Advierten ineficiencia de la salud pública en el uso de recursos físicos y humanos
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cuestionó las disparidades que se sustenta entre las provincias del país en la capacidad de administración de los recursos necesarios para brindar el servicio sanitario. Elevado porcentaje de la población no se encuentra asegurada por prestadoras. Desregulación de la medicina privada.
29/11/2010 02:01 AM | En la edición de ayer se proyectó la primera parte de un informe denominado "Desarrollo Humano en Argentina 2010. Trayectos y nuevos desafíos" elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se consignó que el sistema de salud a nivel nacional se encuentra fragmentado, con prestaciones disímiles lo que promueve desigualdades al momento de brindar el servicio sanitario en las provincias, sobre todo por el régimen federal que se establece, pues los estados regionales deben cargar con la mayor erogación para sustentar el sistema.
Asimismo, se objetó que, pese a contar con recursos que sobrepasan el 10 por ciento del PBI nacional, la mitad del gasto que se realiza en esta materia es financiado por las propias familias en detrimento del sector público.
En esta ocasión y en una primera instancia, el análisis estará vinculado con las descripciones sobre la oferta en servicios de salud vinculadas a variables poblacionales, la cantidad de galenos en proporción con los habitantes del territorio, la disponibilidad de camas y recursos físicos y humanos imprescindibles para la eficiencia del sistema. En torno a dicha materia, la investigación sostiene que sorprende la cantidad de recursos disponibles, pues tanto los médicos y camas por habitante muestran niveles muy superiores al promedio mundial, e incluso a los registros de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.
Disparidades distritales
A modo ilustrativo y comparativo puede señalarse que Tucumán cuenta con 702 establecimientos asistenciales, mientras que se estima la preeminencia de 388 habitantes por médico en actividad, en tanto que el guarismo relacionado con los habitantes en proporción con la cantidad de camas disponibles se establece en los 322 pacientes. En el caso de Salta, el número de instituciones sanitarias se reduce a 598, Jujuy con 394, Santiago del Estero (526), Mendoza (676), es decir se han demarcado parangones con distritos que comparten la región, con una expansión territorial medianamente semejante, como así también se realizó la diferenciación con otras provincias de mayor población e infraestructura. Sin embargo, las disparidades son significativas lo que demuestra la heterogeneidad de la distribución de los recursos físicos y humanos como otro rasgo distintivo de la organización del sistema de salud argentino.
"Ello pareciera ser el síntoma y el resultado de los problemas de eficiencia que aquejan al sector. Por un lado, la múltiple cobertura tiene su correlato en un uso ineficiente de los recursos humanos; por el otro, la falta de directrices claras en la política de recursos humanos del sector, y la puja distributiva al interior del gremio médico, determinan una variedad de especialidades médicas que atenta contra un uso adecuado de los cuantiosos recursos humanos", indica PNUD.
Ahora bien, las divergencias resultan más notorias al momento de codificar el nivel de gasto público en salud por habitante y la proporción de la población que no cuenta con cobertura de seguros. Provincias como Formosa y Chaco tienen un 66 por ciento de población no asegurada, mientras que en otras estos valores caen al 30 por ciento, como en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Al referirse a Tucumán, el documento indica que el gasto público provincial en salud por habitante llega a los 424 millones de pesos, además sostiene que las transferencias del Ministerio de Salud como porcentaje de tal gasto provincial sólo alcanza a los 12,5 puntos porcentuales. En tanto que el 48 por ciento de la población de nuestro territorio no se encuentra asegurada.
Panorama heterogéneo
Lo argumentado por el informe asevera que se trata de valores extremos, que se ocultan en el 52 por ciento promedio de cobertura nacional. En algunas jurisdicciones la cobertura depende mayormente del empleo público, mientras que en otras, debido a la mayor edad de la población, el PAMI tiene un papel preponderante. "En suma, el sistema público de atención de la salud se organiza bajo un esquema complejo, ineficiente y muy desigual entre provincias".
Concatenado con el aspecto de aseguramiento, vale señalar que se encuentra conformado por instituciones de la seguridad social (obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, el PAMI) e instituciones privadas. De acuerdo con el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales la carencia de seguros de salud y, consecuentemente, la mayor dependencia de los servicios ofrecidos por el sector público aumentan a medida que disminuye el nivel de ingresos per cápita de las familias. Los hogares de ingresos más bajo sin seguro de salud son siete veces más que los de mayor poder adquisitivo.
Las obras sociales nacionales conforman un conjunto heterogéneo de instituciones. Aproximadamente el 70 por ciento de los beneficiarios se concentra en unas 30 entidades, mientras que el 45 por ciento de ellas tienen menos de 10.000 beneficiarios. Algunas obras sociales casi no tienen beneficiarios mayores de 65 años, mientras que en otras estos son más de un 50 por ciento del total. También poseen una proporción muy diferente de mujeres en edad fértil: El rango va desde un 10 por ciento hasta algo más del 45 sobre el total de beneficiarios. Los aportes personales y las contribuciones patronales obligatorios para todos los trabajadores en relación de dependencia, son la fuente principal de los ingresos de las obras sociales nacionales ya que representan aproximadamente el 87 por ciento del total. Así, el financiamiento de las obras sociales se encuentra fuertemente relacionado con la dinámica del mercado laboral formal, si se tiene en cuenta que en 2009 el empleo precario o informal llegó en el país al 44 por ciento.
Desregulación en el sector privado
Para referirse al sector privado, el documento resalta que las aseguradoras o empresas de medicina prepaga no cuentan hasta el momento con legislación que las regule (un proyecto en este sentido fue aprobado la última semana en Senadores pero retornó a la Cámara baja para su tratamiento) y pueden ser sociedades comerciales, asociaciones civiles con o sin fin de lucro, fundaciones y mutuales o cooperativas. Se desconoce la cantidad de este tipo de empresas ya que no existe un registro oficial, pero algunas estimaciones creen que son unas 300 entidades.
"La magnitud del gasto en el sector salud ofrece excepcionales oportunidades de negocios en un mercado sumamente imperfecto, que muestra una gran dificultad de ser regulado adecuadamente. En la actualidad, cada prestador negocia libremente con los financiadores la modalidad de contratación y sus valores. Dadas las especiales condiciones en que se desenvuelve la oferta privada del sector, con una gran asimetría informativa y otras importantes fallas de mercado, se generan enormes oportunidades para lograr rentas innovativas y oligopólicas", advierte el informe de la ONU.
Síntesis de los aspectos objetados por el informe
Una serie de rasgos definió el PNUD en la agenda futura de reformas para mejorar la calidad, eficiencia y equidad del sistema de salud.
* La cobertura de los diferentes seguros es baja y, teniendo en cuenta las limitaciones de los sistemas de protección social basados en el empleo formal, no es esperable una expansión significativa y pronta.
* La oferta pública de servicios de salud, marcada por un fuerte proceso de descentralización, reproduce los desequilibrios regionales. El sistema público no logra compensar los problemas distributivos.
* Financiamiento fragmentado del sistema. Más de la mitad del gasto público está en manos de la seguridad social, repartido entre obras sociales nacionales, PAMI y obras sociales provinciales.
* El sistema está débilmente gobernado y regulado. El escaso peso del gasto del gobierno nacional inhibe la coordinación y supervisión de la oferta pública.
* La falta de coordinación y articulación atenta contra el uso eficiente de recursos y niveles aceptables de equidad.
* Se requiere una regulación efectiva de las actividades del subsector privado y una adecuación de la seguridad social a un contexto con importantes sectores de la población fuera del mercado formal de trabajo.
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