Sanidad: "Recomendaremos en las estrategias revisar los criterios de uso de anticoagulantes"

Las sociedades científicas advierten de que, cinco años después de su lanzamiento, continúan las dificultades de acceso a los nuevos anticoagulantes orales y la heterogeneidad en la prescripción según autonomías. Sanidad no se compromete a revisar los IPT pero confiesa que hace falta revisar criterios de uso.

Laura G. Ibañes | 24/11/2015 14:22

La subdirectora de Calidad y Cohesión del SNS, Paloma Casado, ha reconocido hoy en un desayuno organizado por Europa Press, que "hace falta un estudio económico de los anticoagulantes, pero no sólo de los costes de los fármacos sino de todos sus costes indirectos", para valorar a qué pacientes es mejor prescribirles los nuevos anticoagulantes.

Los nuevos fármacos llegan al 40% de pacientes cántabros y sólo el 5% de asturianos

Casado ha realizado estas declaraciones en la presentación del Proyecto Ágora, liderado por la Sociedad Española de Cardiología y Semfyc, para redefinir los criterios de uso de nuevos anticoagulantes ante la heterogeneidad y dificultad de acceso detectada en algunas autonomías. Casado ha reconocido que tras cinco años de uso de estos fármacos es hora de "ampliar la visión sobre su uso valorando no sólo el tratamiento sino también las repercusiones que tiene un mal control del paciente con otros fármacos" y, aunque en todo momento ha evitado comprometerse a una revisión formal del informe de posicionamiento terapéutico (IPT) de los nuevos anticoagulantes "porque no es mi competencia", sí ha afirmado que desde las estrategias de cronicidad e ictus se recomendará "una revisión de los criterios de uso de anticoagulantes en línea con las recomendaciones de las sociedades científicas y "podríamos también recomendar desde las estrategias la revisión de los IPT", ha dicho Casado.

En este sentido, el vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Luis Rodríguez, ha afirmado que esta revisión es urgente porque "tras cinco años de uso ya de los nuevos anticoagulantes las restricciones a su uso y la heterogeneidad entre autonomías no puede seguir amparándose en la prudencia inicial por desconocimiento sobre sus efectos, porque han demostrado ya un claro beneficio. Nos gustaría que se modificase el IPT, pero si no se hace, al menos que Sanidad modifique los criterios para su uso siguiendo las recomendaciones que hemos hecho".

Con estas palabras, el vicepresidente de la SEC hace referencia a la necesidad de utilizar la nueva escala CHA2DS2-VASc para la valoración de qué pacientes deben recibir los nuevos fármacos. Además, añaden que el "alto riesgo hemorrágico" debe ser tenido en cuenta también como criterio para la prescripción de estos nuevos medicamentos. En opinión de la SEC, se debería además facilitar el acceso en la historia clínica electrónica a la información sobre las determinaciones de INR de las seis últimas semanas y dar nuevos anticoagulantes a quienes no consigan un buen ajuste a los tres meses de uso de antivitamina k.

Finalmente, la SEC recomienda el uso de la nueva escala SAMe-TT2R para predecir desde el inicio qué pacientes no tendrán buen control con antivitamina K y deben ser tratados con los nuevos anticoagulantes y facilitar el acceso a los nuevos tratamientos a quienes vayan a someterse a una cardioversión eléctrica "porque el 25% de ellos acuden con mal control y no puede realizárseles el tratamiento y eso supone costes y una mala gestión".

A estas medidas para cambiar los criterios de uso de los nuevos anticoagulantes orales con carácter nacional se une la demanda de Semfyc para que se elimine el visado de prescripción y las trabas para recetarlo desde primaria, que continúan pese a las protestas y la elaboración de criterios nacionales, generando grandes desigualdades de acceso entre autonomías e incluso entre áreas terapéuticas.

En este sentido, las cifras aportadas por José María Lobos, de Semfyc, han mostrado que un millón de personas precisan tratamiento anticoagulante en España. Pero el acceso a los nuevos fármacos se da de forma muy desigual: con cifras que rondan el 40 por ciento en Cantabria, el 30 por ciento de todos los pacientes en Andalucía, 9-10 por ciento en Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia y sólo el 5 por ciento en comunidades como Asturias "que incluso llegó a pedir durante dos años consentimiento informado del paciente para poder prescribirle estos fármacos".

El presidente de la Federación de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados (Feasan), Luciano Arochena, ha recordado que no se trata sólo de cifras y ha lamentado que "en algunas autonomías como Madrid hay literalmente que esperar a sufrir un segundo ictus para que puedan prescribirte un nuevo anticoagulante".