‘Nature’ recoge la denuncia sobre el “suicidio científico” de España
Una investigadora del programa Ramón y Cajal advierte que la I+D no es prioritaria
La ciencia borrada del enunciado de los ministerios en el Gobierno de Rajoy, los fuertes recortes presupuestarios anunciados en I+D [600 millones este año] y la situación laboral de los investigadores son indicadores de la clara línea oficial de que “la ciencia no es una prioridad en España”, escribe la astrofísica Amaya Moro Martín en un artículo que recoge la prestigiosa revista Nature. El título no puede ser más expresivo: Los cambios en España son un suicidio científico.
Moro –Martín, investigadora del programa Ramón y Cajal, explica que, por primera ven en España, ni ciencia ni investigación aparecen en la denominación de algún ministerio y considera que no se trata de un mero cambio simbólico sino que “sigue la tendencia del país de minar deliberadamente la ciencia y restarle importancia”. La crisis económica y las medidas de austeridad necesarias no justifican, en su opinión, las actuaciones del Gobierno, que causan un daño a largo plazo en la infraestructura científica y envían un mensaje contradictorio a otros países y a los inversores.
Pero el daño no es nuevo, sino que arrancó con el Gobierno anterior, con recortes drásticos en la financiación de la I+D y el incumplimiento de los compromisos sobre la restructuración de la carrera científica que no cuajaron en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en mayo del año pasado. Moro-Marín cuenta que las perspectivas actuales son tan desalentadoras que algunos científicos actualmente en el extranjero están rechazando contratos Ramón y Cajal para regresar a trabajar en España.
La congelación de las convocatorias de investigadores en las instituciones públicas es otro factor muy negativo, destaca Moro-Marín. Con el panorama actual, los científicos de entre 20 y 40 años no tendrán más remedio que irse [a otro país] si quieren continuar sus carreras”, escribe.
El hecho de que ni el Congreso ni el Senado hayan constituido las comisiones respectivas de ciencia y tecnología es otra deficiencia notable. La investigadora pide que se ponga en marcha con carácter de urgencia la Agencia de Investigación contemplada en la nueva ley y con un presupuesto multianual que confiera a la ciencia estabilidad y capacidad de planificación a medio y largo plazo, sin fluctuaciones.
Moro-Martín reclama en su artículo en Nature que el esfuerzo español en I+D, actualmente situado en el 1,39% de su PIB, debe ponerse en línea con la media europea del 2% y acercarse al objetivo del 3% fijado en la Estrategia de Lisboa para 2010.
Moro –Martín, investigadora del programa Ramón y Cajal, explica que, por primera ven en España, ni ciencia ni investigación aparecen en la denominación de algún ministerio y considera que no se trata de un mero cambio simbólico sino que “sigue la tendencia del país de minar deliberadamente la ciencia y restarle importancia”. La crisis económica y las medidas de austeridad necesarias no justifican, en su opinión, las actuaciones del Gobierno, que causan un daño a largo plazo en la infraestructura científica y envían un mensaje contradictorio a otros países y a los inversores.
Pero el daño no es nuevo, sino que arrancó con el Gobierno anterior, con recortes drásticos en la financiación de la I+D y el incumplimiento de los compromisos sobre la restructuración de la carrera científica que no cuajaron en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en mayo del año pasado. Moro-Marín cuenta que las perspectivas actuales son tan desalentadoras que algunos científicos actualmente en el extranjero están rechazando contratos Ramón y Cajal para regresar a trabajar en España.
La congelación de las convocatorias de investigadores en las instituciones públicas es otro factor muy negativo, destaca Moro-Marín. Con el panorama actual, los científicos de entre 20 y 40 años no tendrán más remedio que irse [a otro país] si quieren continuar sus carreras”, escribe.
El hecho de que ni el Congreso ni el Senado hayan constituido las comisiones respectivas de ciencia y tecnología es otra deficiencia notable. La investigadora pide que se ponga en marcha con carácter de urgencia la Agencia de Investigación contemplada en la nueva ley y con un presupuesto multianual que confiera a la ciencia estabilidad y capacidad de planificación a medio y largo plazo, sin fluctuaciones.
Moro-Martín reclama en su artículo en Nature que el esfuerzo español en I+D, actualmente situado en el 1,39% de su PIB, debe ponerse en línea con la media europea del 2% y acercarse al objetivo del 3% fijado en la Estrategia de Lisboa para 2010.
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