La propuesta de ley extremeña que reconoce a los sanitarios como autoridad pública sigue su trámite parlamentario

Mérida (13/02/2015) - E.P.

• Se abre un plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales a dicha propuesta

• El consejero de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado que el objetivo es "dotar a los profesionales sanitarios extremeños del rango de autoridad pública, procurando con ello, la mayor protección y respeto en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades"

La propuesta de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario del PP, continúa su tramitación en la Cámara legislativa extremeña, tras haber superado el debate a la totalidad. De esta forma, y una vez sustanciado dicho debate en el pleno de este jueves, se abre un plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales a dicha propuesta.

El objeto de esta norma, que ha sido defendida este jueves por el consejero de Salud y Política Socio sanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, en calidad de diputado, es dotar a los profesionales sanitarios extremeños del rango de autoridad pública, procurando con ello, la "mayor protección y respeto" en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

De esta forma, los empleados públicos del sistema de salud de la región tendrían la consideración de autoridad pública y gozarían de la "protección reconocida a tal condición por la legislación vigente"; además, contarían con la "presunción de veracidad" cuando realicen cualquier "denuncia por una agresión verbal o física", ha aclarado Carrón.

La propuesta 'popular' también contempla que la Administración regional ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal aquellas conductas que pudieran estar tipificadas como delito, y tras conocer la versión de las partes implicadas.

Según ha defendido Hernández Carrón, esta ley dará respuesta a "17.000 profesionales sanitarios" de la región y ha expuesto que durante 2014 se contabilizaron un total de 24 agresiones a personal sanitario, "casi la mitad" de los declarados en 2013. No obstante, el consejero de Salud ha matizado que "afortunadamente" este tipo de situaciones "no" son un problema "grave" en la comunidad extremeña.

Con esta norma, que es "una demanda histórica", se "equipara" al personal sanitario con empleados públicos de otros sectores que ya cuentan con dicha protección. "Debemos hacer más en la defensa de los profesionales sanitarios", ha sentenciado.

Asimismo, ha detallado contenidos de la ley como que, estos trabajadores contarán con "apoyo psicológico y médico" en el caso de sufrir una agresión, así como "el derecho a la intimidad".

En el turno de debate de los grupos de la oposición, la diputada socialista Consolación Serrano ha asegurado que es una ley "aporta poca cosa nueva" y que el problema de los "conflictos" entre profesionales sanitarios y usuarios radica en "los recortes" y en la "falta de medios" en la Sanidad, lo cual genera quejas entre los pacientes que son atendidas por los sanitarios.

Según Serrano, el Gobierno extremeño esta "quebrando" la relación entre médico y paciente "con esa política agresiva de recortes", al tiempo que ha aclarado que el reconocimiento como autoridad a un empleado público es "inherente" en el ejercicio de sus funciones. La diputada también ha considerado que, con esta ley, el usuario queda "indefenso" frente a las declaraciones de los profesionales "que no están en la verdad absoluta".

Por su parte, el diputado de IU en el Parlamento extremeño, Víctor Casco, ha asegurado que a su formación "nunca" le ha gustado eso de "hacer médicos-policías", al tiempo que ha considerado que esta ley "es un maquillaje" que "no aborda el fondo del problema" y por qué se producen este tipo de agresiones. En este sentido, Casco ha dicho que la norma debe "conjugar" el derecho del paciente y el del profesional, además el diputado ha apoyado "acabar con los recortes" para "prestigiar la labor de los trabajadores públicos y de la sanidad".

Respecto a posibles modificaciones de la ley a través de enmiendas parciales, se ha reservado decir si su grupo presentaría alguna, puesto que es algo que decidirán "en función de las reuniones con los representantes de los trabajadores".

Por último, Fernanda Ávila, por el PREX-CREX, ha calificado esta incitativa como "controvertida" porque deja a los pacientes "indefensos" si el profesional "siempre tiene la razón", algo que puede generar "desigualdades" entre ambas partes.

Ávila, que se ha mostrado partidaria de apoyar jurídicamente a los profesionales de la Sanidad en la región, ha considerado "primordial" que la Administración autonómica ponga en marcha "campañas de sensibilización" para concienciar a la ciudadanía contra este tipo de violencia. En este sentido, ha adelantado que su partido estudiará enmiendas parciales para "matizar" el texto, a fin de que el ciudadano no quede "indefenso".

Para cerrar el debate, el consejero de Salud ha asegurado que los pacientes "no están indefensos" porque cuentan con herramientas para canalizar sus reclamaciones como el Defensor del Usuario del SES, los servicios de atención del usuario o la ley de Tiempos de Respuesta, además de la jurisprudencia en el ámbito de los derechos civiles.

También ha recordado que el Senado aprobó "por unanimidad" una moción en septiembre de 2012 para dotar al profesional sanitario con el rango de autoridad pública, al igual que se acordó en el Comité Interterritorial por parte de todas las comunidades autónomas.