecutivo central: "La verdad, no creo que se atrevan a presentar un recurso de inconstitucionalidad con el precedente gallego". En todo caso, si así fuera, no ha dudado en advertir que "presentaremos batalla" en el caso de que el Ministerio decida actuar en ese sentido.

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