El PSOE exige al Gobierno que cese su “hostigamiento y acoso” a la Junta de Andalucía por la subasta de medicamentos

Madrid (06/03/2015) - Redacción

El Grupo Socialista, a través de la senadora andaluza Fuensanta Coves, reclamará en el Senado al Gobierno que derogue el Real Decreto Ley 16/2012, retire los recursos ante el Tribunal Constitucional y deje de poner obstáculos jurídicos al sistema de selección de medicamentos, permitiendo que las CCAA desarrollen las medidas que consideren adecuadas

El Grupo Socialista, a través de la senadora andaluzaFuensanta Coves, reclamará al Gobierno que derogue el Real Decreto Ley 16/2012 de recortes y copagos sanitarios, retire los recursos ante el Tribunal Constitucional y deje de poner obstáculos jurídicos al sistema de selección de medicamentos que realiza la Junta de Andalucía, permitiendo que las comunidades autónomas desarrollen las medidas que consideren adecuadas para conseguir el mayor ahorro farmacéutico, de acuerdo a su capacidad competencial.

Coves defenderá una moción consecuencia de interpelación en el Pleno de la próxima semana y explicará que "con la subasta de medicamentos en Andalucía, se demuestra que es posible una sanidad universal, pública y gratuita, vista como un derecho y no como un negocio, como pretende el Partido Popular".

La senadora andaluza fue muy crítica, la pasada sesión plenaria, con el boicot del Gobierno a la subasta y las amenazas y extorsión a las empresas y laboratorios que participaron en ellas. En este sentido, lamentó que el Ministerio de Sanidad "siempre cumple sus amenazas, con un comportamiento que recuerda más a la Cosa Nostra que a un gobierno democrático".

También exigió al ministro Alfonso Alonso que ordene el cese del hostigamiento a Andalucía por la cuestión de la selección de medicamentos y que desautorice al candidato del PP a la Junta, Juan Manuel Moreno, por las irresponsables declaraciones en las que cuestionaba la calidad de los fármacos.

Fuensanta Coves destacó que las razones del acoso del Ejecutivo del PP a la Junta son "únicamente políticas" y afirmó que Andalucía se ha convertido en "un testigo incómodo para sus intereses privatizadores".

Con respecto a la moción, la parlamentaria del PSOE ha subrayado que la crisis económica ha provocado la búsqueda de un uso más eficiente en el consumo de medicamentos y ha llevado a las Administraciones Públicas a adoptar medidas de ahorro.

En este sentido, Fuensanta Coves ha puntualizado que el Gobierno del PP aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 y provocó la expulsión de más de 800.000 personas del sistema sanitario y de 30.000 profesionales sanitarios de sus puestos de trabajo, la exclusión de más de 400 medicamentos de la cobertura sanitaria, la implantación del copago o repago a los pensionistas y enfermos crónicos.

Persecución política

Mientras tanto, la Junta de Andalucía, con el mismo objetivo de ahorro y eficiencia, puso en marcha el primer concurso para la selección de laboratorios que suministrarán los principios activos más recetados en la sanidad pública andaluza.

Coves ha recalcado que fue en ese momento cuando el Gobierno central del PP comenzó a presentar recursos ante los tribunales y a boicotear la medida implantada por la Junta de Andalucía: "Tanto el PP como el Gobierno han atacado la decisión de Andalucía utilizando engaños y amenazas, lo que demuestra, sin duda, una gran deslealtad institucional. Han amenazado a las empresas que acudían a las subastas e incluso, en algunos casos, han actuado obligándolas a bajar los precios en toda España".

"Además, los dirigentes del PP han trasladado mensajes a los ciudadanos dirigidos a generar alarmas infundadas sobre la supuesta baja calidad y el desabastecimiento de los medicamentos que se consumen en Andalucía", ha añadido.

Fuensanta Coves ha aclarado que la Sanidad andaluza ha incorporado sistemas de control del gasto, como la subasta de medicamentos, manteniendo la calidad de las prestaciones, la cartera de servicios y la accesibilidad de los ciudadanos, mientras que el PP ha aplicado una política de austeridad consistente en la eliminación de derechos a los ciudadanos y el deterioro de la cartera de servicios.