Los proveedores sanitarios se desesperan por los impagos

La Generalitat no concreta un plan de pago de la deuda y los bancos exigen más garantías

Rosa anuncia que habrá un calendario de pagos “casi seguro” en el primer trimestre

Proveedores de Sanidad reclaman al Consell que pague de inmediato

Cristina Vázquez Valencia 13 FEB 2012 - 22:07 CET

Los proveedores sanitarios están desesperados. La Generalitat no concreta un plan de pago de la deuda y las entidades financieras les exigen más garantías para financiarlos.

La Generalitat adeuda a la plataforma de proveedores sanitarios, que agrupa a unas 30 empresas, entre 25 y 30 millones de euros desde hace casi un año, dijo su portavoz, Vicente Peris. Por si fuera poco el problema, las entidades financieras les reclaman muchas más garantías a la hora de renovarles las pólizas concedidas con cargo a las cantidades que les adeuda la Generalitat. Les piden que afiancen estas cantidades con bienes tangibles propios, a la vez que les suben los tipos de interés. “Si nos ahogan ahora, cuando saben que estamos a la espera de que nos pague la Administración, la ayuda por parte de los bancos es, simplemente, cero”, se quejó la plataforma.

Peris quiere que la Generalitat se encargue de avalar estas operaciones ante los bancos, porque ellos no pueden. “Es una deuda que no es nuestra, sino de ellos”, reiteró Peris. Este colectivo ha pedido a la Generalitat un plan de pagos como el que ya tienen las farmacias, pero, de momento, no hay nada cerrado.
Este lunes, el consejero de Sanidad, Luis Rosado, habló de ellos: Habrá un calendario de pagos “casi seguro” en el primer trimestre de este año, anunció Rosado. “En el momento en que tengamos realizado el calendario es probable que ya no exista el problema y se dará la orden de pago a las empresas a las que se le debe dinero”, respondió.

Otro colectivo afectado por los impagos es el de los dependientes. Los sindicatos UGT y CC OO han convocado concentraciones los días 15, 22 y 29 de febrero para exigir al Ayuntamiento de Valencia que pague “de manera inmediata” los más de seis millones de euros que, según denuncian, debe a estos colectivos. Las empresas afectadas son las que prestan el servicio de Ayuda a Domicilio, los centros de día para personas mayores y discapacitados y otros programas para personas mayores, familia e infancia.

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