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El nuevo catálogo gallego de medicamentos vulnera el principio de igualdad de los pacientes al acceso a la prestación farmacéutica, según SEFAC

Redacción

"Discrimina a los gallegos y los convierte en pacientes de segunda al no acceder en igualdad de condiciones a los tratamientos disponibles respecto al resto de los españoles", señala la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria


Madrid (5-1-11).- La Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) lamenta las graves consecuencias que para el sector farmacéutico y la ciudadanía se derivarán de la aprobación, el pasado 22 de diciembre, en el Parlamento Gallego, de la Ley 12/2010 de Racionalización del Gasto en la Prestación Farmacéutica. Esta nueva norma autonómica contempla la implantación de un catálogo priorizado de medicamentos en la comunidad gallega que supondrá la exclusión de la financiación por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) de medicamentos que sí se prescriben y dispensan en otras comunidades de España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

"Este catálogo vulnera el principio de igualdad de acceso a la prestación farmacéutica recogido en las Leyes 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establecen el principio de igualdad de acceso, calidad y suministro en el ámbito del medicamento por parte de los ciudadanos independientemente de su comunidad autónoma de residencia". Así pues, SEFAC denuncia que con el nuevo catálogo de medicamentos los gallegos se convertirán en ciudadanos de segunda en lo que a las prestaciones farmacéuticas se refiere, toda vez que, a diferencia del resto de ciudadanos del Estado español, la proposición de ley aprobada el pasado 21 de diciembre impedirá al usuario de Galicia el acceso a todos los medicamentos incluidos en el Nomenclator oficial del Ministerio de Sanidad. "Como consecuencia, ni el médico podrá prescribirlos ni el ciudadano residente en Galicia tendrá acceso a los mismos medicamentos y productos sanitarios que el resto de los ciudadanos españoles cuando la prescripción y dispensación de los mismos se realice fuera del ámbito territorial de esta comunidad".

Según señalan, "se trata de una medida clara de discriminación que supone una ruptura de la cohesión del Sistema Nacional de Salud y vulnera el principio de igualdad de acceso a la prestación farmacéutica. En definitiva, la propuesta representa un atentado contra la libre prescripción médica, la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a los ciudadanos residentes fuera de Galicia. Además, repercutirá de igual forma en aquellos pacientes que, estando desplazados, requieran recibir asistencia sanitaria en la Comunidad gallega".

Al margen de los perjuicios que para los usuarios se derivarán del catálogo gallego de medicamentos, SEFAC advierte de las graves consecuencias que este tendrá para el sector farmacéutico, que se traducirán en importantes pérdidas económicas y de empleos, no sólo en la industria farmacéutica sino también en otros agentes de la cadena del medicamento, especialmente en las oficinas de farmacia. A estas consecuencias se suma el riesgo de deterioro de un servicio básico para la población.

Finalmente, SEFAC denuncia que con esta Proposición de Ley el Gobierno gallego "invade competencias exclusivas del Estado sobre productos farmacéuticos y sobre régimen económico de la Seguridad Social. Entre otros aspectos, recuerda que la Xunta no tiene competencia para modificar las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios en Galicia, ni para excluir, mediante un catálogo propio, medicamentos y productos sanitarios que están incluidos por el Ministerio de Sanidad en el Nomenclator". A este respecto, SEFAC recuerda que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, pueden aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán, cuanto menos, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es decir, pueden ampliarla pero nunca recortarla.

Ante esta situación, SEFAC solicita la anulación de este Catálogo que deriva de la Proposición de Ley de Racionalización del Gasto en la Prestación Farmacéutica aprobada el pasado 21 de diciembre, y reclama a las administraciones competentes que, de oficio, interpongan el correspondiente recurso contra esta norma por ser inconstitucional.
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