Un verano de recortes, copago, crisis Gobierno-autonomías y rebelión médica
Madrid (01-03/09/2012) - Redacción
El 27 de junio se celebró un Consejo Interterritorial del que salían diversas medidas a implantar, fundamentalmente, las relativas a nuevos recortes, al copago farmacéutico y a la atención, o no atención, a los inmigrantes ilegales, en un verano en el que la Sanidad ha estado muy marcada por los aspectos económico y político
La reunión del CISNS también sirvió para cerrar el nuevo copago farmacéutico que entraría en vigor el 1 de julio. Ana Mato recordaba a las Comunidades que estaban obligadas a cumplir con la legalidad, y avanzó que esperaría a ver publicada la normativa impulsada por el Gobierno vasco para eludir el nuevo copago para decidir si tomaba alguna acción legal al respecto. El nuevo copago, con más o menos dificultades y entre las protestas o alegaciones de numerosos grupos sindicales, profesionales y sociales, se puso en marcha en la práctica totalidad de las CC.AA.
Además, en la reunión se suscribió un acuerdo para la selección de suministradores de las vacunas incluidas en el calendario infantil, con la que se ahorrarán 20 millones de euros; se dio luz verde al proyecto de Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario; y se acordó la creación de dos nuevas especialidades médicas: Genética y Psiquiatría Infanto-Juvenil; y cuatro áreas de capacitación específica (Enfermedades Infecciosas, Hepatología, Neonatología y Urgencias y Emergencias; esta última inició movilizaciones en su exigencia de la especialidad).
Controversia con las Comunidades
Las Comunidades del PP, y en concreto el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, solicitaron al País Vasco, a su consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que cumpliese con el copago farmacéutico propuesto por el Ministerio de Sanidad. Bengoa aseguró que las medidas de copago farmacéutico puestas en marcha por el Gobierno central sólo se aplicarían en el País Vasco si el Tribunal Constitucional anulara "temporalmente" el decreto vasco hasta adoptar una resolución. Y así fue: el Gobierno planteó ante el TC un conflicto positivo de competencia al Gobierno vasco, lo que implicó la anulación del decreto vasco.
El Gobierno también acordó recurrir ante el TC el decreto andaluz sobre prestación farmacéutica, a través del cual el Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizó una convocatoria para la selección de medicamentos (subasta de fármacos); la Junta de Andalucía aplaudió el levantamiento de la suspensión cautelar de cinco meses contra la resolución que aplicaba la subasta de fármacos, aunque el 26 de julio se supo que el TC había admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la subasta, volviendo a paralizarla.
Por su parte, el Parlamento de Navarra acordó presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de los Reales Decretos Ley que contemplaban recortes en materia de Sanidad y de Educación. El Gobierno de Navarra decidió suprimir el 5,75 por ciento de la estructura no sanitaria del Servicio Navarro de Salud.
En Cataluña, la Generalitat decidió aplazar un mes el cobro a los pacientes del nuevo concepto de copago farmacéutico, en un plan transitorio hasta el 1 de octubre. Los ciudadanos catalanes ya tenían que pagar la tasa de un euro por receta, que el Govern aseguró que se mantendría. La Generalitat no recurrió ante el TC finalmente, como había adelantado, el recorte sanitario.
En Baleares, donde el Sindicato Médico desconvocó finalmente la huelga por el tema de los complementos a los médicos al llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad, la nota destacada fue la dimisión de la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro. El presidente nombró a Antoni Mesquida nuevo consejero; el Sindicato Médico ve en Mesquida a la persona "ideal" para el cargo por su capacidad de diálogo.
Las movilizaciones de profesionales y la negociación por la implantación de la jornada semanal de 37,5 horas se mantuvieron en la mayoría de las Comunidades. En Extremadura se llegó a un principio de acuerdo, y se espera que en septiembre haya un importante salto en el anhelado Pacto por la Sanidad. En Asturias, Sanidad ahorrará hasta 17 millones con el aumento de jornada, al reducir peonadas y contratación eventual; la implantación de la medida motivó que los sindicatos se encerrasen en la sede del SESPA. En Castilla-La Mancha se anunció la no renovación del contrato a un 47 por ciento de los interinos en diferentes consejerías, con especial afectación a Sanidad.
La voz de los facultativos: atención a los "sin papeles"
Al lado de las protestas de sindicatos (se organizaron en una Plataforma que desarrollará el grueso de sus protestas a partir de septiembre) y de organizaciones profesionales advirtiendo del deterioro del SNS que ya están provocando los recortes (en especial, la aplicación de la jornada semanal de 37,5 horas), la voz y el buen hacer del médico se dejó oír en noticias más agradables, como el que la Conferencia Wonca Europa, en Viena, reconociese la labor tanto asistencial como investigadora de los médicos de familia españoles. O que España volviese a batir el récord en donación y trasplante de órganos, realizando en un día 36 intervenciones. Por otra parte, CESM, tras un estudio del Sindicato Médico de Granada, reclamó que el tiempo de formación continuada compute como jornada laboral: el 69 por ciento de los médicos le dedican cinco horas semanales.
CESM también reaccionó de forma rápida ante el anuncio de un nuevo recorte: la eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionarios, entre ellos a los médicos, para los que supone entre el tres y el cinco por cinco por ciento de su sueldo. La Confederación explicó que iba a "reconsiderar" su apoyo a la ministra Mato para la gestión y la sostenibilidad del SNS.
Diez sociedades científicas firmaron un documento proponiendo medidas de mejora que garanticen la calidad del SNS sin necesidad de hacer recortes. Éstas fueron la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y la Sociedad Española de Reumatología (SER).
Aunque sin duda, la que destacó fue la iniciativa lanzada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC): pedir a los médicos recurrir a la objeción de conciencia ante el Decreto de Sanidad que establecía la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes "sin papeles" que ya están siendo tratados en España. A su juicio, la normativa suponía un "conflicto ético" entre los profesionales en relación a su deber con el SNS y su deber con estos pacientes. La iniciativa de semFYC encontró múltiples apoyos en el ámbito profesional (OMC, CESM, distintas sociedades y colegios de médicos), y también en el político.
Sindicatos como CESM-Comunidad Valenciana recordaron que los médicos "como profesionales" no pueden legalmente denegar auxilio a una persona en situación de riesgo sin incurrir en delito de omisión de socorro. Por su parte, la Generalitat catalana decidía garantizar la atención sanitaria a las 600.000 personas (el ocho por ciento de la población catalana) que, según el nuevo Real Decreto estatal, deberían quedar excluidas del acceso al sistema sanitario público no urgente, tal y como lo anunció el consejero de Salud del Govern, Boi Ruiz. De estas 600.000 personas, 180.000 son extranjeros en situación irregular y 420.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social, y que pertenecen a órdenes religiosas, profesiones liberales, no tienen recursos, no cotizan en la Seguridad Social o tienen rentas superiores a los 100.000 euros.
Otras Comunidades como Andalucía, País Vasco o Galicia ya han anunciado que a partir de septiembre van a seguir haciéndose cargo de lo que cueste la atención de sus inmigrantes en situación irregular.
Dependencia
El Pleno del Congreso ratificó el decreto de 13 de julio, de medidas antidéficit para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que, entre otros puntos, establece una reforma del Sistema de Dependencia que recorta prestaciones y aumenta el copago. La norma fue aprobada con el voto a favor del PP, el voto en contra de PSOE, CiU, PNV, UPyD, Coalición Canaria, Geroa Bai, Foro de Asturias y la única abstención de UPN. La norma modifica el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que, por un lado, rebaja un 15 por ciento las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y restringe los pagos con carácter retroactivo, y por otro, revisa al alza el copago al introducir nuevos criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios.
Los datos del copago
Según los datos oficiales del SNS, el gasto farmacéutico descendió en el mes de julio, primero con la aplicación del copago, casi un 24 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, la mayor reducción desde que se elabora el registro. Y el número de recetas facturadas bajó un 14,14 por ciento frente al mismo mes de 2011, lo que también supone la mayor reducción registrada. El gasto medio por receta descendió un 11,41 por ciento, lo que sitúa la variación interanual en el -7,13 por ciento. El gasto a través de receta en julio fue de 702.867.409 euros, con una variación interanual del -6,88. Se resaltaba asimismo que el País Vasco, donde no se aplicó el copago, es la única comunidad que incrementó el gasto en farmacia y el número de recetas prescritas, lo que se interpretó como buen resultado de las medidas adoptadas mediante el RD 16/2012. Ya a finales de julio se había destacado que el gasto farmacéutico medio por receta del SNS había alcanzado en 2012 el nivel más bajo de los últimos 14 años: 10,81 euros, según los datos correspondientes al primer semestre del año sobre gasto a través de receta oficial. Por su parte, la Generalitat de Cataluña recaudó diez millones de euros en concepto de la tasa del euro por receta desde su implantación el pasado 23 de junio en las farmacias catalanas.
Las reacciones a esta valoración de los datos del gasto farmacéutico no se hicieron esperar. Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, destacó que el ahorro era "menor del anunciado", y acusó al Gobierno de hacer "un uso sesgado" de los datos del gasto farmacéutico. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública acusó a Sanidad de "manipular" y "tergiversar" el gasto farmacéutico tras el copago. El secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lo resumió de un modo más fácil: el descenso en el gasto farmacéutico es "en gran medida consecuencia de que hay muchas personas que están dejando de comprar medicamentos".
Acuerdos en Consejo de Ministros
El Ministerio de Sanidad acordó con las CC.AA. (no se adhirieron a los acuerdos Andalucía, el País Vasco y Navarra) la compra centralizada de las vacunas del calendario infantil y las de adultos, con un ahorro estimado de más de 31 millones de euros. Este convenio llegaba después del éxito de la compra conjunta de la vacunación antigripal, que sólo este año ha supuesto un ahorro de más de seis millones de euros. En concreto, el Gobierno aprobó tres Acuerdos Marco. El primero corresponde a la mayoría de las vacunas, tanto infantiles como de adultos. Los otros dos acuerdos corresponden a la vacuna conjugada frente al meningococo C y a la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH).
El Ministerio sacó adelante la norma que garantiza la universalidad de la Sanidad para todos los españoles, y el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al SNS, norma que garantiza la asistencia sanitaria pública para todos los españoles y extranjeros con residencia legal, adapta la normativa europea y pone freno al "turismo sanitario", por lo que generará un ahorro de 1.000 millones.
Crisis interautonómica
Ana Mato convocó a finales de agosto en Valladolid a los consejeros de Salud de las comunidades autónomas a un encuentro "informal" y "fuera de la rigidez" que suele rodear a las reuniones del CISNS, con el objetivo de evaluar el impacto de las medidas de la reforma sanitaria ya puestas en marcha, entre ellas el copago farmacéutico. Asimismo, se acercarían posturas en temas como la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de aseguramiento que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, o la creación definitiva de una única cartera de servicios y una tarjeta sanitaria interoperable en todo el SNS.
En la reunión también se debatió el papel de los profesionales sanitarios en la sostenibilidad del SNS y su desarrollo profesional, desde un punto de vista unitario para todo el territorio pero con la perspectiva autonómica, planteando una serie de "soluciones y medidas innovadoras" que atajen la "dispersión normativa" y el "estancamiento" que afecta a la política de recursos humanos de los profesionales sanitarios. Mato propuso mejorar "la autonomía y responsabilidad" de los profesionales, y destacó que "nadie va a quedar desatendido" a raíz de los cambios en el modelo sanitario, subrayando a su vez la efectividad de las nuevas medidas en materia farmacéutica, con un ahorro de casi el 24 por ciento, lo que refuerza la sostenibilidad del SNS. "Queremos debatir en profundidad sobre el papel de nuestros profesionales en el SNS, sobre su marco regulatorio, su motivación y sobre su desarrollo profesional", resumió la ministra, para quien una materia como ésta resulta "clave" en pro de la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario. A su juicio, se antoja necesario mejorar la autonomía y responsabilidad de los profesionales y estudiar "posibles modelos retributivos".
Sin embargo, los departamentos de Sanidad de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco no acudieron a la reunión y emitieron un comunicado conjunto mostrando su rechazo a las políticas "regresivas" que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP y pidiendo al Ministerio que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales y que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías". Según recordaron estas Comunidades, el encuentro de Valladolid se producía en vísperas de la aplicación de "dos nuevos recortes" de la Sanidad pública como son la retirada de medicamentos del sistema de financiación pública y la definitiva implantación "de un sistema de aseguramiento ya superado en España por la Ley General de Sanidad, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles, que ahora dependen de su situación de dependencia familiar o nivel de rentas, y de extranjeros que residen en España".
El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, aseguró que el Gobierno de la Comunidad va, "simplemente, a desobedecer" los recortes en Sanidad de Rajoy, por lo que en Euskadi los inmigrantes "van a seguir siendo atendidos como debe ser". A su juicio, esto no es "insumisión".
Elecciones en el País Vasco y en Galicia
En agosto también se supo que dos comunidades, el País Vasco y Galicia, habían decidido adelantar sus elecciones para celebrarlas el próximo día 21 de octubre. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que en caso de ser reelegido reducirá gasto farmacéutico y de personal; apuntó que si se reduce la factura de farmacia un 20 por ciento, se ahorrarían 150 millones de euros, el presupuesto de una Consejería.
Formación: nota de corte en el MIR
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acordó con el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del SNS, fijar una nota de corte (el 30 por ciento de la media de los diez mejores ejercicios) para acceder a la especialización en todas las titulaciones sanitarias, que será efectiva a partir de la próxima convocatoria. Otra novedad es que el examen introducirá nuevos criterios de calidad y se establece la reserva de plazas para personas con discapacidad. Además, el cupo para médicos extracomunitarios se limitará al 8 por ciento en una primera vuelta, frente al 10 por ciento de la convocatoria anterior.
Por otra parte, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) lamentó que, en total, el número de plazas en las facultades de Medicina haya aumentado en la oferta para el próximo año: de 6.919 en el curso 2011-12, a 6.941 en el 2012-13, cuando "carece de sentido aumentar el número de futuros titulados", en su opinión. Los estudiantes instaban a la Administración a frenar una situación "insostenible", que puede provocar una "sobreproducción de profesionales", y muestran su "más profundo rechazo" al papel que juegan las CC.AA. en la creación de nuevas facultades.
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