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Protestar por sistema
Siempre que se toma una medida sanitaria de calado (y da igual qué gobierno lo haga) se genera un ruido de fondo a veces tan intenso que distorsiona la realidad y la razón. Eso es lo que está pasando con los ecos de la reciente desfinanciación por parte de las arcas del Estado de cientos de medicamentos considerados de utilidad dudosa.
Buena parte de opiniones y editoriales de los medios de comunicación y de ciertos colectivos sanitarios muestran su disconformidad con esta decisión. La verdad es que cuando se reflexiona con serenidad sobre el asunto se vislumbra que en muchas de las críticas o hay sesgo, conflictos de interés o, a lo peor, lo que hay es ignorancia.
La inmensa mayoría de los antiinflamatorios tópicos, los vasodilatadores cerebrales, los jarabes supuestamente mucolíticos, los antivirales en pomada y casi todos los fármacos ahora excluidos no pasarían en este momento por las horcas claudinas de un ensayo clínico riguroso.
Esa es la razón, además de lo que se va ahorrar, que exhiben las autoridades sanitarias para tomar una decisión como la que han tomado.
Estos fármacos, por baratos que sean, no son mucho más eficaces que un placebo. Entonces, ¿por qué cuestionarse que los pague el Estado? El 95% de ellos está fuera de la financiación en toda Europa. Y si pedimos a gritos ser mucho más Europa de lo que lo hemos sido tiene poco sentido quejarse por algo de esta naturaleza.
Las protestas provienen de los partidos políticos que están en la oposición y de la federación de farmacéuticos. Sin razonamientos convincentes. Todos los médicos a los que hemos consultado están de acuerdo con la medida. Se quejan, eso, si, de no haber sido consultados pero de poco más.
No es exagerado afirmar que España se encuentra al borde de un problema mayúsculo. Distraer la atención en estas condiciones con la maldad de la desfinanciación de productos de baja utilidad es un absurdo.
La opinión que vierten en ocasiones unos y otros o está sesgada por su propio interés o es producto del desconocimiento. En los tiempos que corren, el ser lo más serio posible con los datos científicos es una necesidad mayor que una virtud.
Buena parte de opiniones y editoriales de los medios de comunicación y de ciertos colectivos sanitarios muestran su disconformidad con esta decisión. La verdad es que cuando se reflexiona con serenidad sobre el asunto se vislumbra que en muchas de las críticas o hay sesgo, conflictos de interés o, a lo peor, lo que hay es ignorancia.
La inmensa mayoría de los antiinflamatorios tópicos, los vasodilatadores cerebrales, los jarabes supuestamente mucolíticos, los antivirales en pomada y casi todos los fármacos ahora excluidos no pasarían en este momento por las horcas claudinas de un ensayo clínico riguroso.
Esa es la razón, además de lo que se va ahorrar, que exhiben las autoridades sanitarias para tomar una decisión como la que han tomado.
Estos fármacos, por baratos que sean, no son mucho más eficaces que un placebo. Entonces, ¿por qué cuestionarse que los pague el Estado? El 95% de ellos está fuera de la financiación en toda Europa. Y si pedimos a gritos ser mucho más Europa de lo que lo hemos sido tiene poco sentido quejarse por algo de esta naturaleza.
Las protestas provienen de los partidos políticos que están en la oposición y de la federación de farmacéuticos. Sin razonamientos convincentes. Todos los médicos a los que hemos consultado están de acuerdo con la medida. Se quejan, eso, si, de no haber sido consultados pero de poco más.
No es exagerado afirmar que España se encuentra al borde de un problema mayúsculo. Distraer la atención en estas condiciones con la maldad de la desfinanciación de productos de baja utilidad es un absurdo.
La opinión que vierten en ocasiones unos y otros o está sesgada por su propio interés o es producto del desconocimiento. En los tiempos que corren, el ser lo más serio posible con los datos científicos es una necesidad mayor que una virtud.
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