El CISNS aprueba el Plan Nacional contra la hepatitis C y la prescripción enfermera, y sienta las bases de la gestión clínica

Madrid (27/03/2015) - Redacción/E.P.

•"Un buen Plan", dice el ministro Alonso, será financiado por Hacienda, que se reunirá con las CCAA en abril para definir las condiciones del préstamo a diez años; el Plan plantea 'tramos autonómicos abiertos' para reajustar la financiación y adaptarse a los nuevos casos diagnosticados

• En otoño se quiere que estén aprobados los Reales Decretos de prescripción enfermera y de Unidades de Gestión Clínica, cuya tramitación se hará de forma paralela; y el CISNS acuerda crear una bolsa de 'cascos blancos' para hacer frente a emergencias de salud pública internacional declaradas por la OMS

Las comunidades autónomas han dado el visto bueno por unanimidad al Plan Estratégico Nacional contra la Hepatitis C elaborado por el Ministerio de Sanidad para garantizar el acceso y la financiación de los nuevos tratamientos de última generación, que por el momento implicará tratar a unos 52.000 pacientes; el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha explicado que el Plan plantea tramos autonómicos abiertos para reajustar la financiación, algo que habían reclamado comunidades autónomas como Asturias y Andalucía a su entrada a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En la reunión del CISNS, Sanidad y las CCAA han aprobado también que Enfermería pueda indicar y dispensar medicamentos; el Ministerio ha presentado a las comunidades las bases de lo que debe ser el Real Decreto que regule la gestión clínica, que se confía sea una realidad a finales de año; y se ha decidido conjuntamente crear una bolsa de 'cascos blancos' para emergencias sanitarias internacionales.

"Frente a un problema estamos aportando una solución", ha defendido el ministro del ramo, Alfonso Alonso, tras la aprobación del Plan Nacional contra la hepatitis C, ya que éste permitirá tratar a todos los pacientes "según criterios clínicos" y "sin que la financiación suponga un problema". "No va a suponer un problema económico", ha insistido.

Para ello, Sanidad ha cerrado diferentes acuerdos con las compañías farmacéuticas como un techo de gasto inicial de 727 millones de euros y una rebaja progresiva de los precios establecida mediante siete tramos en función del número de medicamentos administrados, de manera que "en la medida que vamos subiendo el numero de pacientes tratados, el medicamento es más barato".

Además, ha avanzado que el próximo 20 de abril el Ministerio de Hacienda se reunirá con las comunidades para definir las condiciones del préstamo a diez años con un interés del cero por ciento durante 2015 que les ofrece para sufragar el pago de estos medicamentos.

Adelanto del Ministerio de Hacienda

En principio, será Hacienda la que se hará cargo de las facturas relativas al pago de los medicamentos que les vayan remitiendo las comunidades, que luego tendrán que devolver con "condiciones muy ventajosas", según Alonso, en función de si están adheridas al Fondo de Liquidez Autónomica (FLA) o al de Facilidad Financiera. Y Madrid y País Vasco, que no forman parte de ninguno de estos mecanismos tendrán que formalizar convenios específicos para beneficiarse de estas condiciones.

De hecho, ha avanzado que, aunque la comunidad vasca en principio se había mostrado reticente a este sistema, ya han solicitado una reunión con el departamento de Cristóbal Montoro para adherirse al tema. En todos los casos la facturación será trimestral y el primer pago se abordará en junio. "No hay excusa para no tratar a los pacientes", ha insistido.

Además, ha reconocido que las previsiones de gasto pueden variar en función de si se diagnostican nuevos pacientes tal y como prevé el Plan, ya que la prevalencia de la enfermedad es muy alta, según ha recordado Alonso. No obstante, en este caso "la garantía de Hacienda no está limitada", ha zanjado.

El ministro ha celebrado que todas las comunidades lo hayan considerado un "buen plan", ya que a su juicio representa un "avance científico muy importante" al permitir tratar con estos nuevos fármacos a todos los pacientes con una fibrosis "significativa", de F2 en adelante, lo que convierte a España en un referente a nivel internacional. "Toda Europea nos va a mirar, porque somos el primer país que ofrece un tratamiento integral al conjunto de sus afectados", ha dicho.

Tras cuantificar el número actual de pacientes diagnosticados, y en función de los criterios clínicos del Plan, Sanidad calcula que en principio deberán tratarse "no menos de 52.000" de los más de 95.000 pacientes que hay en España.

Alonso ha pedido "colaboración por parte de todos" y ha hecho una llamada de atención especial para los pacientes, a quienes ha pedido "confianza" en los especialistas, que serán los encargados de "priorizar" la administración de estos tratamientos.

No obstante, ha asegurado que las comunidades ya están eliminando los comités que habían creado para controlar el uso de estos fármacos, si bien no ha precisado si todas las autonomías están administrando por igual estos fármacos a sus pacientes.

Además, ha recordado que a partir del 1 de abril se incorporarán nuevos medicamentos que incluyen combinaciones de algunos de los principios activos que ya están en el mercado, lo que permitirá bajar el precio del tratamiento. Y se ha aprobado la creación de un sistema de información nacional dentro del que habrá un registro sobre los pacientes ya tratados.

La posición de las comunidades

La Junta de Castilla y León ha planteado en el CISNS que la aplicación del Plan sea progresiva, mientras que el Gobierno asturiano ha criticado el modelo de financiación propuesto por el Ministerio de Sanidad. Y el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, ha criticado la solución que plantea el Ministerio para financiar el Plan y ha pedido que se decida conjuntamente en el Estado el sistema de financiación de la Sanidad pública.

Al término de la reunión, el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha señalado que, en lo que se refiere al acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos de última generación, hay un problema desde el punto de vista de la organización. "Esto hay que organizarlo, y por eso hemos planteado que se vaya secuenciando", ha dicho.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco, ha reiterado que le parece "un buen documento" porque ofrece a los enfermos la posibilidad de curarse, pero también ha expresado su desacuerdo con la memoria económica del mismo y que se haya convertido en "una mera declaración de intenciones".

En cambio, el consejero de Salud de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, considera que ya se han superado las limitaciones económicas del Plan contra la hepatitis C, porque el Ministerio de Hacienda "ha dejado claro que no las va a haber", y también las técnicas, ya que serán los profesionales y expertos sanitarios quienes decidan sobre el acceso a los tratamientos.

La consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, ha subrayado que las cuestiones relativas a la financiación no van a provocar retrasos en el acceso a los nuevos medicamentos, recordando que algunos pacientes ya están siendo tratados.

Prescripción enfermera y gestión clínica

El CISNS ha dado el visto bueno al proyecto de Real Decreto que regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte del personal de Enfermería, lo que comúnmente se ha conocido como prescripción enfermera.

La norma, que desarrolla un cambio legislativo aprobado en 2009, habilita a estos profesionales para indicar medicamentos y otros productos sanitarios que no necesitan receta o bien los de prescripción bajo determinados supuestos.

No obstante, no les permitirá prescribir cualquier tipo de medicamento; como ha recordado Alonso, "la prescripción va unida al diagnóstico, y los que diagnostican son los médicos".

El texto ha finalizado el periodo de alegaciones y próximamente será llevado a Consejo de Estado antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros y comenzar su tramitación parlamentaria. El objetivo, ha precisado Alonso, es que pueda estar aprobado "para este otoño".

La tramitación de esta norma se hará en paralelo a la del Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica, y ambas forman parte de los Pactos de La Moncloa, firmados a finales de julio de 2013 por Ana Mato con los representantes de las profesiones médica y enfermera.

En este caso, la regulación parte de mantener al paciente como eje fundamental del sistema sanitario. Sobre esta base, pretende implicar al profesional que voluntariamente se adhiera a estas unidades, que suponen una nueva herramienta de gestión con autonomía y funcionamiento por procesos, de forma multidisciplinar y no por especialidad o patología. Lo que supone una mayor implicación del profesional en la gestión, lo cual redundará en la mejora de los resultados.

El Consejo también ha acordado los principios generales de los Registros Públicos de Profesionales de los Colegios y Consejos, que complementarán el Registro Estatal, y la tramitación de una iniciativa legislativa que suponga el reconocimiento de la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones del personal de los servicios de salud.

Esta última condición, según ha precisado Alonso, supone un "avance" en la lucha contra las agresiones a profesionales sanitarios, que "tendrán la consideración de atentado".

Asimismo, se ha presentado el proyecto de Orden del Ministerio de Empleo por la que se regulan procedimientos especiales para el desarrollo del Real Decreto que regula la condición de Asegurado y Beneficiario, con la que se definirán con mayor claridad los derechos de los españoles de origen que han estado en el extranjero en relación a la asistencia sanitaria.

'Cascos blancos' para emergencias internacionales

El CISNS ha acordado crear una bolsa de 'cascos blancos' para hacer frente a emergencias de salud pública internacional declaradas por la OMS. Y se ha pactado una hoja de ruta para facilitar la movilidad del personal del SNS interesado en participar en tareas de control de este tipo de emergencias.

Esta medida va a ir incluida en una enmienda de la Ley del Voluntariado y, tal y como ha insistido el ministro, permitirá que profesionales de distintas especialidades de todas las comunidades autónomas se incorporen a esta bolsa para que el Estado pueda disponer de ellos y movilizarlos en un periodo de tiempo "inmediato".

Asimismo, el Ministerio y las CCAA han acordado una serie de garantías para estos profesionales como, por ejemplo, la regulación y unificación de concesión de permisos o excedencias para la incorporación a las tareas de control, y el establecimiento del tipo de profesional que puede solicitar la participación de actividades.

Además, se va regular la baremación de las actividades en el extranjero para que sean valoradas en los concursos del sector público, se va a garantizar la formación adecuada, la cobertura sanitaria asistencial necesaria y las condiciones para una repatriación segura. "Tendrán garantizados sus derechos laborales, estatutarios y sus retribuciones después del tiempo trabajado y de formación, y las CCAA tendrán asegurada la sustitución con el personal que durante ese tiempo va a prestar sus servicios", ha asegurado Alonso.