La Defensora del Pueblo actuará de urgencia para que funcionarios mantengan tratamientos contra el cáncer ante los recortes en las mutuas

Madrid (26/02/2015) - Redacción

• Tras la reunión entre CSI-F y las asociaciones de policías, guardias civiles y afectados por los recortes con la Defensora adjunta, Concepció Ferré, las organizaciones sindicales tramitarán un modelo de queja individual para facilitar la gestión a los ciudadanos

• La campaña www.change.org/salvemosmufaceisfas cuenta ya con más de 115.000 firmas para que el Gobierno mantenga la asistencia a este colectivo

La Defensora del Pueblo iniciará un procedimiento de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de funcionarios, militares y policías con cáncer y otras enfermedades graves, que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que han sufrido las mutuas Muface e Isfas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la Asociación de afectados por los recortes han mantenido un encuentro con la Defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferré, en la que le expusieron la situación que atraviesa este colectivo.

Estos recortes han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos. Consciente de la gravedad, la Defensora del Pueblo adjunta ha ofrecido actuar de urgencia, tramitando los casos individuales que le harán llegar las organizaciones, a través de un modelo de queja.

Aunque, teóricamente, el Gobierno asegura su continuidad asistencial (como máximo un año) lo cierto es que la burocracia y el silencio administrativo está generando una situación de indefensión sobre un colectivo especialmente vulnerable.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y el Ministerio de Defensa han realizado, explican CSI-F y las asociaciones citadas, una dejadez de funciones dado que no han informado a los pacientes de los cambios en su asistencia sanitaria. "Los pacientes han constatado esta situación a posteriori, en el propio centro hospitalario, en el momento en el que les denegaron su asistencia".

A partir de ese momento, los pacientes se han visto obligados a iniciar un 'peregrinaje' burocrático en diferentes centros, sin que la Administración les haya facilitado directamente un trámite de urgencia para facilitar la alternativa asistencial.

Y esta circunstancia ha provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en su centro habitual. "De hecho, dos meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto muchos pacientes aún no han obtenido respuesta", destacan.

Desplazarse a otros centros

Asimismo, continúan su relato de quejas las asociaciones de afectados, "en los casos puntuales en los que el paciente ha conseguido mantener su médico habitual (oncólogo, cardiólogo), tiene que desplazarse a otros centros para seguir recibiendo el tratamiento, pruebas diagnósticas e incluso las urgencias. De esta manera se ha disgregado el tratamiento integral que requieren los pacientes con patologías tan graves, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social".

Se da la circunstancia además de que los funcionarios civiles, militares, guardias civiles y policías, aunque lo quisieran, ya no tienen oportunidad de optar por el cambio de tratamiento al Régimen General de la Seguridad Social, dado que cuando tuvieron constancia de su situación el plazo ya había expirado (31 de enero de 2015).

Estos problemas se agravarán si el Ejecutivo no diseña un plan de viabilidad. Por ello, CSI-F también ha iniciado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, así como una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org (www.change.org/salvemosmufaceisfas), que cuenta con más de 115.000 muestras de apoyo procedentes de toda España, para que el Gobierno mantenga la asistencia a este colectivo.