La mayoría de las sujeciones en residencias se ponen sin consentimiento

Esta es la conclusión de un estudio publicado en el último número de Gaceta Sanitaria, revista de la Sociedad Española de la Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), realizado entre la población geriátrica de los nueve centros sociosanitarios que hay en Islas Canarias de titularidad y gestión pública. En el 82,5 por ciento de los casos de personas sometidas a restricciones físicas no figuraba consentimiento informado.

Soledad Valle. Madrid | 23/02/2018 00:00

1 de 2

Razón de prevalencia de la ausencia de consentimiento informado y de prescripción facultativa (modelos de regresión de Poisson). (Estudio sobre prescripción facultativa y consentimiento informado ante el uso de restricciones físicas en geriátricos publicado en Gaceta Sanitaria.)

"A pesar de que la restricción física afecta a los derechos fundamentales, los requisitos que deberían seguirse para su aplicación no suelen ser tenidos en cuenta por los centros geriátricos". Esta ha sido la conclusión del estudio publicado en el último número de Gaceta Sanitaria y elaborado por Emilio Fariña-López, Gabriel J.Estévez-Guerra, del departamento de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, y Eva Penelo, del departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias de la Salud, de la Universidad Autónoma de Barcelona. La recopilación de estos datos se realizó en 2014.

El trabajo, editado con el título Prescripción facultativo y consentimiento informado ante el uso de restricciones físicas en centros geriátricos de las Islas Canarias, revisa la situación de las 274 personas que están sometidas a restricciones físicas de un total de 995 residentes, que están en los nueve geriátricos de titularidad y gestión pública de Islas Canarias y proporcionan cuidados de larga duración.

Los autores apuntan hacia el desconocimiento de la ley por parte de los profesionales para explicar esta omisión"

El consentimiento informado que exige la ley antes de aplicar una medida de este tipo no figuraba en el 82,5 por ciento de los casos y estaban incompleto en el 13,9 por ciento. Por otro lado, la prescripción de la medida no constaba en el 68,3 por ciento de las historias de estos residentes y estaba incompleta en el 12 por ciento.

La explicación que adelantan los autores ante esta evidente falta de observación de la norma es "el desconocimiento o que los profesionales no consideran la contención un procedimiento exento de riesgos".

Las restricciones físicas más frecuentes fueron los cinturones y los chalecos de contención (en un 79 por ciento de los casos), a parte había indicación de muñequeras, tobilleras o sillones limitadores de la movilidad. La prevención de caídas de la cama o de la silla fueron los motivos fundamentales (80,6 por ciento) para indicar estas medidas.

Entre los afectados predominan los que tenían una dependencia total en sus capacidades funcionales"

Entre los afectados por estas restricciones predominaban los que tenían una dependencia total en sus capacidades funcionales (73,7 por ciento) y un deterioro cognitivo grave (59,1 por ciento).

En las conclusiones del trabajo los autores dan una serie de recomendaciones para terminar con esta situación que supone una importante irregularidad pues, como insisten a lo largo del texto, afecta a la limitación de un derecho fundamental y lo hacen a partir de lo dicho no solo en el marco normativo (Ley de Autonomía del Paciente), si no también en el ético, apuntando lo dicho por el Comité de Bioética de España.

Los autores proponen que "cuando sea imprescindible utilizar una restricción física, se cuente, al menos, con una prescripción facultativa que mencione el tipo de dispositivo, la situación para la que ha sido indicado, los tiempos de aplicación y la duración previstas".

En el caso del consentimiento informado, los autores recomiendan que se incluya en la información "los posibles efectos negativos y las alternativas que se intentaron de forma previa, además de la firma del residente o de su representante".