La nueva subasta de fármacos atrae a 17 empresas pese al aviso de Mato
La Junta estudia ya las ofertas para adjudicar 330 principios activos
Reyes Rincón Sevilla 25 ENE 2013 - 21:19 CET4
Un total de 17 laboratorios aspiran a hacerse con un trozo de la tarta que supone para la industria farmacéutica la segunda subasta de fármacos impulsada por la Consejería de Salud. El plazo para presentarse a la convocatoria pública se cerró el viernes 18 de enero y la Junta está ya estudiando las ofertas para decidir a quién adjudica las más de 900 presentaciones que se han sacado a concurso. La Consejería de Salud espera que las farmacias empiecen a dispensar los fármacos adjudicados entre abril y mayo.
A los grandes laboratorios no les gusta la subasta andaluza de medicamentos y, antes del primer concurso público, Farmaindustria, la patronal de los laboratorios que fabrican medicamentos de marca, pidió al Gobierno central que lo recurriera ante el Tribunal Constitucional. A pesar de todo, 13 empresas se presentaron al primer concurso y 11 resultaron adjudicatarias, aunque siete de ellas dieron plantón a la Junta en el último momento y no llegaron a firmar el convenio.
El alto tribunal no se ha pronunciado aún sobre la constitucionalidad de la medida, pero ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre la subasta, lo que ha abierto las puertas a la Junta para convocar el segundo concurso. Y se ha repetido el guión: las grandes empresas se han posicionado en contra y el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que lo recurrirá ante el Constitucional. Pero los laboratorios han vuelto a presentar ofertas porque, aunque no compartan la medida, el negocio para las adjudicatarias es más que rentable.
La resolución firmada por el gerente del SAS el pasado 20 de diciembre saca a licitación 330 principios activos de 161 subgrupos farmacoterapéuticos. De estos fármacos se dispensan cada año en Andalucía 71 millones de envases. Según los datos aportados por Salud, el SAS invierte anualmente en las moléculas que se pretende adjudicar más de 844 millones de euros, lo que supone el 43% del total el gasto en recetas de medicamentos en el año 2011. Con la subasta, el Gobierno andaluz espera rebajar hasta en un 25% esta factura y ahorrar 211 millones.
Entre otros medicamentos, se han sacado a licitación pública los antidiabéticos orales, antidepresivos, antihipertensivos, antipsicóticos, antihistamínicos, los fármacos para luchar contra la osteoporosis, contra la demencia y varios antiinflamatorios y analgésicos. En la segunda subasta se han incluido también las moléculas que en la anterior convocatoria se sacaron a concurso pero quedaron desiertas o las adjudicatarias no se presentaron a la firma del convenio con la Junta. Éste es el caso de algunos protectores gástricos y antiagregantes plaquetarios.
Las empresas que se han presentado a la convocatoria tienen que acreditar que tienen capacidad para producir la cantidad de envases requerida por la Junta para ese fármaco, además de comprometerse a garantizar el abastecimiento de todas las prescripciones que realicen los médicos del SAS. Si se produce un empate entre la oferta económica de varios laboratorios, tendrá preferencia la empresa que acredite mayor capacidad de producción.
Los convenios que prepara el SAS tendrán una duración de dos años. La Junta no tiene capacidad para bajarle a los laboratorios el precio de los fármacos, por lo que Salud los compra al precio que marca el Ministerio de Sanidad. Pero para participar en la subasta, las empresas han ofrecido a Andalucía mejoras económicas. Los laboratorios abonarán mensualmente en una cuenta corriente de la Junta el importe que le corresponda, en función de los envases facturados de cada uno de los medicamentos que tenga adjudicados de la subasta.
En los dos autos dictados por el momento, el tribunal ha sostenido que la cifra del ahorro que persigue Andalucía es “suficientemente ilustrativa” de sus efectos para las arcas públicas. El tribunal añade que este efecto económico es “tanto más relevante si se toma en consideración el contexto de crisis económica y financiera” del país. Sobre si la Junta tiene o no potestad para sacar a concurso los fármacos, los jueces creen que las Administraciones públicas “tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud”.
A los grandes laboratorios no les gusta la subasta andaluza de medicamentos y, antes del primer concurso público, Farmaindustria, la patronal de los laboratorios que fabrican medicamentos de marca, pidió al Gobierno central que lo recurriera ante el Tribunal Constitucional. A pesar de todo, 13 empresas se presentaron al primer concurso y 11 resultaron adjudicatarias, aunque siete de ellas dieron plantón a la Junta en el último momento y no llegaron a firmar el convenio.
El alto tribunal no se ha pronunciado aún sobre la constitucionalidad de la medida, pero ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre la subasta, lo que ha abierto las puertas a la Junta para convocar el segundo concurso. Y se ha repetido el guión: las grandes empresas se han posicionado en contra y el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que lo recurrirá ante el Constitucional. Pero los laboratorios han vuelto a presentar ofertas porque, aunque no compartan la medida, el negocio para las adjudicatarias es más que rentable.
La resolución firmada por el gerente del SAS el pasado 20 de diciembre saca a licitación 330 principios activos de 161 subgrupos farmacoterapéuticos. De estos fármacos se dispensan cada año en Andalucía 71 millones de envases. Según los datos aportados por Salud, el SAS invierte anualmente en las moléculas que se pretende adjudicar más de 844 millones de euros, lo que supone el 43% del total el gasto en recetas de medicamentos en el año 2011. Con la subasta, el Gobierno andaluz espera rebajar hasta en un 25% esta factura y ahorrar 211 millones.
Entre otros medicamentos, se han sacado a licitación pública los antidiabéticos orales, antidepresivos, antihipertensivos, antipsicóticos, antihistamínicos, los fármacos para luchar contra la osteoporosis, contra la demencia y varios antiinflamatorios y analgésicos. En la segunda subasta se han incluido también las moléculas que en la anterior convocatoria se sacaron a concurso pero quedaron desiertas o las adjudicatarias no se presentaron a la firma del convenio con la Junta. Éste es el caso de algunos protectores gástricos y antiagregantes plaquetarios.
Las empresas que se han presentado a la convocatoria tienen que acreditar que tienen capacidad para producir la cantidad de envases requerida por la Junta para ese fármaco, además de comprometerse a garantizar el abastecimiento de todas las prescripciones que realicen los médicos del SAS. Si se produce un empate entre la oferta económica de varios laboratorios, tendrá preferencia la empresa que acredite mayor capacidad de producción.
Los convenios que prepara el SAS tendrán una duración de dos años. La Junta no tiene capacidad para bajarle a los laboratorios el precio de los fármacos, por lo que Salud los compra al precio que marca el Ministerio de Sanidad. Pero para participar en la subasta, las empresas han ofrecido a Andalucía mejoras económicas. Los laboratorios abonarán mensualmente en una cuenta corriente de la Junta el importe que le corresponda, en función de los envases facturados de cada uno de los medicamentos que tenga adjudicados de la subasta.
El respaldo de los jueces
El Gobierno central ha llevado dos veces la subasta de fármacos al Tribunal Constitucional y los jueces le han dado dos veces la razón a la Junta. El Gobierno ha anunciado que prepara el tercer recurso (que se centrará en la segunda subasta) y, aunque los jueces no se han pronunciado sobre el fondo del asunto (si la Juta tiene competencias para licitar la compra de fármacos), el Ejecutivo andaluz confía en que el tribunal mantenga los argumentos esgrimidos hasta ahora, que marcan una línea mucho más favorable para la Junta que para el Gobierno.En los dos autos dictados por el momento, el tribunal ha sostenido que la cifra del ahorro que persigue Andalucía es “suficientemente ilustrativa” de sus efectos para las arcas públicas. El tribunal añade que este efecto económico es “tanto más relevante si se toma en consideración el contexto de crisis económica y financiera” del país. Sobre si la Junta tiene o no potestad para sacar a concurso los fármacos, los jueces creen que las Administraciones públicas “tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud”.
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