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ESPAÑA
EL MÉDICO DEBERÍA SER QUIEN ORDENE LA SUSTITUCIÓN
La receta del burócrata
La decisión del Gobierno vasco de limitar la receta por marca de cuatro medicamentos de amplio uso es una expulsión de facto de la prestación pública de fármacos autorizados y se adopta sin tener en cuenta al médico.

Emili Esteve, Director del Departamento Técnico de Farmaindustria - Lunes, 14 de Junio de 2010 - Actualizado a las 00:00h.

Si se acepta que un gestor cambie el tratamiento del médico y se acepta la receta del burócrata, entraremos en una senda de consecuencias impredeciblesLa medida de cambiar miles de envases de medicamentos de marca por genéricos en el País Vasco por orden de Osakidetza y sin la implicación directa de los médicos es una alteración radical de las reglas de juego, en las que los pacientes pueden ser los más perjudicados. Desde el 14 de junio, miles de pacientes vascos verán modificados sus tratamientos con motivo de una instrucción de Osakidetza. La decisión, que afectaría a cuatro de los productos más consumidos en primaria, no será tomada por el médico como ha ocurrido desde tiempo inmemorial, sino que procederá de una instrucción de Osakidetza por la que se cambiarán las aplicaciones informáticas en las que están registrados los tratamientos sustituyendo las marcas por sus principios activos. Es una medida para ahorrar que toma la Administración vasca en la que el médico tiene poco que decir, pues si quiere mantener el tratamiento previo no puede. A lo sumo, se le permite elaborar un informe y elevarlo a la superioridad para que ésta decida si le autoriza a mantener el tratamiento que había prescrito, aunque el medicamento que el paciente venía tomando estuviera legalmente autorizado y oficialmente incluido entre los financiados por el SNS.

Como consecuencia, a los pacientes vascos se les suministrará envases de medicamentos distintos a los que tomaban y, aunque manteniendo el principio activo, no tendrán necesariamente ni la misma apariencia, ni la misma forma, ni estarán fabricados por la misma empresa. Este tipo de cambios puede hacerse, desde luego, pero lo habitual es que sea el médico quien los ordene en vez de que se lleven a cabo por una instrucción burocrática formulada por un gestor alejado de la consulta y que no está en condiciones de valorar las necesidades individuales de cada paciente.

Además, los cambios de medicamentos no son siempre neutrales. Los pacientes que toman varios medicamentos, o los de edad avanzada, o los que tienen una rutina de administración, pueden confundirse fácilmente si no son conscientes de que el nuevo tratamiento no es un medicamento más, sino que sustituye al anterior que tenía un nombre, una forma y un color diferente. Este simple hecho, que resulta obvio para toda persona relacionada con el mundo sanitario, es motivo de perplejidad para numerosos pacientes pues, lógicamente, asocian el medicamento a la mera apariencia externa y no se les puede pedir que consideren la identidad de "su composición cuali y cuantitativa en principios activos presentados en una determinada forma farmacéutica de administración". La duplicidad de tratamientos es una causa muy habitual de los problemas relacionados con los medicamentos, pero no es la única causa, pues no debemos olvidar que diferencias en los excipientes comportan riesgo de reacciones alérgicas, o que las indicaciones pueden diferir entre medicamentos de igual composición. Por eso, parece imprescindible que sea el médico quien ordene la prescripción y decida en qué momento y a quién (y a quién no) se le debe sustituir un fármaco.

Para la industria la decisión tiene una debilidad singular porque supone la expulsión de facto en el País Vasco de determinados fármacos que están legalmente autorizados y financiados en todo el SNS. Y digo expulsión de facto porque, aunque es verdad que las marcas se mantienen en la prestación pública del País Vasco, no es menos cierto que las limitaciones introducidas en su prescripción persiguen un alcance equiparable. Por primera vez la limitación en el uso de medicamentos financiados por el SNS se ha producido no porque los médicos hayan dejado de prescribirlos, sino como consecuencia de una decisión administrativa, que se ha adoptado, llamativamente, sin una norma legal. Desconocemos por qué se ha hecho así, pero los laboratorios afectados sufrirán, arbitrariamente, un daño muy intenso e imposible de reparar y de prever en base a las condiciones legales establecidas.

Debemos tener en cuenta que los laboratorios perjudicados comercializan medicamentos originales cuyos precios, en el momento de la aparición de los genéricos, sufren una progresiva reducción hasta alcanzar el precio de referencia. Todo ello conforme a unas reglas establecidas en la legislación vigente. Resulta inaceptable una medida coyuntural como ésta, pues supone una auténtica quiebra en este recorrido, ignorando no sólo la legalidad que ampara que el medicamento original se acomode al precio de referencia en el plazo que la ley permite, sino promoviendo su expulsión oportunista del mercado y dañando a la marca de manera irreversible. Si se acepta que un gestor pueda modificar el tratamiento de los médicos, si se acepta como válida la receta del burócrata en vez de la receta médica, podemos entrar en una senda de consecuencias impredecibles: en materia sanitaria y penal, si acontece una reacción adversa grave derivada del mero cambio (o de la confusión que provoca el cambio); en materia económica, pues origina beneficios inmediatos para ciertas empresas en detrimento de otras; en materia de responsabilidad política, pues la medida es arbitraria, falta de criterio y de predictibilidad, y finalmente, pero no menos importante, en materia ética, por la potencial intromisión de la Administración en la zona de confianza que el paciente deposita en su médico. Esta medida quiebra ese espacio de relación médico-paciente, que hasta ahora se había respetado escrupulosamente por los gestores por razones científicas y éticas. Hasta ahora, las administraciones habían instruido al médico sobre los costes de los tratamientos, sobre la eficiencia, sobre la comercialización de genéricos más baratos, incluyendo incentivos económicos para fomentar un determinado perfil de prescripción, pero siempre la decisión dependía del profesional sanitario, exclusivamente, pues en ello descansaba su actuación profesional.

Por descontando la industria emprenderá acciones legales y exigirá responsabilidades ante esta inusitada decisión, que desde luego en nada fomenta algunos de los valores que tan preciados parecían en las instituciones vascas como la innovación o la defensa de la marca y que introduce una incertidumbre muy importante en los mecanismos de decisión para el tratamiento y en los derechos de las empresas. Pero la medida exige no sólo acciones legales, sino una contestación más amplia, porque toma un atajo que difícilmente los actores sanitarios podemos aceptar.
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