La retirada de atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles significará entre 27-50 personas fallecidas por VIH en el primer año de la medida
Madrid (13/09/2012) - Redaccción
Un estudio de GESIDA concluye que la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares con VIH conllevaría un incremento de la morbimortalidad y por tanto un mayor coste en la atención de los pacientes, coste que se verá incrementado aún más en los sujetos más inmunodeprimidos
Expertos de GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), han presentado un estudio que pone de manifiesto el impacto negativo que va a tener sobre la incidencia del VIH en nuestro país la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril, que implica la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, y que entró en vigor el paso 1 de septiembre.
Según este estudio, que lleva por título "Evaluación del impacto del nuevo marco legal sanitario sobre los inmigrantes en situación irregular en España: el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana", los efectos del RD van a tener múltiples consecuencias indeseables en la población infectada por el VIH: aumento de mortalidad, más enfermedades oportunistas, más ingresos hospitalarios, incremento de la transmisión maternofilial del VIH... Asimismo, su aplicación favorecerá, según el estudio, más infecciones en la población, tanto por el VIH como por otros patógenos.
En relación con el aumento de la morbimortalidad, el estudio, elaborado por los doctores José A. Pérez-Molina y Federico Pulido, y que acaba de ser publicado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en su revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, indexada en los registros internacionales de las principales revistas biomédicas, muestra que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles dejaría sin la necesaria atención médica a entre 1800 a 3.220 pacientes ya diagnosticados, de los que entre un 70-80 por ciento ya necesitarían tratamiento antirretroviral sólo por sus cifras de linfocitos CD4 al diagnóstico. Teniendo en cuenta el incremento de la tasa de mortalidad asociada a la interrupción del tratamiento, esto supondría, sólo durante el primer año de aplicación de la medida, y en una estimación a la baja, entre 27 y 50 muertes por VIH que, a día de hoy, podrían evitarse.
Siguiendo la extrapolación de datos, el estudio muestra que la frecuencia de infecciones oportunistas (las causadas por patógenos que habitualmente no causan patologías en personas con un sistema inmune sano) se vería incrementada en 2,5 veces (2,1 por cien pacientes-año), lo que supondría entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas durante el primer año, nuevamente en una estimación a la baja. Asimismo, según el informe, resulta esperable un incremento de las complicaciones médicas no relacionadas con el SIDA (como enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas), que son un 68 por ciento más frecuentes en pacientes infectados por VIH que no reciben tratamiento antirretroviral (1,8 por 100 pacientes-año), estimándose al menos entre 33 y 58 nuevos episodios en el primer año.
A partir del primer año, el estudio prevé que la tasa de mortalidad aumente rápidamente y pueda llegar a niveles de los 90, donde en algunas cohortes era de entre 12 y 15 muertes por 100 pacientes/año: en esa época, la infección por el VIH se definía como una enfermedad mortal a medio plazo en la mayoría de los casos y con una elevada tasa de complicaciones que requería ingresos frecuentes y prolongados con una sobrecarga asistencial y un elevado consumo de recursos hospitalarios.
El estudio de GESIDA, presentado por el presidente de SEIMC, Álvaro Pascual, el presidente de GESIDA, Pere Domingo, y el secretario, Juan Berenguer, y por los autores, José A. Pérez-Molina y Federico Pulido, concluye que la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares con VIH conllevaría un incremento de la morbimortalidad y por tanto un mayor coste en la atención de los pacientes, coste que se verá incrementado aún más en los sujetos más inmunodeprimidos. En consecuencia, señala que "supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos".
Por ello, el presidente de GESIDA, Pere Domingo, ha explicado que su grupo de investigación ha mantenido ya distintos encuentros con los distintos portavoces de Sanidad de los partidos políticos con representación en el Parlamento y en el Senado para explicarles las graves consecuencias sanitarias de este Real Decreto-Ley en el campo del VIH. Asimismo, ha informado por carta a la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y próximamente trasladará sus conclusiones, durante una reunión, a la nueva responsable del Plan Nacional del SIDA, Elena Andradas, a la que expresará su preocupación y pedirá la retirada de la medida.
Según este estudio, que lleva por título "Evaluación del impacto del nuevo marco legal sanitario sobre los inmigrantes en situación irregular en España: el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana", los efectos del RD van a tener múltiples consecuencias indeseables en la población infectada por el VIH: aumento de mortalidad, más enfermedades oportunistas, más ingresos hospitalarios, incremento de la transmisión maternofilial del VIH... Asimismo, su aplicación favorecerá, según el estudio, más infecciones en la población, tanto por el VIH como por otros patógenos.
En relación con el aumento de la morbimortalidad, el estudio, elaborado por los doctores José A. Pérez-Molina y Federico Pulido, y que acaba de ser publicado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en su revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, indexada en los registros internacionales de las principales revistas biomédicas, muestra que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles dejaría sin la necesaria atención médica a entre 1800 a 3.220 pacientes ya diagnosticados, de los que entre un 70-80 por ciento ya necesitarían tratamiento antirretroviral sólo por sus cifras de linfocitos CD4 al diagnóstico. Teniendo en cuenta el incremento de la tasa de mortalidad asociada a la interrupción del tratamiento, esto supondría, sólo durante el primer año de aplicación de la medida, y en una estimación a la baja, entre 27 y 50 muertes por VIH que, a día de hoy, podrían evitarse.
Siguiendo la extrapolación de datos, el estudio muestra que la frecuencia de infecciones oportunistas (las causadas por patógenos que habitualmente no causan patologías en personas con un sistema inmune sano) se vería incrementada en 2,5 veces (2,1 por cien pacientes-año), lo que supondría entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas durante el primer año, nuevamente en una estimación a la baja. Asimismo, según el informe, resulta esperable un incremento de las complicaciones médicas no relacionadas con el SIDA (como enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas), que son un 68 por ciento más frecuentes en pacientes infectados por VIH que no reciben tratamiento antirretroviral (1,8 por 100 pacientes-año), estimándose al menos entre 33 y 58 nuevos episodios en el primer año.
A partir del primer año, el estudio prevé que la tasa de mortalidad aumente rápidamente y pueda llegar a niveles de los 90, donde en algunas cohortes era de entre 12 y 15 muertes por 100 pacientes/año: en esa época, la infección por el VIH se definía como una enfermedad mortal a medio plazo en la mayoría de los casos y con una elevada tasa de complicaciones que requería ingresos frecuentes y prolongados con una sobrecarga asistencial y un elevado consumo de recursos hospitalarios.
El estudio de GESIDA, presentado por el presidente de SEIMC, Álvaro Pascual, el presidente de GESIDA, Pere Domingo, y el secretario, Juan Berenguer, y por los autores, José A. Pérez-Molina y Federico Pulido, concluye que la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares con VIH conllevaría un incremento de la morbimortalidad y por tanto un mayor coste en la atención de los pacientes, coste que se verá incrementado aún más en los sujetos más inmunodeprimidos. En consecuencia, señala que "supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos".
Por ello, el presidente de GESIDA, Pere Domingo, ha explicado que su grupo de investigación ha mantenido ya distintos encuentros con los distintos portavoces de Sanidad de los partidos políticos con representación en el Parlamento y en el Senado para explicarles las graves consecuencias sanitarias de este Real Decreto-Ley en el campo del VIH. Asimismo, ha informado por carta a la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y próximamente trasladará sus conclusiones, durante una reunión, a la nueva responsable del Plan Nacional del SIDA, Elena Andradas, a la que expresará su preocupación y pedirá la retirada de la medida.
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