El Constitucional vuelve a suspender la subasta andaluza de fármacos
El alto tribunal admite a trámite el recurso del Gobierno contra el decreto andaluz de ahorro sanitario
Reyes Rincón Sevilla 26 JUL 2012 - 13:54 CET2
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto ley que regula la subasta de fármacos andaluza. La admisión a trámite supone de forma automática la suspensión cautelar de la adjudicación pública de medicamentos por parte de la Consejería de Salud.
El alto tribunal tiene que decidir en los próximos cinco meses si mantiene la suspensión o la levanta, tal y como ya ha hecho con la suspensión anterior decretada después de que el Gobierno recurriera la resolución por la que el pasado mes de enero la Junta anunció la convocatoria pública de la subasta. El fin de esta primera suspensión se conoció la semana pasada, pero el Ministerio de Sanidad ya contaba con que la subasta volviera a quedar frenada en pocos días gracias a un segundo recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy contra el decreto de medidas urgentes sobre la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La suspensión cautelar es automática siempre que la Administración central recurre una norma autonómica. Los jueces tienen hasta cinco meses para decidir si mantiene la suspensión del decreto mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad. En el auto con el que recientemente levantó la suspensión cautelar anterior, el tribunal se apoya en el ahorro previsto por la Junta con esta medida (40 millones el primer año y más de 200 en próximas convocatorias) y advierte de que la cifra es “suficientemente ilustrativa” de los efectos de esta iniciativa de la Consejería de Salud. “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, sostiene le tribunal.
El alto tribunal tiene que decidir en los próximos cinco meses si mantiene la suspensión o la levanta, tal y como ya ha hecho con la suspensión anterior decretada después de que el Gobierno recurriera la resolución por la que el pasado mes de enero la Junta anunció la convocatoria pública de la subasta. El fin de esta primera suspensión se conoció la semana pasada, pero el Ministerio de Sanidad ya contaba con que la subasta volviera a quedar frenada en pocos días gracias a un segundo recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy contra el decreto de medidas urgentes sobre la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La suspensión cautelar es automática siempre que la Administración central recurre una norma autonómica. Los jueces tienen hasta cinco meses para decidir si mantiene la suspensión del decreto mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad. En el auto con el que recientemente levantó la suspensión cautelar anterior, el tribunal se apoya en el ahorro previsto por la Junta con esta medida (40 millones el primer año y más de 200 en próximas convocatorias) y advierte de que la cifra es “suficientemente ilustrativa” de los efectos de esta iniciativa de la Consejería de Salud. “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, sostiene le tribunal.
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