“Hay riesgo para los pacientes”
Las urgencias del Ramón y Cajal, ejemplo del colapso
Un centenar de trabajadores denuncian la saturación
El centro ocultó las camas por las quejas
Protestas del personal sanitario ante los recortes a las puertas del Hospital La Paz de Madrid. / Alvaro García
“Hemos de notificar con alarma y preocupación que no disponemos de los medios adecuados para desarrollar nuestro trabajo”. A principios de febrero llegaron de golpe a los juzgados de instrucción de la capital 113 denuncias firmadas por trabajadores (enfermeras, auxiliares, celadores...) del servicio de urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid. Todas con el mismo texto: el centro “se encuentra saturado de forma casi permanente”. Los sanitarios mencionan la “sobrecarga asistencial” y el “riesgo que ello puede suponer para los pacientes”.
El problema de fondo, aseguran tres de esos trabajadores, es la falta de camas suficientes en las plantas de hospitalización y el cuello de botella que eso genera en la urgencia. “Resulta imposible asumir las posibles consecuencias que eventualmente pudieran derivarse para la vida de los pacientes”, le dicen al juez más de un centenar de sanitarios, que también han escrito a la gerencia del hospital alertando de lo que consideran una degradación de la asistencia.
El Ramón y Cajal cambió en enero el sistema de organización de la urgencia y retiró las camas de los pasillos. “Lo que hizo fue esconder a los pacientes y repartirlos en salas donde quedan hacinados”, relatan los trabajadores a EL PAÍS. En el texto de la denuncia al juzgado aseguran que se han habilitado espacios “sin una ventilación adecuada y sin los recursos necesarios para su mejor atención, con el único fin de aparcar dichos pacientes de pasillo”.
Tras la reforma, algunas de las salas (llamadas boxes) que se usaban para explorar a los recién llegados a la urgencia han pasado a albergar a dos pacientes en camillas especiales, más estrechas de lo normal para que puedan caber en un espacio tan reducido. Eso, denuncian los trabajadores, vulnera el derecho a la intimidad de los enfermos y sus familias y además ha empeorado los tiempos de espera al quedar libres menos boxes para filtrar pacientes. Aseguran no dar abasto: “Tenemos mucha suerte de que no haya pasado nada. Muchos días me voy con la sensación de no haber atendido bien a la gente”, relata una enfermera, que afirma padecer cada día más ansiedad.
Las camas han desaparecido de los pasillos —los sanitarios aseguran que la orden llegó después de que en los medios de comunicación aparecieran fotos de hospitales madrileños colapsados—, pero los pacientes no están mejor atendidos, se quejan los denunciantes, que achacan a los recortes la falta de sustituciones de empleados de baja. Al distribuir a los enfermos en diferentes salas, su vigilancia por parte del personal de enfermería se complica, añaden. “Si un paciente se marea, por ejemplo, y no está acompañado, no te enteras”, resume una enfermera.
El hospital niega que exista saturación y afirma que los tiempos de espera incluso han mejorado con la nueva organización de las urgencias. Atribuye las quejas a “la resistencia al cambio” de algunos trabajadores. Un cambio cuyo “objetivo es aumentar la comodidad y la intimidad del paciente”, insiste una portavoz, que niega cualquier tipo de recortes.
El juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha archivado todas las denuncias: ni hay víctima ni hay delito. “Los hechos narrados son sin duda graves, pero no son constitutivos de ningún tipo de imprudencia al no darse por ahora resultado lesivo”, asegura en un auto del 7 de febrero. “Aunque sin duda afecte a la salud, el riesgo no se encuadra en ningún tipo contra la salud pública”, añade. “Sabíamos que se iban a archivar, porque aún no ha pasado nada, pero no queremos que cuando pase no haya constancia de que intentamos evitarlo”, resume una auxiliar.
El problema de fondo, aseguran tres de esos trabajadores, es la falta de camas suficientes en las plantas de hospitalización y el cuello de botella que eso genera en la urgencia. “Resulta imposible asumir las posibles consecuencias que eventualmente pudieran derivarse para la vida de los pacientes”, le dicen al juez más de un centenar de sanitarios, que también han escrito a la gerencia del hospital alertando de lo que consideran una degradación de la asistencia.
El Ramón y Cajal cambió en enero el sistema de organización de la urgencia y retiró las camas de los pasillos. “Lo que hizo fue esconder a los pacientes y repartirlos en salas donde quedan hacinados”, relatan los trabajadores a EL PAÍS. En el texto de la denuncia al juzgado aseguran que se han habilitado espacios “sin una ventilación adecuada y sin los recursos necesarios para su mejor atención, con el único fin de aparcar dichos pacientes de pasillo”.
Tras la reforma, algunas de las salas (llamadas boxes) que se usaban para explorar a los recién llegados a la urgencia han pasado a albergar a dos pacientes en camillas especiales, más estrechas de lo normal para que puedan caber en un espacio tan reducido. Eso, denuncian los trabajadores, vulnera el derecho a la intimidad de los enfermos y sus familias y además ha empeorado los tiempos de espera al quedar libres menos boxes para filtrar pacientes. Aseguran no dar abasto: “Tenemos mucha suerte de que no haya pasado nada. Muchos días me voy con la sensación de no haber atendido bien a la gente”, relata una enfermera, que afirma padecer cada día más ansiedad.
Las camas han desaparecido de los pasillos —los sanitarios aseguran que la orden llegó después de que en los medios de comunicación aparecieran fotos de hospitales madrileños colapsados—, pero los pacientes no están mejor atendidos, se quejan los denunciantes, que achacan a los recortes la falta de sustituciones de empleados de baja. Al distribuir a los enfermos en diferentes salas, su vigilancia por parte del personal de enfermería se complica, añaden. “Si un paciente se marea, por ejemplo, y no está acompañado, no te enteras”, resume una enfermera.
El hospital niega que exista saturación y afirma que los tiempos de espera incluso han mejorado con la nueva organización de las urgencias. Atribuye las quejas a “la resistencia al cambio” de algunos trabajadores. Un cambio cuyo “objetivo es aumentar la comodidad y la intimidad del paciente”, insiste una portavoz, que niega cualquier tipo de recortes.
El juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha archivado todas las denuncias: ni hay víctima ni hay delito. “Los hechos narrados son sin duda graves, pero no son constitutivos de ningún tipo de imprudencia al no darse por ahora resultado lesivo”, asegura en un auto del 7 de febrero. “Aunque sin duda afecte a la salud, el riesgo no se encuadra en ningún tipo contra la salud pública”, añade. “Sabíamos que se iban a archivar, porque aún no ha pasado nada, pero no queremos que cuando pase no haya constancia de que intentamos evitarlo”, resume una auxiliar.
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