situación de la medicina rural
No sólo distancia y uso justifican un PAC
Los médicos piden que se valore también la situacion sociosanitaria. Dicen que el cierre de centros no ahorra y que crecerán las urgencias. Critican el 'ahogo' retributivo y laboral al que está sometido el médico rural.
S.Valle/J.Plaza/L.G.Ibañes | dmredaccion@diariomedico.com | 28/01/2013 00:00
Luis Rodríguez Herrero, médico de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl), trabajaba en el área básica de salud de Vitigudino (Salamanca) hasta el 1 de enero de este año, cuando fue trasladado a Peñaranda de Bracamonte, al otro extremo de la provincia. El motivo, la supresión de tres plazas de médico en el área de Vitigudino debido al cierre nocturno de las guardias del único punto de atención continuada (PAC) de esa zona sanitaria, el del pueblo de Villarino, y de la decisión de la Consejería de Castilla y León de que la ambulancia de soporte deje de estar dotada con un facultativo y una enfermera.
La atención médica en el área en la que trabajaba Rodríguez Herrero se ha reducido en 480 horas mensuales, de modo que, de 24 médicos, han quedado 21, dejando a cerca de 2.000 personas afectadas por el cierre del PAC. Villarino está a más de 40 minutos en coche del centro de salud de la zona y a más de una hora de camino del hospital de referencia, en Salamanca capital. El facultativo recuerda que esa lejanía motivó en su día la apertura del PAC. Ahora, cierran la atención nocturna y Rodríguez Herrero apunta un dato: "Los helicópteros no vuelan por la noche".
Tras la polémica y enjuiciada decisión del cierre nocturno de 21 PAC en Castilla-La Mancha, de 17 en Castilla y León, de la reducción horaria de 15 PAC en Extremadura, de la clausura de otros 5 en Murcia... sobrevuelan siempre las mismas preguntas: ¿Era necesario? ¿Tanto ahorrará? ¿A costa de qué?
Y, al margen del rifirrafe político, la respuesta entre los profesionales es unánime: la revisión de la existencia y los horarios de los PAC puede hacerse, pero valorando no sólo, que también, las distancias y frecuencias de visita de los centros, sino, sobre todo, la situación sociosanitaria de la población a la que atienden; el ahorro es exiguo en comparación con el ingente gasto sanitario en otras partidas en las que el recorte puede ser parcial en lugar de significar, como en este caso, la decisión entre uno o ninguno; y las repercusiones son tan claras que dejan en evidencia la esencia de lo público: llegar donde nunca lo hará lo privado.
Fernández Pro no oculta la indignación cuando se habla de recortes para ahorrar, "porque el ahorro es tan fácil de calcular como pequeño: 22 euros por hora del médico de guardia por los centros que se han cerrado... y ni siquiera es eso ahorro porque lo que no se sabe es lo que subirá el número de ingresos hospitalarios por no tener la proximidad de un PAC".
El vicepresidente de SEMG huye de victimismos: "Los recortes están llegando también a los hospitales, pero lo cierto es que el punto de partida de primaria era peor. El cierre de PAC es dramático por lo que significa: acabar con la asistencia pública allí donde lo público tiene su propia esencia, pero el ahogo de la medicina rural está llegando por más caminos, con la no sustitución del personal y el recorte en las retribuciones".
Isocronas
Su sentir no difiere mucho del de José Polo, vicepresidente de Semergen y médico rural en Cañaveral (Cáceres). Polo defiende a ultranza que al tomar decisiones sobre el cierre de PAC "no se puede pensar sólo en isocronas y menos aún decir que no salvamos vidas y por tanto no somos necesarios. Para un paciente mayor, sin familia, una fiebre significa desamparo y urgencia".
De forma tajante se expresa también el presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig: "Nos parece mal que se cierren urgencias, porque es mejor que todo esté cerca del paciente. Falta dinero, pero eso es cosa de los políticos; para un médico es mejor que todo esté abierto y funcionando". A su queja añade que "no nos han consultado antes de tomar las medidas" y el resultado de la reorganización "es mala para médicos y pacientes: menos asistencia, jubilaciones, guardias localizadas...". Y ante esa situación, en su opinión, "a veces la huelga es el único remedio; y lo permite la ley".
Ahorro
Con más cautela, Francisco Miralles, secretario general de CEMS a nivel nacional y con cargo sindical también en Murcia, otra de las autonomías afectadas por cierres, cree que en esta comunidad los ajustes se han hecho pactados con profesionales y sindicatos: "Aceptamos una cierta reestructuración, se pueden cerrar 2 ó 3 puntos asistenciales sin que se resienta la sanidad. En su opinión, pese a estar de inicio contra los recortes, "a veces hay que asumirlos, siempre que no traspasen líneas rojas laborales y asistenciales".
También con crítica cautelosa, Pedro Hidalgo, presidente del Consejo de Médicos de Extremadura, señala que "no se puede hacer más con menos, aunque quizá sí lo mismo. Hay que ser generosos con el tejido asistencial, aunque es difícil tener todo para todos".
Desde la Administración se justifican los cierres por la baja frecuencia asistencial, pero también por el ahorro, que tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León, las más afectadas por los recortes rurales, cifran en 1,5 millones anuales.
El contrapunto lo pone también Salvador Peiró, investigador del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Generalitat Valenciana y coautor del Atlas de variación del SNS.
En su opinión, "debe haber volúmenes mínimos de actividad para que sea racional la apertura de un centro 24 horas. Y en población de menos de 1.500 habitantes es difícil". Para Peiró "lo importante es el acceso ante urgencias vitales a lugares con equipamiento adecuado. Y la mera presencia de un médico en un PAC no es garantía ante una urgencia vital".
Peiró insiste además en que "el hospital ya está abierto, ya tiene sus costes, así que lo trascendente es poder llegar a él en caso de necesidad". Además, "está claro que cabe revisar algunos centros, como los de pueblos mineros, que en su día tenían 2.000 habitantes y ahora sólo 20, pero mantienen su médico".
Y es que, aun cuando los recursos no son costosos, una reestructuración a gran escala de la medicina rural sí podría tener grandes repercusiones sobre el gasto de primaria, en tanto las cifras de Sanidad muestran que el 47,5 de médicos de familia del sistema público trabajan en localidades de menos de 1.500 habitantes.
La atención médica en el área en la que trabajaba Rodríguez Herrero se ha reducido en 480 horas mensuales, de modo que, de 24 médicos, han quedado 21, dejando a cerca de 2.000 personas afectadas por el cierre del PAC. Villarino está a más de 40 minutos en coche del centro de salud de la zona y a más de una hora de camino del hospital de referencia, en Salamanca capital. El facultativo recuerda que esa lejanía motivó en su día la apertura del PAC. Ahora, cierran la atención nocturna y Rodríguez Herrero apunta un dato: "Los helicópteros no vuelan por la noche".
- Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Cataluña, Madrid, Aragón y Navarra figuran entre las autonomías que han hecho cambios en horarios y PAC
Tras la polémica y enjuiciada decisión del cierre nocturno de 21 PAC en Castilla-La Mancha, de 17 en Castilla y León, de la reducción horaria de 15 PAC en Extremadura, de la clausura de otros 5 en Murcia... sobrevuelan siempre las mismas preguntas: ¿Era necesario? ¿Tanto ahorrará? ¿A costa de qué?
Y, al margen del rifirrafe político, la respuesta entre los profesionales es unánime: la revisión de la existencia y los horarios de los PAC puede hacerse, pero valorando no sólo, que también, las distancias y frecuencias de visita de los centros, sino, sobre todo, la situación sociosanitaria de la población a la que atienden; el ahorro es exiguo en comparación con el ingente gasto sanitario en otras partidas en las que el recorte puede ser parcial en lugar de significar, como en este caso, la decisión entre uno o ninguno; y las repercusiones son tan claras que dejan en evidencia la esencia de lo público: llegar donde nunca lo hará lo privado.
- Casi la mitad de los médicos de familia del sistema público trabajan en áreas poblacionales de menos de 1.500 habitantes, según los datos de Sanidad
Fernández Pro no oculta la indignación cuando se habla de recortes para ahorrar, "porque el ahorro es tan fácil de calcular como pequeño: 22 euros por hora del médico de guardia por los centros que se han cerrado... y ni siquiera es eso ahorro porque lo que no se sabe es lo que subirá el número de ingresos hospitalarios por no tener la proximidad de un PAC".
El vicepresidente de SEMG huye de victimismos: "Los recortes están llegando también a los hospitales, pero lo cierto es que el punto de partida de primaria era peor. El cierre de PAC es dramático por lo que significa: acabar con la asistencia pública allí donde lo público tiene su propia esencia, pero el ahogo de la medicina rural está llegando por más caminos, con la no sustitución del personal y el recorte en las retribuciones".
Isocronas
Su sentir no difiere mucho del de José Polo, vicepresidente de Semergen y médico rural en Cañaveral (Cáceres). Polo defiende a ultranza que al tomar decisiones sobre el cierre de PAC "no se puede pensar sólo en isocronas y menos aún decir que no salvamos vidas y por tanto no somos necesarios. Para un paciente mayor, sin familia, una fiebre significa desamparo y urgencia".
De forma tajante se expresa también el presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig: "Nos parece mal que se cierren urgencias, porque es mejor que todo esté cerca del paciente. Falta dinero, pero eso es cosa de los políticos; para un médico es mejor que todo esté abierto y funcionando". A su queja añade que "no nos han consultado antes de tomar las medidas" y el resultado de la reorganización "es mala para médicos y pacientes: menos asistencia, jubilaciones, guardias localizadas...". Y ante esa situación, en su opinión, "a veces la huelga es el único remedio; y lo permite la ley".
Ahorro
Con más cautela, Francisco Miralles, secretario general de CEMS a nivel nacional y con cargo sindical también en Murcia, otra de las autonomías afectadas por cierres, cree que en esta comunidad los ajustes se han hecho pactados con profesionales y sindicatos: "Aceptamos una cierta reestructuración, se pueden cerrar 2 ó 3 puntos asistenciales sin que se resienta la sanidad. En su opinión, pese a estar de inicio contra los recortes, "a veces hay que asumirlos, siempre que no traspasen líneas rojas laborales y asistenciales".
También con crítica cautelosa, Pedro Hidalgo, presidente del Consejo de Médicos de Extremadura, señala que "no se puede hacer más con menos, aunque quizá sí lo mismo. Hay que ser generosos con el tejido asistencial, aunque es difícil tener todo para todos".
Desde la Administración se justifican los cierres por la baja frecuencia asistencial, pero también por el ahorro, que tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León, las más afectadas por los recortes rurales, cifran en 1,5 millones anuales.
El contrapunto lo pone también Salvador Peiró, investigador del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Generalitat Valenciana y coautor del Atlas de variación del SNS.
En su opinión, "debe haber volúmenes mínimos de actividad para que sea racional la apertura de un centro 24 horas. Y en población de menos de 1.500 habitantes es difícil". Para Peiró "lo importante es el acceso ante urgencias vitales a lugares con equipamiento adecuado. Y la mera presencia de un médico en un PAC no es garantía ante una urgencia vital".
Peiró insiste además en que "el hospital ya está abierto, ya tiene sus costes, así que lo trascendente es poder llegar a él en caso de necesidad". Además, "está claro que cabe revisar algunos centros, como los de pueblos mineros, que en su día tenían 2.000 habitantes y ahora sólo 20, pero mantienen su médico".
Y es que, aun cuando los recursos no son costosos, una reestructuración a gran escala de la medicina rural sí podría tener grandes repercusiones sobre el gasto de primaria, en tanto las cifras de Sanidad muestran que el 47,5 de médicos de familia del sistema público trabajan en localidades de menos de 1.500 habitantes.
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